Juez autorizó cateos al DIF Morelos por desaparición de 13 adolescentes: Fiscalía Anticorrupción

La tarde de este sábado, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, gracias a la autorización de un Juez de Control, realizó dos cateos derivados de denuncias presentadas por las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, por los presuntos maltratos y la desaparición de 13 adolescentes en el Centro de Asistencia Social para Adolescentes (CASA) dependiente del DIF Estatal, ubicado en la colonia Miguel Hidalgo de Temixco.

El personal de la Fiscalía, ingresó al CASA del DIF Morelos y, después de esperar varios minutos en la entrada, observó dos de los 13 adolescentes que fueron reportados como desaparecidos. Además, se comunicó que otro de los menores ya se encuentra con una familia de acogida, mientras que uno más egresó de las instalaciones por llegar a la mayoría de edad.

Durante el pasado 25 de enero se realizó el cateo en el Centro para el tratamiento de adicciones “Sinaí”, ubicado en la colonia El Edén de Jiutepec, donde una persona se hizo pasar por un notario público que impidió el acceso y entorpeció el trabajo del personal de la Fiscalía Anticorrupción.

Sin embargo, también refieren que, tras cuatro horas de espera, no se permitió al personal de ninguno de los dos organismos entrevistar a los menores en condiciones que fueran dignas y con privacidad.

Además, subrayaron que no se percataron de la presencia de personal médico o de enfermería de guardia al interior del centro. Mientras que el mismo personal del DIF morelense les notificó que 13 adolescentes habían sido trasladados al centro de atención a las adicciones “Sinaí”, mismo que carece de aval por parte de la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) o del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA)

Dentro de estas instalaciones, ubicaron a nueve de los 13 adolescentes reportados como desaparecidos, los cuales presuntamente fueron enviados a dicho lugar sin seguir los protocolos correspondientes, con los cuales se garantizaba su seguridad e integridad de los menores.

“La Fiscalía no cederá ante actos intimidatorios, y continuará verificando los procedimientos de destino de los menores, ya que no hay transparencia en los procesos realizados por el DIF respecto a este tema, ya que desde el miércoles 24 de febrero se realizó una diligencia en los centros CASA y Sinaí, negándose a dar acceso y proporcionar información, por ello, se solicitó la orden de cateo para verificar el sano desarrollo de los menores y tutelar el interés superior de los mismos”, se lee en el documento oficial.

Este caso llamó la atención de instancias internacionales con presencia en México. Tal es el caso de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Mediante un hilo en su cuenta oficial de Twitter, la instancia regional del organismo fijó su postura ante los hechos.

“En relación con la situación de 13 adolescentes trasladados a un centro de atención de adicciones privado de #Morelos tras una protesta en el Centro de Asistencia Social para Adolescentes del @DIF_Morelos y la obstaculización del legítimo intento de la @cdh_morelos y del Mecanismo Nacional de Prevención de la #Tortura de ingresar al Centro para continuar la investigación de las violaciones de #DDHH y supervisar las condiciones de detención de los adolescentes, la ONU-DH recuerda que, de acuerdo a estándares intl. de #DDHH, los albergues del @DIF_Morelos y los centros de adicciones son lugares de privación de libertad, por lo que su personal debe facilitar acceso a las instituciones que velan por los #DDHH de las personas internas”, advirtieron.

Entonces, la ONU-DH hizo hincapié también en que, de acuerdo con las leyes contra la tortura en México, el impedir la entrada del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura a los lugares de detención constituye un delito.

La delegación de Naciones Unidas hizo un llamado a las autoridades del gobierno que encabeza Cuauhtémoc Blanco en el que les urgió garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes privados de libertad, y a brindar a las instituciones de derechos humanos las facilidades para su labor de protección y prevención.

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