Ante las amenazas de grupos criminales a las fuerzas del orden y al ver rebasados sus mecanismos de salvaguarda, el gobierno de Guanajuato emitió un decreto para proteger a los policías en el estado más letal para agentes de Seguridad en los últimos tres años a nivel nacional.
Fue el pasado 17 de mayo cuando Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de la entidad, decretó las bases para otorgar medidas de seguridad a los efectivos de la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad y aquellos de la Dirección General del Sistema Penitenciario ante las advertencias y ataques directos por parte de facciones del crimen organizado.
Y es que durante este 2021, ya van cuando menos cuatro policías estatales asesinados en Guanajuato. Cabe destacar que tres de ellos fueron sustraídos de sus casas en días de descanso. Sin embargo, hasta el 20 de marzo sumaban 11 agentes de diversas corporaciones que fueron ultimados en la entidad.
La disposición reciente no solo muestra que se ha llegado a un punto crítico en la escalada de violencia, sino que ya no hay garantías para las fuerzas del orden ni sus familias.
De acuerdo con la justificación del gobernador, hay casos de desplazamiento forzado de oficiales, quienes han huido ante las amenazas del narco para salvaguardar su integridad.
“Ante la alta probabilidad de que dichas amenazas se actualicen en agresiones que pongan en riesgo la vida, la libertad, la integridad física o el patrimonio de las o los elementos de los cuerpos policiacos, o de cualquier persona de su núcleo familiar, aquellos se han visto en la necesidad de cambiar su domicilio de manera inmediata, a fin de no ser localizables por los grupos de crimen organizado”.
Además, el Ejecutivo panista refiere que el hecho de acudir a las direcciones de los policías aumenta el riesgo para quienes viven con ellos.
“Ha ocurrido que integrantes de los grupos del crimen organizado se han presentado en los domicilios de las y los elementos policiales, lo que constituye una amenaza y un riesgo mayor de pérdida de vida, no sólo para éstos, sino también para las personas que conforman su núcleo familiar y con quienes cohabitan”, señala.
De ahí que se autoriza a la Secretaría de Finanzas para que disponga de recursos suficientes y pagar gastos de policías que hayan sido objetos de las amenazas.
En consecuencia se establecerá una Comisión Dictaminadora encargada de analizar el nivel de peligrosidad de cada advertencia para determinar si procede otorgar el apoyo, por cuánto tiempo y bajo qué modalidad.
Se entiende por amenazas constatables aquellas que realicen los grupos criminales con el propósito de intimidar a los policías en su persona o bienes jurídicos. Un ataque directo es la conducta para causar lesiones, privar de la vida o la libertad, así como afectar el patrimonio.
El organismo estará conformado por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, los integrantes del Consejo de Honor y Justicia de las Fuerzas de Seguridad y de la Dirección de Sistema Penitenciario, así como un representante de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.
A decir de Rodríguez Vallejo, los grupos de crimen organizado que han visto mermada su actividad delictiva por los operativos policiales han lanzado una serie de represalias. El objetivo de esas agresiones es intimidar a la autoridad para que no combatan las acciones criminales.
Según la organización Causa Común, en 2020 se registraron 84 crímenes contra policías en Guanajuato. Con esa cifra es el tercer año consecutivo que el estado ocupa la primera posición a nivel nacional de agentes asesinados en México. Es decir, al mes se reportaron 7 casos en promedio.
En el 2018 fueron 66 policías los que murieron asesinados y en el 2019 se reportaron 73 casos. En 35 meses han perdido la vida 220 uniformados. El dominio de dicha región se la disputan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel Santa Rosa de Lima.
El documento fue firmado desde el 27 de abril, pero recientemente se publicó en Periódico Oficial del Estado de Guanajuato bajo la estipulación Ejecutiva 89.
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