La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas ordenó este jueves la reparación del daño de un médico quien fue vinculado a un proceso y cumplió arresto domiciliario acusado de abuso de autoridad por pedir insumos a la familia de un enfermo de covid-19 en agosto pasado.
En un comunicado, la FGE dijo que aceptó reparar el daño al médico Gerardo Vicente Grajales Yuca, imputado por abuso de autoridad, tras una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La Fiscalía de Derechos Humanos de Chiapas respondió con un oficio, con fecha 21 de enero de 2021, en el que aceptó la recomendación y señaló que brindará al galeno y a sus familiares, “la reparación integral por los daños causados en términos del artículo 1º de la Ley General de Víctimas”.
Según el caso, a inicios de julio, Grajales Yuca, en su calidad de servidor público, solicitó a familiares del político Miguel Arturo Ramírez equipo e insumos para tratar a pacientes de covid-19, cuando el hospital, según la Secretaría de Salud estatal, contaba con los medicamentos y el equipo necesario.
En aquellos días, la detención del médico generó protestas en diversas ciudades del país de parte de cientos de trabajadores de la salud, que exigían su libertad y denunciaron la falta de equipo y de insumos en los hospitales para tratar a enfermos de coronavirus.
La recomendación de la CNDH a la FGE dijo “que se transgredieron los derechos al honor y a la dignidad contra el médico ya que, al exponerlo mediáticamente, se afectó su vida privada y se le estigmatizó socialmente”.
Sobre la reparación del daño, Grajales Yuca dijo que urge que se acelere el proceso porque la población necesita del personal de salud “no somos delincuentes, ayudamos a salvar vidas, necesitamos salir”.
Además, reveló que será inscrito en el Registro Estatal de Víctimas y aunque queden huellas de esta mala experiencia él continuará con la pasión de siempre en apoyar a las personas que así lo necesiten.
Tras la noticia, dijo que ya quiere regresar a laborar pues dejó de percibir un sueldo desde el mes de julio del 2020.
Grajales Yuca fue detenido a finales de julio por presunto abuso de autoridad denunciado por Karen Ramírez, hija del exdiputado Arturo Ramírez, quien ingresó al hospital tras complicarse su cuadro de coronavirus y posteriormente falleció.
La hija aseguró que el médico le solicitó insumos y equipo médico para atender a su padre por lo que lo denunció ante la FGE y el galeno fue detenido aunque posteriormente liberado aunque tenía prohibido salir del estado de Chiapas en tanto concluía el plazo solicitado por la Fiscalía para cerrar la investigación.
En agosto del 2020, a través de un comunicado, la CNDH señaló que recibió el testimonio de un familiar de Grajales, en el cual denunció que desde la detención del doctor, se han violentado sus derechos humanos por parte de servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas.
Es por ello que la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, ordenó iniciar la investigación de oficio y atracción, así como por posibles actos u omisiones cometidos por parte de servidores públicos de la Fiscalía estatal. Además, informó que se integrará el expediente de queja respectivo, y en su momento, emitirá el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda.
El organismo exhortó a las autoridades estatales involucradas en el procedimiento que enfrenta el médico a “que sus acciones sean apegadas a derecho, respetuosas de sus prerrogativas esenciales y se conceda, en el caso, el pleno ejercicio del derecho al debido proceso”.
EFE
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