Greenpeace presumió que también obtuvo una suspensión contra reforma a industria eléctrica de AMLO

Greenpeace, la organización sin fines de lucro que defiende los derechos medioambientales, presumió este martes que fue una de las entidades que se amparó y obtuvo una suspensión provisional en contra de la reforma a la industria eléctrica del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que se encuentra frenada de forma indefinida por los mismos juzgados.

El juez Rodrigo de la Peza, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, otorgó la suspensión, junto otras más que fueron definitivas este mismo martes.

“El juzgador otorgó la suspensión provisional, al considerar válidos los argumentos de la demanda presentada por Greenpeace México A.C., en donde se solicita considerar inconstitucionales las reformas a la LIE porque podrían vulnerar los derechos humanos colectivos cuya protección es de interés público, específicamente en cuanto a los derechos a la protección a la salud y al medio ambiente sano”, señalaron en un comunicado.

El juez, de acuerdo con Greenpeace, apuntó que “el Estado se encuentra obligado a no emitir disposiciones que vayan en contra del progreso que se haya alcanzado en materia de protección ambiental, tomando en cuenta las posibilidades y recursos estatales”.

Esta suspensión provisional, con número de expediente 135/2021, deja sin efectos momentáneamente las modificaciones a la LIE, en tanto se desahoga la audiencia incidental fijada por el juzgador para el próximo 25 de marzo, cuando se aportarán mayores elementos sobre el tema. Sin embargo, se espera que, por los antecedentes directos, sea concedida la suspensión definitiva.

Al respecto, María Colín, especialista en derecho ambiental de Greenpeace México, indicó que la solicitud de amparo presentada por esta organización ambientalista, busca proteger los derechos humanos a la salud y al medio ambiente sanos, consagrados en el artículo 4 de la Constitución mexicana, ya que con las modificaciones a la LIE aprobadas recientemente, “se abre la puerta a producir electricidad a partir de combustibles fósiles como el combustóleo, entre otros, que resultan sumamente dañinos para la población y para el medio ambiente”.

María Colín advirtió que “a diferencia de las suspensiones definitivas que han obtenido varias empresas en sus respectivos amparos, la solicitud de amparo de Greenpeace México no incluyó los artículos cuarto y quinto transitorios de las modificaciones a la LIE, referentes a permisos de autoabastecimiento y contratos de compromiso de capacidad de generación de energía eléctrica y compraventa de energía”.

Esta suspensión también tiene efectos generales, “en virtud de que la afectación producida por la eventual ejecución de los actos reclamados sería de naturaleza ambiental y de salud”, y esta “es la única manera de impedir los efectos y consecuencias de los actos reclamados en perjuicio de la colectividad”.

Colín recordó que el combustóleo ha sido prohibido en prácticamente todo el mundo. Es el residuo que queda después de refinar petróleo crudo y al quemarse produce partículas de dióxido de azufre (SO2). “Abunda en México porque ya no encuentra espacio en el mercado internacional”, sentenciaron desde la organización.

Finalmente, Greenpeace México insistió en que las autoridades investiguen y castiguen eventuales actos irregulares o ilícitos en que hubiesen incurrido empresas o funcionarios públicos al entregar en el pasado concesiones para operar parques privados generadores de electricidad.

Además, enfatizó que no se opone al fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la principal beneficiaria de la reforma, aunque privilegiando energías sucias, por lo que es fundamental que se impulsen y gestionen las energías renovables “con total respeto a derechos humanos”.

Este martes, el juez De la Peza otorgó 11 nuevas suspensiones definitivas contra la reforma a la industria eléctrica de López Obrador, por lo que se convirtió en el segundo juzgador en conceder esta medida cautelar en los últimos días, donde ya se acumulan al menos 29 resoluciones de este tipo.

Además de las 29 definitivas otorgadas hasta ahora, se espera que, una vez procesadas todas las suspensiones provisionales, se podrían acumular más de 50 medidas cautelares indefinidas a docenas de compañías que interpusieron demandas de amparo.

Estas suspensiones provocaron la ira de López Obrador y de su gobierno, que señalaron al juez Gómez Fierro por nombre y apellidos por supuestamente actuar de forma “sospechosa”. El mandatario mexicano incluso envió una carta en la que ha pedido a Zaldívar, titular de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que investigue al juzgador.

Zaldívar canalizó la solicitud al CJF, que resolverá de forma independiente si la denuncia tiene méritos y debe iniciarse una investigación. Además, el jefe del Poder Judicial recordó al presidente que los jueces trabajan en un marco de independencia y autonomía, aunque desechó los reclamos de la oposición y de una parte del mundo jurídico de el amago de López Obrador alteraba la normalidad democrática y la división de poderes.

Mientras tanto, el gobierno federal comenzó a sufrir los primeros reveses. Luego de que la Sener (Secretaría de Energía) interpusiera las primeras impugnaciones contra las suspensiones otorgadas, los Tribunales Colegiados declararon “sin materia” sus quejas, debido a que ya se habían otorgado las suspensiones indefinidas.

Sin embargo, la administración aún podrá impugnar ante estas mismas instancias los fallos de los jueces federales con respecto a las suspensiones indefinidas. Sin embargo, por los antecedentes en el tema, no se espera que surtan efecto.

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