A casi dos semanas de que se celebren las elecciones intermedias del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, catalogadas como “las más grandes en la historia” del país, se han contabilizado 13 asesinatos de aspirantes a un cargo público.

Así lo dio a conocer este viernes Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPyPC), en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Además, expuso que la SSPyPC le da seguimiento a 398 casos de candidatos y candidatas que participan en el presente proceso electoral, de los cuales 187 recibieron amenazas, 101 reportaron algún tipo de agresión y 11 fueron secuestros.

Dijo que se han atendido 250 denuncias, de las que el 53.7% se concentran en siete estados: Oaxaca, San Luis Potosí, Jalisco, Estado de México, Veracruz, Tamaulipas y Guerrero.

Para evitar tragedias, Rodríguez aseguró que se han brindado atención a 148 aspirantes, de los cuales 80 son por parte del gobierno del estado, 48 de Guardia Nacional, cuatro de Guardia Nacional y del Estado y 16 de otras autoridades, esto puede incluir autoridades municipales.

Asimismo, se implementaron mesas de paz en las 32 entidades y 200 regionales en todo el país.

Ante este oscuro panorama, la secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, expresó horas más tarde que algunas de las candidatas y los candidatos asesinados durante el proceso electoral 2021 no solicitaron medidas de protección al gobierno federal.

En entrevista al término de la XXII Jornada Nacional -Primera con Perspectiva de Género-, Sánchez Cordero mencionó que las y los aspirantes que se sientan amenazados o en peligro deben informar a la SSPyPC para que se les realice una evaluación de riesgo y se les asignen medidas de protección.

El caso más reciente ocurrió el pasado 13 de mayo en Cajeme, Sonora, donde el candidato a la presidencia municipal de Movimiento Ciudadano (MC), Abel Murrieta, fue asesinado mientras repartía propaganda electoral.

Murrieta no utilizaba escolta o guardaespaldas porque siempre dijo que él no tenía nada que temer y no debía nada, aunque había enfrentado a grupos delictivos y de narcotráfico durante su paso como Procurador General del Estado de Sonora.

Información que confirmó MC: “Fue procurador de Sonora 9 años y salió con la frente en alto, con su reputación intacta y la tranquilidad que solo puede tener quien siempre actuó de manera correcta y cumplió con su deber. Abel tenía la conciencia tranquila, tanto que nunca tuvo escoltas ni chofer”.

En una entrevista que concedió a un medio local, a inicios del mes de mayo, el candidato expresó su sentir sobre el estatus de la delincuencia en su estado y afirmó: “Yo voy en serio porque esto parece no solamente broma, hay veces que no sabes si es indolencia o si es falta de ganas (el actuar del gobierno contra el crimen organizado). Yo voy en serio y también voy sin miedo. Para poder hacer esto tienes que estar muy consciente a lo que vas”.

El tema de seguridad era uno de los ejes centrales dentro de la campaña, debido a que fue el área donde desarrolló su carrera. Fue procurador de justicia durante el gobierno de Eduardo Bours durante cinco años. Previo a ser titular, se desempeñó como subprocurador en el sexenio de Guillermo Padrés, momento en el que fue cuestionado por el manejo que se le dio a la tragedia de la Guardería ABC. También se desempeñó como diputado local y federal.

No obstante, luego de alejarse del trabajo de Padrés, se volvió crítico de los siguientes gobiernos, por ejemplo, se opuso al trasvase de agua de Cajeme a Hermosillo y se integró al movimiento “NoAlNovillo en Ciudad Obregón”.

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