Luego de la polémica acusación del secretario de la Marina, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, respondió que es indispensable la autonomía del Poder Judicial en una democracia.
Y es que durante la conferencia matutina de este 21 de mayo desde Palacio Nacional, el almirante José Rafael Ojeda Durán se quejó por decisiones de los jueces, a quienes señaló como el enemigo aparente en la lucha contra el crimen organizado.
Luego de ello, el ministro Zaldívar reviró que la función de los juzgadores es garantizar y defender la Constitución mexicana y su autonomía era pilar fundamental de una nación democrática.
El titular de la Armada de México (Semar) daba cuenta de una próxima reforma para poder incautar precursores químicos que son utilizados para la fabricación de metanfetaminas y fentanilo.
Ojeda Durán explicó que en los decomisos y la nueva disposición, que estaría lista en dos meses, habrían de trabajar con precauciones para evitar su improcedencia constitucional.
Las críticas en redes sociales no se hicieron esperar, pues el señalamiento directo contra el Poder Judicial fue calificada con vicios de autoritarismo, enmarcado en un gobierno donde los militares han ganado una preponderancia que no se había visto en administraciones anteriores.
“Todo un símbolo de la militarización de México y la degradación del Estado de derecho en la presidencia de AMLO. Muy peligroso”, alertó José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de la organización Human Rights Watch.
Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación se pronunció por las serias implicaciones de aquello que acusó el secretario de Marina.
“Las y los juzgadores federales no son ni enemigos ni amigos de nadie, sino que obedecen únicamente a la Constitución y actúan en defensa de los Derechos Humanos de las personas”, indicó la organización.
Analistas y políticos de oposición se sumaron a la condena de las declaraciones del almirante Ojeda Durán. Algunos criticaron que el jefe del Ejecutivo al lado no corrigiera o evitara malinterpretaciones.
Previamente, en la misma conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se había reunido este 20 de mayo con dos de los tres ministros de la Corte que él propuso (el máximo órgano judicial se compone de 11 ministros, actualmente ocho son hombres y tres mujeres).
Se trata de Yasmín Esquivel Mossa, quien está casada con José María Rioboó, uno de los principales asesores de López Obrador en temas de infraestructura.
Al encuentro también acudió Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien el pasado 14 de mayo desechó atraer la controversia constitucional sobre el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, e indicó que podrían investigarlo cuando concluya su mandato, en 2022.
De acuerdo con AMLO, la reunión fue porque llevaba dos años sin platicar con Alcántara Carrancá ni con Esquivel Mossa. Justificó que el diálogo era importante porque si bien, están dos poderes independientes, conforman el mismo Estado y debían trabajar en colaboración.
Pero en particular, según el presidente, el Ejecutivo cabildeó para que se declaren constitucionales la Ley de la Industria Eléctrica y la de Hidrocarburos, las cuales están suspendidas de forma indefinida por amparos presentados, en tanto se evalúa su procedencia por la SCJN.
A decir de López Obrador, en el análisis de suspensiones se ha privilegiado el interés privado sobre el bien público.
El presidente ha mantenido una relación tensa con decisiones de algunos jueces que favorecen intereses contrarios a sus proyectos. Les ha acusado de no ser austeros o señalado por lo sospechoso de sus fallos, incluso, con anuncios de investigaciones.
Pero la relación con Arturo Zaldívar parece muy cercana, al punto de que sus operadores en el Congreso hayan aprobado un transitorio para ampliar el periodo del presidente de la SCJN hasta 2024 y no termine en 2022, tal como fue electo por sus pares. Esto último aún queda que sea evaluado por el máximo Tribunal del país.
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