La violencia electoral continúa latente en México y desde septiembre de 2020, cuando empezó el periodo de las elecciones, un total de 61 políticos y 78 servidores públicos sin militancia han sido asesinados, informó este miércoles la ONG Causa en Común.
“Hacemos un llamado a las autoridades para decirles lo obvio, que las buenas intenciones y los discursos no son suficientes”, sentenció María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, quien además consideró: “Nuestra democracia se encuentra en asedio desde varios frentes”, entre los que se encuentra el riesgo de participar en contiendas electorales.
Los datos, recabados por Etellekt consultores, corresponden al periodo del 7 de septiembre de 2020 (cuando el Instituto Nacional Electoral -INE- dio inicio al proceso electoral) al 20 de marzo de 2021, y fueron expuestos durante el seminario “Violencia política en México en periodos electorales”.
México tendrá las elecciones más grandes de su historia este 6 de junio, cuando 94 millones de votantes están llamados a elegir a los 500 diputados federales, 15 gobernadores de un total de 32 estados, 30 congresos estatales y 1.900 ayuntamientos.
“Hace unos años vimos una elección violenta (en 2018), con un contexto de polarización política que se está volviendo a repetir con un gobierno que no parece ser muy tolerante con sus opositores, y con opositores me refiero no solo a políticos, también periodistas y defensores”, expuso Rubén Salazar, director de Etellekt.
En el periodo electoral de 2018, fueron 152 los asesinatos políticos contabilizados por Etellekt.
Por su parte, Carlos Rubio, gerente de riesgo político de Integralia, otra consultoría participante, declaró que la violencia electoral “es un problema muy grave que requiere atención inmediata porque vulnera la capacidad de la ciudadanía para elegir a los mejores candidatos”.
Atribuyó la violencia contra los políticos al crimen organizado y a los posibles vínculos que tienen con autoridades en algunas regiones, especialmente locales.
De los 139 políticos y servidores públicos asesinados en el periodo referido, un 65% estaban relacionados con gobiernos municipales -90 de los casos-, un 20 % con gobiernos estatales -28- y un 15 % con el Gobierno federal -21-.
La región que cuenta con las peores cifras es el oriental estado de Veracruz, que acumula el 12 % de los homicidios, con 12 políticos y 5 servidores públicos asesinados.
Además, se registraron un total de 238 agresiones contra políticos, con 218 víctimas: 61 fueron asesinados y 71 recibieron amenazas, entre otras situaciones.
Asimismo, de los 61 políticos asesinados, 18 aspiraban a puestos de elección.
El pasado 4 de marzo, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó la “Estrategia de protección en contexto electoral”, que incluirá mesas de trabajo entre autoridades judiciales y electorales, reforzar la seguridad en municipios de alto riesgo y facilitar investigaciones y protección para candidatos amenazados.
En el plan participarán la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobernación, las fiscalías, los partidos políticos, gobernadores y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Sin embargo, Morera consideró sobre esta estrategia que debería ser integral y más profunda, y cuestionó las capacidades del Gobierno mexicano.
De hecho, desde que el Ejecutivo federal anunció su estrategia de seguridad para los candidatos han sido asesinados 6 aspirantes a alcaldía de distintos partidos.
Con información de EFE
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