Comuneros de Oaxaca enfrentan una batalla judicial contra el parque eólico más grande de Latinoamérica

Eólica del Sur, de capital japonés, firmó los contratos con los habitantes por el arrendamiento de sus tierras. La empresa no ha pagado y ahora los acusa de extorsión y secuestro por protestar

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Fotografía de archivo fechada el 5 de marzo de 2017, donde se observa un parque de energía eólica, en el estado de Oaxaca (México). EFE/ Mario Arturo Martínez

De acuerdo con una investigación realizada por la revista Proceso, cientos de comuneros del Istmo de Tehuantepec libran una batalla judicial con la empresa Eólica del Sur, de capital japonés, esto por haber instalado en sus tierras el parque eólico más grande de Latinoamérica.

La empresa asegura que se realizó una consulta entre la población de la región, posteriormente, se firmaron los contratos de arrendamiento de tierras, al tiempo que se obtenían los permisos del gobierno y los campesinos buscaban ampararse en un tribunal federal.

El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y consideró que la consulta fue “previa” y “de buena fe”, sin embargo, según Global Rights Advocacy, no fue así, pues la empresa ya había obtenido los permisos y firmado los contratos con cientos de personas en tierras comunales. La fase de construcción del parque eólico inició cuando la SCJN aún no emitía su decisión.

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Fotografía de archivo fechada el 8 de noviembre de 2018 que muestra varias torres de energía eólica, en el estado de Oaxaca (México). EFE/ Mario Arturo Martínez/Archivo

“Esta Primera Sala advierte que el proceso de consulta se realizó de buena fe y, además, se obtuvo el consentimiento de la comunidad indígena, atendiendo a que el proyecto eólico es a gran escala tal y como se determinó al resolver la cuarta cuestión”, se asienta en la sentencia del Amparo Directo en Revisión 1060/2018, promovido por pobladores inconformes.

En la investigación de Proceso también se menciona que la organización defensora de los derechos humanos Global Rights Advocacy, señaló que la consulta realizada fue un mero trámite y estuvo “amañada”, puesto que los contratos se firmaron entre 2012 y 2013 mientras que la consulta se realizó en 2015 y 2016 el falló lo dio la SCJN a favor de Eólica del Sur en noviembre de 2018.

Los inconformes llevaron la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero ahora denuncian que la empresa les niega los pagos de los contratos, los acusa de extorsión y secuestro por protestar, además, el pago de la renta de los terrenos no ha sido cubierto.

“¡Vinieron a arrasar con nosotros, con la complacencia de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto! Estoy arrepentido de haber firmado con Eólica del Sur. Es inexplicable que, siendo los dueños de la tierra, ahora seamos tratados como delincuentes”, dijo el campesino zapoteco Arturo Martínez Ruiz, quien firmó un contrato con la empresa japonesa.

“La SCJN perdió una oportunidad histórica de protección a los derechos de los pueblos indígenas en una sentencia deficientemente concebida y redactada”, dijo Global Rights Advocacy.

El parque Energía Eólica del Sur se ubica en los municipios de Juchitán y El Espinal, en el Istmo de Tehuantepec. Abarca un área aproximada de 4 mil 500 hectáreas que se distribuyen en dos polígonos: Bii Nissa (en Juchitán), con 60 aerogeneradores para 180 MW, y Xtipa Bii (El Espinal), con 72 aerogeneradores para 216 MW.

Cuenta con una inversión de mil 200 millones de dólares de la trasnacional japonesa Mitsubishi, se inauguró el 28 de mayo de 2019 y es considerado el más grande de Latinoamérica, pues sus 132 aerogeneradores tienen capacidad para producir 396 megawatts (MW) y cuenta con dos subestaciones y 77 torres.

En la página de internet de la firma no se menciona a qué empresas vende la energía; sólo refiere que la subestación correspondiente a cada polígono se interconectaría, mediante líneas de transmisión, a la subestación de la Comisión Federal de Electricidad llamada Ixtepec Potencia.

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