Desde lavado de dinero hasta vínculos con el narcotráfico: los gobernadores de Tamaulipas bajo la sospecha

El actual gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) acusa de haber cometido los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada; no es el único mandatario de esa entidad que ha estado presuntamente involucrado en algún ilícito.

En la historia reciente de Tamaulipas, varios gobernadores han sido señalados de serias acusaciones que van desde lavado de dinero hasta vínculos con el narcotráfico.

Manuel Cavazos Lerma

Fue gobernador de Tamaulipas del 5 de febrero de 1993 al 4 de febrero de 1999. Después fue senador de la República e investigado en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, por tener presuntos nexos con cárteles del narcotráfico y por su presunta relación con el asesinato del candidato a la gubernatura Rodolfo Torre Cantú.

También fue acusado por permitir el tráfico de armas y droga a la entidad en camiones de ganado, pero la indagatoria fue finalizada en 2013, argumentando falta de elementos.

Sobre él también pesaron acusaciones por enriquecimiento ilícito con construcción de casas a través de prestanombres. Sin embargo, Cavazos Lerma nunca ha sido detenido.

Tomás Yarrington

Emanado de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, fue gobernador de Tamaulipas 1999 a 2004 e incluso fue precandidato a la presidencia de la República en 2006.

En 2013, una Corte Federal con sede en Texas lo acusó de haber lavado dinero del narcotráfico desde 1998, incluso desde antes de ser gobernador. Tras darse a conocer los cargos que se le imputaban, fue expulsado del PRI.

Fue capturado el 9 de abril de 2017 en Italia, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, hasta el momento, su juicio ha sido pospuesto en dos ocasiones.

De ser encontrado culpable, Yarrington Ruvalcaba podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión, por crimen organizado y lavado de dinero; hasta 30 años de cárcel por cargos de conspiración para cometer fraude bancario y otra sentencia de 10 años de prisión por los cargos de conspiración para traficar drogas.

Hasta el 20 de diciembre de 2020, el ex gobernador de Tamaulipas, buscaba que las autoridades federales mexicanas le concedan la cancelación de una investigación en su contra por el delito de lavado de dinero.

La defensa de Tomás Yarrington está promoviendo un juicio de amparo contra uno de los delitos que se le señala bajo el argumento que este ya prescribió.

A través de dicho recurso legal, el ex mandatario local tamaulipeco espera que se desestime la acusación de lavado de 12.7 millones de pesos y USD 450,000. Aunque un juez federal ya admitió el amparo; el asunto aún no se resuelve.

Yarrington Ruvalcaba está acusado de tener presuntos nexos con cárteles del narcotráfico como el Cártel del Golfo y con Los Zetas, una de las organizaciones más sanguinarias en su momento.

Eugenio Hernández

También miembro del PRI, Eugenio Hernández Flores, gobernó Tamaulipas de 2005 a 2010 y desde ese momento, comenzaron a surgir los señalamientos sobre sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

Luego de terminar su mandato, Hernández Flores fue acusado por el gobierno de Estados Unidos de estar involucrado en un sistema de lavado de dinero de 30 millones de dólares, por lo que lo acusó de delincuencia organizada.

Fue capturado en octubre de 2017 acusado de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita y fue enviado a una prisión de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Luego fue trasladado a otros penales y actualmente se encuentra en el Centro de Readaptación Social “Antonio Sánchez Galindo”, en el municipio de Tenango del Valle, en el Estado de México.

La Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas lo reclama junto con su cuñado Óscar Manuel Gómez Guerra, por ser presuntos responsables de diseñar y ejecutar “varias maquinaciones con el fin de robar dinero al gobierno de Tamaulipas, al realizar contratos falsos” entre el 2005 y mayo de 2015.

En 2018, sus abogados presentaron un amparo el cual fue negado en primera instancia y apelado ante un tribunal, quien solicitó la atracción del caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El máximo tribunal del país aceptó asumir su competencia en agosto de 2020, y deberá decidir si el ex mandatario tamaulipeco puede o no ser entregado a la justicia estadounidense.

En diciembre de 2020, la Corte Internacional de Justicia de la Organización de Naciones Unidas (ONU), también conocida como La Haya, dio a conocer que iniciará una investigación en contra de Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, por delitos de lesa humanidad en su modalidad de desaparición forzada.

De acuerdo con el activista Giovanni Barrios Moreno, presidente de la organización Justicia Tamaulipas, se entregaron más de 450 pruebas a La Haya con las cuales buscaron demostrar a las autoridades que los ex mandatarios eran culpables de estos delitos, además de argumentar que durante sus periodos de gobierno fueron omisos y permitieron que los grupos delictivos actuaran a cambio de sobornos.

Egidio Torre Cantú

Llegó a la gubernatura de Tamaulipas en 2011, en medio de la polémica por el asesinato de su hermano Rodolfo, quien era el candidato del PRI al gobierno estatal.

A lo largo de su mandato, hubo diversos señalamientos que lo vinculaban con varios delitos. En abril de 2017, Francisco Chavira Martínez, ex candidato independiente a la gubernatura de Tamaulipas, presentó ante las procuradurías general de Justicia del Estado y General de la República (PGR, hoy fiscalías) denuncias penales contra Torre Cantú por los delitos de encubrimiento, delincuencia organizada, asociación delictuosa y peculado.

Sin embargo, fue hasta el 2020 que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que lo investigaba por el desvío de 10,000 millones de pesos del erario público.

Pese a ello, hasta el momento no existen averiguaciones previas directas en su contra, pero podría estar implicado en algunas que se iniciaron contra varios de sus excolaboradores en el gobierno estatal.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca

El actual gobernador de Tamaulipas (2016-2022), es miembro del Partido Acción Nacional (PAN) y desde su campaña política, surgieron los señalamientos de sus presuntos vínculos con el narcotráfico, específicamente, con el Cártel del Golfo y Los Zetas. Además también se dio a conocer que en su juventud había sido detenido en Estados Unidos por cometer el delito de tráfico de armas. Incluso, se publicó la fotografía de su captura.

Sin embargo, luego de ganar las elecciones, las acusaciones arreciaron y a inicios de diciembre de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador por lavado de dinero, además solicitó el bloqueo de 60 cuentas bancarias. De esas, 14 cuentas bancarias están directamente vinculadas a García Cabeza de Vaca.

Los denunciados “han incurrido posiblemente en delitos relacionados con operaciones que involucran recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, corrupción, enriquecimiento ilícito y fraude”, señala el documento.

El martes 23 de febrero de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó el desafuero de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por su probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Entre las acusaciones en contra del gobernador panista figuran la imputación derivada de la averiguación previa FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020, iniciada tras la denuncia de Emilio Lozoya el 11 de agosto pasado, toda vez que el exdirector de Pemex acusó a varios políticos, entre ellos a García Cabeza de Vaca, de recibir millonarios cantidades para aprobar la reforma energética, derivado del caso Odebrecht. Dijo también que entregó más de 500 millones de pesos en sobornos.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Francisco Javier García Cabeza de Vaca, estaría presuntamente implicado en la triangulación de 42 millones de pesos con una empresa sospechosa para el gobierno de Estados Unidos.

Los señalamientos derivan de una denuncia realizada en meses pasados por particulares, sobre un presunto enriquecimiento ilícito por más de 951 millones de pesos, así lo precisaron fuentes de Morena en la Cámara de Diputados.

La UIF y la FGR acreditaron que, entre abril y diciembre de 2019, se realizaron triangulaciones financieras que le dejaron al panista ingresos por 42 millones de pesos de una empresa fachada que no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones fiscales, denominada TC12.

A su vez, esta empresa habría recibido los recursos de la compañía RC, cuyos socios son declarados sospechosos de operaciones de procedencia ilícita en Estados Unidos.

La mañana de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el fiscal General de la República, aseguraron que las acusaciones contra el gobernador panista no son ninguna persecución política.

Por su parte, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, insistió que todo se trata de una embestida política enmarcada en la actual coyuntura electoral y anunció que este miércoles se presentará ante la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, para “dar la cara”.

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