Caso García Luna: acumularon 974 mil páginas contra el ex funcionario y solicitaron aplazar su audiencia debido al COVID

La comparecencia está programada para este 17 de febrero, pero por las afectaciones de la pandemia que aún azota a Nueva York, podría posponerse de nueva cuenta

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El ex funcionario calderonista está
El ex funcionario calderonista está acusado de colaborar con el Cártel de Sinaloa durante 19 años (FOTO: TERCERO DÍAZ /CUARTOSCURO.COM)

Debido a la pandemia de COVID-19 que aún afecta a la ciudad de Nueva York, los fiscales de la Corte del Distrito Este de aquel estado solicitaron que sea aplazada la audiencia de Genaro García Luna, al menos por 60 días más.

A la luz de la pandemia de COVID-19 que sigue afectando a la Ciudad de Nueva York, las partes solicitan respetuosamente que el Tribunal suspenda la próxima conferencia de estado, programada para el 17 de febrero de 2021, durante 60 días”, señaló un oficio dirigido al juez Brian M. Cogan.

De acuerdo con esta petición, las autoridades están en espera de respuestas de citaciones pendientes, incluyendo citaciones al acusado y sus empresas.

Los fiscales reportaron casi un
Los fiscales reportaron casi un millón de páginas en evidencias (Foto: Twitter@keegan_hamilton)

“Hasta la fecha, el gobierno ha producido más de 974,000 páginas de documentos y voluminosas comunicaciones interceptadas. El gobierno ha producido la mayoría del material detectable en su poder. Espera hacer producciones más pequeñas de forma continua, ya que recibe descubribles adicionales materiales y/o identifica dicho material en su posesión. Espera hacer su próxima producción en las próximas semanas”, indica el documento con fecha de este 11 de febrero.

Fue el periodista Keegan Hamilton quien compartió la solicitud en su cuenta de Twitter; petición que fue suscrita por los fiscales Seth D. DuCharme, Michael P. Robotti, Ryan Harris y Erin Reid, con copia para Cesar de Castro, el abogado de oficio de García Luna.

En cuanto a la preparación de la audiencia, se siguen presentando dificultades atribuidas a la pandemia. Por ejemplo, limitaciones en la capacidad del gobierno para cumplir con el acceso a testigos encarcelados; así como problemas para que Cesar de Castro se reúna con el ex funcionario, acusado de narcotráfico por colaborar durante 19 años con el Cártel de Sinaloa.

Mientras tanto, continúa la revisión de de materiales para el juicio, de tal forma que esté apegado a regulaciones de información clasificada. Algo común en el ámbito penal cuando se trata de casos relacionados con funcionarios de gobiernos extranjeros de alto rango, según la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA).

Fue el periodista Keegan Hamilton
Fue el periodista Keegan Hamilton quien compartió la solicitud en su cuenta de Twitter (Foto: Twitter@keegan_hamilton)

Pero este proceso también se ha visto afectado por limitaciones de la pandemia, según los fiscales de la Corte del Distrito Este de Nueva York. Algo para lo cual prevén, tardarán varios meses más.

Fue el 1 de diciembre pasado cuando los fiscales neoyorkinos solicitaron al magistrado Cogan que igual fuera aplazada la presentación de pruebas contra el ex secretario de Seguridad, debido a que se pondría en riesgo la seguridad de testigos que no han sido revelados.

Según se argumentó, se verían comprometidas las fuentes mencionadas en grabaciones, registros de propiedad, públicos y financieros, así como fotografías. Además, se afectaría investigaciones en curso, proveniente de esos materiales.

Cabe destacar que con esto, la comparecencia de García Luna se extendería hasta abril. Y de nueva cuenta, se retrasaría el caso por dos meses como ya ocurrió desde finales del año pasado. En aquella petición del 4 de diciembre se argumentaron las mismas razones referentes a la emergencia sanitaria y se reportó la acumulación de 955 mil páginas, pero el día 15, realizaron un descubrimiento de 19 mil fojas más.

Felipe Calderón ha reiterado que
Felipe Calderón ha reiterado que no sabía de los casos de corrupción y vínculos con el narco de su hombre más cercano (Foto: Cuartoscuro)

Genaro García Luna, el llamado “super policía”, está acusado de asociación delictiva para obtener, distribuir e importar cocaína, así como haber mentido en 2018 a las autoridades fronterizas estadounidenses al decir que jamás había cometido un crimen.

Los cargos también incluyen pertenencia a una empresa delictiva, con agravantes por tráfico de 5,000 kilogramos de cocaína en diciembre de 2008, 23 mil kilogramos en octubre de 2007 y otros 19 mil kilogramos en marzo del mismo año, además de otras tres operaciones de droga en 2002 y 2003.

En total, son cuatro cargos relacionados con narcotráfico, incluida la de empresa criminal continua, que implica una pena mínima de 20 años y una máxima de cadena perpetua. A ello se suma la falsedad de declaraciones para acumular cinco imputaciones.

Su caso fue abierto después del juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, donde el capo Jesús Reynaldo Zambada García (hermano de Ismael Zambada, el Mayo que ahora quedó al frente del Cártel de Sinaloa), declaró que él personalmente entregó una maleta con USD 3 millones, cuando estaba al frente de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), durante el Sexenio de Vicente Fox.

Reynaldo Zambada García, hermano del
Reynaldo Zambada García, hermano del máximo líder del Cártel de Sinaloa, aseguró que sobornó a García Luna (Foto: Archivo)

Ese testimonio del Rey Zambada es el único que puede ser usado por los fiscales, ya que aseguró, en primera persona, que acudió personalmente a entregar el dinero.

El ex funcionario espera su juicio recluido en Brooklyn, Nueva York, en el Centro de Detención Metropolitano bajo el número de preso 59745-177, según la Oficina de Prisiones (BOP). Lleva un año, dos meses y dos días tras las rejas, luego de ser detenido el 9 de diciembre del 2019 en Dallas, Texas, mientras iba a una cita de rutina para tramitar un permiso de residencia permanente.

El 29 de noviembre del año pasado, la Fiscalía General de la República solicitó la extradición del llamado “super policía” para que pueda ser juzgado por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito. El mandamiento judicial fue otorgado porque el imputado no comprobó el origen de 27 millones de pesos con que adquirió bienes inmuebles en México.

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