Avanzó en comisiones de la Cámara de Diputados la reforma petrolera de AMLO: ya se discute en el Pleno

La reforma petrolera propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, avanzó este miércoles en comisiones de la Cámara de Diputados, con una breve modificación en el documento, y será discutido esta misma tarde en el Pleno de San Lázaro.

La comisión de Energía aprobó con modificaciones, en lo general y en lo particular, por 22 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones, el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, con la que el gobierno busca fortalecer a la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

Los legisladores que integran la comisión aceptaron cambiar el dictamen para que, cuando se emitan suspensiones de permisos concedidos en el sector, antes deberá haber una notificación a la compañía con una explicación con las razones detrás de dicha decisión. El resto de reservas se discutirán directamente en el Pleno.

Manuel Rodríguez González, diputado presidente de la comisión de Energía, presentó la adenda al dictamen en torno al artículo 59 Bis, la cual se aprobó en votación económica. Propuso eliminar los permisos temporales o definitivos en la figura de la suspensión, para dar certeza jurídica y salvaguardar el debido proceso.

“Con ello, se dará certidumbre con respecto a las inversiones relacionadas a permisos, lo que coincide con varias peticiones que hicieron los involucrados durante el proceso de análisis de la iniciativa”, explicó el diputado de Morena, partido que controla la Cámara de Diputados.

Derivado de lo anterior, señaló que la junta directiva de la Comisión aprobó la siguiente redacción en el artículo 59 Bis: “La Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía podrán, en el ámbito de sus respectivas competencias, suspender los permisos expedidos en los términos establecidos en esta ley, cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”.

La autoridad que lo haya expedido integrará y tramitará el expediente de suspensión del permiso, a fin de garantizar los intereses de los usuarios finales y consumidores quedando a salvo los derechos de terceros y el interés del Estado, refirió.

La suspensión requerirá la notificación previa al permisionario indicando las causas que motivan la suspensión, las razones por las cuales se estima procedente y la afectación que pudiera darse, en caso de que continúen los actos que ampare el permiso. Una vez realizada la notificación, el permisionario contará con un plazo de quince días naturales, a partir de la fecha de la notificación, para exponer lo que a su derecho convenga y aportar, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el plazo de quince días naturales, la autoridad que haya otorgado el permiso contará con quince días naturales para resolver, considerando los argumentos y pruebas que, en su caso, hubiere hecho valer el permisionario. La determinación de suspender o no el permiso deberá ser debidamente fundada, motivada y notificada al permisionario sin perjuicio de las infracciones y responsabilidades en las que, en su caso, éste último incurra.

La autoridad que haya emitido el permiso se hará cargo de la administración y operación del permisionario, para la continuidad en la operación de las actividades que ampare el permiso, a fin de garantizar los intereses de los usuarios finales y consumidores, quedando a salvo los derechos de terceros. Al efecto, podrá utilizar al personal que el permisionario venía utilizando, contratar a un nuevo operador o una combinación de las anteriores.

Esta parte de la reforma petrolera de López Obrador es la que ha causado mayor polémica en las últimas semanas. De acuerdo con los expertos, la oposición y las compañías del sector, se trata de una forma de “expropiación” del gobierno mexicano, ya que le permitiría a las autoridades asumir el control de sus inmuebles.

Justino Arriaga, del opositor PAN (Partido Acción Nacional), argumentó contra el dictamen, que consideró un intento de López Obrador de “regresar a un monopolio de Estado en la electricidad y el petróleo”. “La política energética del Ejecutivo atenta contra los derechos de propiedad, no cuida al medio ambiente ni la salud de los ciudadanos”, advirtió.

La morenista Beatriz Robles, por su parte, señaló que México necesita fortalecer el sector energético desde una perspectiva de seguridad nacional, la inversión extranjera y el combate a la corrupción. “El dictamen asegurará que cada uno de los consumidores finales paguen tarifas justas en mercados competitivos”, sostuvo.

Sin embargo, se espera que, luego de una larga discusión, el dictamen sea aprobado en la Cámara de Diputados y pueda ser enviado al Senado para continuar con el proceso legislativo, como ocurrió este martes con la reforma para la regulación de la subcontratación laboral en México, conocida como outsourcing.

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