Rodrigo de la Peza, juez titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, concedió este miércoles 24 de marzo cinco suspensiones definitivas contra las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica que fueron aprobadas en el Congreso por iniciativa presidencial.
Con estas ya suman 73 suspensiones definitivas que buscan frenar por tiempo indefinido la entrada en vigor de las reformas promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por su parte, el juez especializado en materia económica, Juan Pablo Gómez Fierro, concedió 19 suspensiones definitivas. También aceptó a trámite al menos tres nuevos juicios de amparo contra dicha reforma, en uno de los cuales concedió también la suspensión provisional.
Ambos juzgadores federales han otorgado las suspensiones definitivas a las empresas que impusieron una demanda de amparo para evitar la entrada en vigor de la reforma a la industria eléctrica, la cual explícitamente beneficia a la paraestatal CFE (Comisión Federal de Electricidad) en perjuicio de privados y compañías de energías limpias.
Los alcances de las suspensiones tienen carácter general, es decir, aplicarán para todas las compañías, incluidas las que buscan ampararse, ya que de otra manera se estaría contraviniendo el principio que se busca proteger, que es el de igualdad de condiciones en el mercado.
Las suspensiones contra las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica han abierto un frente entre López Obrador y el Poder Judicial. El presidente ha denunciado al juez Gómez Fierro por sus decisiones con respecto a la reforma y ha pedido a Arturo Zaldívar, titular de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que investigue al juzgador.
El mandatario, por su parte, ha prometido dar la batalla judicial hasta el final e incluso reformar la Constitución si es necesario.
La polémica reforma de AMLO
La polémica reforma eléctrica del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha causado malestar en Estados Unidos y Canadá, países con los que México inauguró el año pasado una nueva etapa de cooperación mediante el acuerdo comercial T-MEC.
A propuesta del presidente, el Congreso mexicano aprobó una reforma que prioriza la generadora pública Comisión Federal de Electricidad (CFE) en detrimento de las empresas privadas nacionales y extranjeras de energías limpias.
Ello ha provocado inquietud en los Gobiernos y empresas energéticas de Estados Unidos y Canadá, pues, a su parecer, México se encamina hacia un monopolio eléctrico que vulneraría el acuerdo de libre comercio.
López Obrador en varias ocasiones ha recordado que como presidente electo bloqueó en 2018 la negociación del T-MEC, entonces liderada por su antecesor Enrique Peña Nieto, hasta que se retiró del acuerdo todo un capítulo sobre energía.
Por ello defiende la legitimidad de la reforma, que impone suministrar primero la energía de las plantas viejas y de combustibles fósiles de la CFE sobre las centrales privadas de renovables y de ciclo combinado.
También ordena revisar de forma retroactiva los contratos previos del Gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.
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