La clonación de tarjetas bancarias a turistas en distintos sitios turísticos de México, pero particularmente en Quintana Roo, se documentó en investigaciones periodísticas que comenzó a suceder entre 2014 y 2015.
Lo cual sucedía en más de 100 cajeros en donde instalaron chips y los datos los robaban vía bluetooth. Al mes obtenían datos de aproximadamente 1,000 tarjetas y se retiraban USD 200, según lo declarado por un exintegrante de dicho grupo ante autoridades rumanos. Los ingresos anuales se estiman ascendían a USD 240 millones.
Autoridades en Estados Unidos, Rumania y México identificaron a Florian Tudor, alías “El Tiburón”, como el presunto líder de la mafia. Y se le ha señalado de lavado de dinero, intimidación, soborno y trata de personas.
Ante las acusaciones en su contra, Tudor negó ser líder de la mafia rumana, tener nexos con políticos mexicanos y acusó de que se armara un montaje en su contra. El gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador reconoció el 26 de febrero que no se había tratado mucho el tema y solicitó a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana atender a Florian.
La reunión sucedió a principios de marzo y al respecto, Héctor de Mauleón, periodista y escritor, indicó en su columna de opinión para El Universal que fuentes de la secretaría le indicaron que la funcionaria “lo escuchó en silencio y recibió la documentación que el rumano exhibió, entre otras, varias denuncias contra funcionarios y exfuncionarios de Quintana Roo a los que acusa de extorsión”.
Información que refirió probaría que lo que en su momento detectó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que al menos seis funcionarios estarían involucrados en la red de protección institucional.
A principios del segundo mes del año, Milenio dio a conocer que el gobierno detectó que una red de políticos del PVEM, PRI, PRD, PT y Morena, además de funcionarios de la Fiscalía de Quintana Roo, quienes les brindaría protección a la mafia rumana. Entre las personas que conforman esa red de protección estaban los exgobernadores Félix Arturo González Canto y Roberto Borge.
Además, la UIF congeló 72 cuentas vinculadas con la mafia rumana por más de 500 millones de pesos, en febrero. Y la investigación hecha por la dependencia también identificó la existencia de una empresa inmobiliaria y casas de cambio ligadas a dicha mafia.
Héctor de Mauleón refirió que Alberto Capella, secretario de Seguridad de Quintana Roo, estuvo involucrado en un cateo de inmuebles de Tudor y quien dejó su cargo en noviembre tras agresiones de policías contra un grupo de mujeres en una protesta.
“Al día siguiente, una agencia de seguridad de alto nivel le advirtió que la mafia rumana había dado la orden de asesinarlo. Capella salió del país esa misma noche y se desconoce su paradero”, añadió.
Cabe señalar que en contra Florian Tudor hay investigaciones en curso tanto en México y Estados Unidos. Y en su país está acusado de instigación para intento de asesinato, chantaje y formar un grupo delictivo. Por ahora el empresario comparecerá ante un tribunal rumano y posteriormente, la autoridades dicha nación determinarán si conceden o niegan orden de aprehensión.
Y concluyó el escritor que “fuentes de seguridad aseguran que la red de vínculos de la clonación de tarjetas a nivel nacional está a punto de ser develada, y que pronto veremos un puñado de órdenes de aprehensión”.
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