El ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, se encuentra nuevamente en la mira de las autoridades. Esta vez por un presunto desvío de recursos por más de 1,500 millones de dólares en los que estarían implicados 35 ex funcionarios de su administración.
Hasta ahora, informó la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, se ha detenido a 12 sospechosos del ilícito y se encuentran abiertas 23 carpetas de investigación sobre el tema.
De acuerdo con Milenio, entre los ex servidores públicos señalados se encuentran personas con cargos de secretarios, subsecretarios, delegados, diputados, entre otros.
La funcionaria explicó que se investigaron y procesaron “hechos graves de corrupción de funcionarios de la anterior administración que rebasan los límites de la responsabilidad individual, hemos reconstruido mapas completos de operaciones financieras y administrativas públicas y privadas”.
Sobre todo, las investigaciones develaron la implantación y operación de una maquinaria de desvío sistemático de miles y millones de recursos de la hacienda pública de la Ciudad de México, informó el medio mexicano.
Godoy también resaltó que las acciones por las que se señala a los ex funcionarios no fueron producto de un error humano. Más bien, se trató de una serie de “actos planeados y ejecutados con conciencia plena de su ilicitud”.
Señaló que se trata de uno de los hechos de corrupción más grandes de los que se tiene registro en la capital del país. “Tenemos evidencia que soporta cada una de estas afirmaciones”, dijo y agregó que la fiscalía tiene la responsabilidad de hacer justicia y recuperar el patrimonio de la ciudad.
La administración de Mancera ha estado envuelta en polémica durante los últimos meses. El pasado 27 de enero, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló una investigación que descubrió una red de presunto lavado de dinero.
En aquella ocasión se habló de que el esquema funcionaba a partir de la Secretaría de Finanzas de la capital. Entre finales de 2017 e inicios de 2018 se otorgaron contratos a cuatro empresas para que desarrollaran funciones que la dependencia hacía por su cuenta.
Las empresas se encargaron a partir de su subcontratación de realizar la solicitud de devoluciones sobre el pago de impuesto sobre la renta (ISR) retenido a los trabajadores de la CDMX. El primero de los contratos que delegó dichas funciones se firmó mientras Miguel Ángel Mancera todavía era Jefe de Gobierno de la capital mexicana.
Las cuatro instituciones se encontrarían relacionadas a su vez con otras ocho empresas. En total se realizaron 12 movimientos de más de 1,500 millones de pesos mexicanos, los cuales quedaron registrados en transferencias y depósitos a diferentes cuentas bancarias.
Los documentos que revelaron esta información fueron obtenidos por MCCI y forman parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, institución que determina estas acciones como “esquemas para lavar dinero, posiblemente derivado de desvío de recursos públicos”.
En el centro de la trama se encuentran dos personajes: Rigoberto Contreras Cortés y Martiniano Rodríguez. Ambos funcionaron como el nexo entre varias de las empresas que se vieron beneficiadas por los contratos otorgados por la Sefin. Dos de estas incluso aparecieron anteriormente en otros reportajes donde se les señalaban actividades sospechosas.
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