El cuñado de Salinas de Gortari recibe 1,051 mdp anuales por operar una prisión federal en Oaxaca: firmó un contrato en el sexenio de Calderón

Hipólito Gerard Rivero, cuñado del ex presidente de México Carlos Salinas de Gortari, forma parte de un contrato pactado con el gobierno para el mantenimiento de una cárcel federal en Oaxaca. El Grupo de Ingenieros y Arquitectos Asociados (GIA), presidido por Gerard Rivero, recibe más de mil millones de pesos anuales como concesión para administrar el centro penitenciario.

El 18 de marzo de 2011, durante el sexenio de Felipe Calderón (PAN), una división de GIA y un representante de la Secretaría de Gobernación firmaron un contrato de prestación de servicios para diseñar, financiar, construir, equipar y operar durante 22 años el Centro Federal de Readaptación Social en Miahuatlán, Oaxaca.

Aquel contrato otorgado por el gobierno federal formó parte de un paquete para financiar y remodelar centros federales de readaptación social. Fue también el tercero en iniciar operaciones, en mayo de 2013, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (PRI).

Un informe sobre los certificados bursátiles fiduciarios con claves DOIXCB15 y DOIXCV15U, citados por La Jornada y que fueron emitidos por GIA para financiar parte de la construcción del proyecto de infraestructura social en Oaxaca, indicaron que el gobierno federal tiene que pagar a la constructora privada 1,051 millones 550,000 pesos anuales, monto que duplicaría los 525.1 millones de pesos que erogó en 2020 la Oficina de la Presidencia de la República.

Asimismo, hace 6 años GIA realizó una emisión de certificados bursátiles fiduciarios por poco más de 5,000 millones de pesos para el financiamiento del centro que tiene una capacidad para 2,520 reclusos.

La mañana del miércoles 13 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró, durante la conferencia diaria, que durante el sexenio de Felipe Calderón se implementó un plan administrativo en prisiones mexicanas a través de un esquema de Asociación Público-Privada (APP), con el cual el Estado mexicano perdía sumas millonarias.

“(Vamos informar) También lo de la privatización de los reclusorios como un ejemplo de las atrocidades que hicieron durante el periodo neoliberal, los negocios del sector privado y del sector público, esa mezcolanza, esa vinculación estrecha entre los negocios privados y los negocios públicos, o cómo se hacían los negocios privados al amparo del poder público, como se alimentaban se nutrían los poderes, el poder económico y el poder público con este tipo de negocios. Para que se sepa por qué no podemos continuar con el antiguo régimen, y por qué quieren regresar quienes cometieron estos atracos estos fraudes al pueblo a la nación”, aseguró AMLO.

De acuerdo con Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), tan solo en el 2020 se pagaron 15,000 millones de pesos en los reclusorios privados. El costo mensual por cada interno se estimaba en 114,588 pesos, y en promedio al día, un poco más de 3,000 pesos.

Según los datos expuestos por la SSPC, el erario nacional sufrió una afectación de 15,562,904,661.42 pesos en ocho entidades donde están estás cárceles tan sólo en el año pasado. La población carcelaria total de estos centros penitenciarios es de 12,284, lo cual quiere decir que del total pagado a empresas privadas en el 2020 se les pagó 1,266,924.83 pesos por cada reo.

Los estados y los recursos asignados donde opera el esquema promovido por Genaro García Luna, ex titular de la SSPC durante el periodo de Calderón y que ahora se encuentra preso en EEUU por una investigación de narcotráfico, son: Sonora con 1,819,178,375.80 pesos, Guanajuato con 1,808,872,216.13 esos, Oaxaca 1,771,913,9321.21 pesos, Durango con1,875,746,155.16, Chiapas con 2,001,045,958.10, Morelos (femenil) con 1,867,318,618.95 pesos, Michoacán con 2,230,024,529.98 pesos y Coahuila con 2,188,804,875.09 pesos.

El mandatario nacional aseguró que se investigarán los contratos realizados entre el 2010 y el 2011, pues ya tienen en sus manos los nombres de los proveedores originales de servicios, así como el de los actuales, mismos que expuso en una gráfica.

También dijo que esto se trató de un acto monopólico, pues en la revisión realizada durante su administración, se encontró que de los cientos de miles de millones que se han pagado, sólo seis empresas acapararon ese capital. Exi Quantiums S.A. de C.V. tiene contrato con Sonora y Guanajuato; GIA S.A de C.V. firmó en el estado de Oaxaca; Dip Concesionaria duranguense de infraestructura penitenciaria S.A. de C.V. tiene trato con Durango; Capital Inbursa S.A. de C.V. cerró trato con Chiapas y Morelos; Concesionaria en Infraestructura Penitenciaria de Michoacán S.A. de C.V. firmó con Michoacán; y Black Rock S.A. de C.V. también firmó con Guanajuato. En las diapositivas expuestas faltó el de Coahuila.

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