Durante la audiencia de imputación y vinculación a proceso de la candidata a la gubernatura de Chihuahua por el Partido Acción Nacional (PAN), María Eugenia Campos Galván, un juez le retiró su pasaporte, le prohibió salir del país y le solicitó dejar una garantía de 500,000 pesos.
Samuel Uriel Mendoza Galván fue quien dictó estas medidas cautelares para evitar un posible escape por parte de la panista, pues aún seguirá en pie el proceso legal en su contra el próximo martes 30 de marzo a las 9:00 horas, cuando se decidirá si se vincula o no a proceso por participar en la llamada “Nómina Secreta” del ex gobernador César Duarte, quien se encuentra preso en Miami, Florida.
De acuerdo con el semanario Proceso, además de Maru Campos, se conoció que los obispos, arzobispos y legisladores de Chihuahua, así como la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Paredes, también fueron parte de este desvío de recursos.
El excoordinador de la bancada priísta en el Congreso local, Rodrigo de la Rosa Ramírez y María Ávila Serna, exdiputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y dirigente de ese partido en la entidad también tendrán que dejar una garantía de 500,000 pesos, según dictó el juez.
Cabe recordar que esta discusión se dio luego de que se pospusiera la audiencia por ocho amparos.
Maru Campos está acusada de recibir 9 millones de pesos, junto con el excoordinador de la bancada panista y secretario del ayuntamiento de Chihuahua, César Jáuregui Moreno. Además, De la Rosa Ramírez es señalada por haber recibido 2.5 millones de pesos, mientras que Ávila Serna, 3 millones 800,000 pesos.
Desde su cuenta de Twitter, la candidata panista compartió un audio donde expresó lo acontecido durante la audiencia del pasado 25 de marzo, y agradeció a las personas que la acompañaron durante las más de 35 horas que duró.
“(Fue) una audiencia muy intensa, muy dura, pero creo que nos deja un gran mensaje a todos los chihuahuenses que es el que podemos caminar con esperanza, el que podemos caminar con paso firme porque sabemos que podemos tener instituciones fuertes, instituciones justas que nos brinden certeza jurídica y que sobre todo respeten los derechos humanos”, indicó Campos.
Desde que Javier Corral, actual ejecutivo estatal de Chihuahua, asumió su cargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la administración emprendieron el operativo “Justicia para Chihuahua”, en el cual se investigan todos los presuntos delitos cometidos por César Duarte Jáquez, quien gobernó el estado del 2010 al 2016 abanderado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En la carpeta de investigación se consiguieron 21 acusaciones formales contra Duarte Jáquez por los delitos de corrupción, desvío de recursos, corrupción y cohecho. A la red de sobornos establecida por el ex militante del PRI, se le conoce como la “Nómina Secreta”, la cual consistió en establecer una red para comprar voluntades y poder continuar realizando los presuntos actos de desfalco al erario del estado en un amplio campo de impunidad durante su gobierno.
A pesar de estos señalamientos en su contra, varios políticos y ex integrantes del PAN comenzaron a impulsar a Campos para obtener la silla en Chihuahua. Felipe Calderón, ex presidente de México; Marko Cortés, presidente nacional del PAN; Jesús Zambrano, líder nacional del PRD; Laura Rojas, diputada federal; y Kenia López Rabadán, senadora de la República, le mostraron su afecto en redes sociales y compartieron palabras de aliento.
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