Jorge Luis Lavalle, el único político preso por el caso Lozoya, tiene un abogado ligado a Odebrecht

El encarcelamiento del exsenador panista Jorge Luis Lavalle, hasta ahora el único político preso por el caso de haber recibido dinero para aprobar las reformas estructurales del gobierno de Enrique Peña Nieto, es una bomba de tiempo que muy pronto va a explotar.

De acuerdo con la columna del periodista Mario Maldonado en El Universal, la victoria legal de la Fiscalía General de la República estaba más que asegurada, pues la defensa legal de Lavalle Maury cometió diversas pifias que llevaron al exlegislador a estar preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, vinculado a proceso por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa

“De entrada, al campechano le asignaron un abogado defensor que tiene relación directa con el caso Odebrecht, en específico con la parte que habría entregado el dinero de los sobornos para la aprobación de la Reforma Energética. Se trata de José Joaquín Zapata Altamirano, quien ha sido o es “asesor jurídico” de Willi Arthur Gerhard Henze, propietario de la empresa Zecapan S.A”, destacó el periodista.

Mario Maldonado detalló que Zecapan es una de las dos compañías que fueron señaladas por Luis Alberto Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México, de haber recibido los seis millones de dólares que habría pedido el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para la campaña del PRI. La otra fue Latin América Asia Capital Holding LTD, vinculada con Lozoya y sus familiares.

“Quienes presenciaron la última audiencia de Lavalle en el Reclusorio Norte todavía recuerdan la sorpresa que se llevó el Juez de Control, Marco Antonio Tapia Fuerte, cuando el MP le hizo saber de las relaciones del abogado Zapata con el propietario de Zecapan. El litigante sólo alcanzó a mencionar que podía reservarse el derecho para guardar la privacidad de sus otros clientes y casos profesionales”, destacó el columnista.

Mario Maldonado señaló que este suceso fue determinante para la vinculación a proceso. “Además de que coronó una desastrosa defensa que, si bien fue ejecutada por un equipo de abogados en los juzgados del reclusorio, se planeó en consenso con algunos otros de los 70 personajes mencionados en la denuncia del exdirector de Pemex, principalmente con los alguna vez vinculados al Partido Acción Nacional”, aseguró.

El periodista destacó que otro de los errores inconcebibles de la defensa fue argumentar que el video en el que se observa a colaboradores de Jorge Luis Lavalle y Francisco Domínguez —actual gobernador de Querétaro— fue una prueba obtenida mediante la la intervención de comunicaciones privadas o espionaje. Pero el argumento es inválido toda vez que la grabación fue ofrecida por el propio Lozoya, y realizada directamente por sus colaboradores de Pemex.

“Se suma a esos débiles argumentos de defensa al juez la postura del abogado José Joaquín Zapata respecto a que las firmas del confeso Rafael Caraveo son falsas; esto a pesar de que el propio excolaborador de Lavalle no sólo ha reiterado en diversas ocasiones que sí tomó parte de un esquema de sobornos, sino que ha ratificado que las firmas de los documentos que son parte del juicio efectivamente son de su puño y letra”.

Mario Maldonado concluyó su columna señalando que aún no queda claro si las fallas cometidas por la defensa de Lavalle Maury “fueron resultado de un exceso de confianza, o bien de la idea oculta de entregar una cabeza a la 4T y a su lucha anticorrupción”. Pero, resaltó el periodista, todo puede cambiar si Lavalle Maury se acoge al criterio de oportunidad.

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