Avanza regulación del outsourcing en el Senado: la aprobaron en comisiones y pasó al Pleno

La reforma para la regulación de la subcontratación laboral en México, conocida como outsourcing, fue aprobada este lunes en comisiones del Senado y enviada al Pleno para su discusión, en un intento por completar el proceso legislativo antes del final del periodo de sesiones ordinarias en el Congreso.

Las comisiones unidas del Trabajo y Previsión Social y la de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron la minuta que envió la Cámara de Diputados para regular la subcontratación laboral en el país con 25 votos a favor y dos abstenciones de la oposición.

Con esta reforma, se explica en el dictamen, las empresas no podrán contratar trabajadores a través de la figura del outsourcing para realizar tareas permanentes o esenciales. Únicamente se establecen reglas precisas para que la subcontratación pueda realizarse en casos de trabajos especializados y efímeros, que no formen parte de las labores esenciales y permanentes de la empresa.

Las adecuaciones al marco jurídico también buscan el respeto de los derechos laborales y de seguridad social de las personas trabajadoras, así como la solvencia de las finanzas públicas. “Es un dictamen histórico, es algo que va a cambiar la vida laboral y económica de los trabajadores”, indicó el senador Napoleón Gómez Urrutia, de Morena, el partido de la mayoría.

En el documento se precisa que, para la implementación de esta reforma, habrá un periodo de tres meses a efecto de que las empresas incorporen a los trabajadores que están subcontratados, como empleados permanentes. La oposición liderada por el PAN (Partido Acción Nacional) había pedido que el plazo se extendiera hasta enero de 2022 y por lo tanto se abstuvo en la votación.

El dictamen señala que el outsourcing menoscaba al fisco federal con la expedición de facturas que surgen de la simulación, además elude el cumplimiento de las responsabilidades y cargas de seguridad social, “connaturales a toda relación de trabajo”.

Asimismo, el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador, o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años, y que se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador.

En este sentido, la reforma establece que el patrón que no permita la inspección y vigilancia, que las autoridades del trabajo ordenen en su establecimiento, será acreedor de una multa de 250 a 5,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 22,400 y los 4480,000 pesos.

Además, a quien realice subcontratación, así como a las personas físicas o morales que presten servicios de subcontratación, sin contar con el registro correspondiente, conforme a lo establecido en la ley, se le impondrá multa de 2,000 a 50,000 veces la UMA, es decir, desde los 44,800 hasta los 179,240 pesos.

Gómez Urrutia, presidente de la comisión de Trabajo en el Senado, dijo que con la reforma se dará un paso muy importante en la reducción de la desigualdad, la corrupción, la pobreza y la explotación laboral. “Pasaremos a crear una nueva mentalidad de responsabilidad social, fiscal y laboral”, completó.

La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, la morenista Ana Lilia Rivera, destacó que la propuesta es el resultado de la búsqueda de acuerdos entre todos los sectores implicados. Además, resaltó la labor del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien tuvo la capacidad política de dialogar con el sector empresarial.

El senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del opositor PRD (Partido de la Revolución Democrática), reconoció el trabajo del Ejecutivo, del sector empresarial y de las fuerzas sindicales para erradicar la subcontratación fraudulenta. Indicó que su bancada tiene observaciones sobre la propuesta. Sin embargo, acompañan el espíritu del proyecto, por lo que lo avalarán en sus términos.

La senadora del también opositor PRI (Partido Revolucionario Institucional), Claudia Ruiz Massieu, indicó que la mayor valía de la propuesta es que se originó a través de un acuerdo entre la representación tripartita del gobierno, la representación empresarial y la sindical. “En ese sentido, la reforma ya está legitimada entre las partes involucradas”, destacó.

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