El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió este lunes al Congreso mexicano una iniciativa preferente que busca reformar la industria eléctrica para fortalecer, en un nuevo intento de su parte, a la CFE (Comisión Federal de Electricidad), empresa productiva del estado, por encima de energías limpias y empresas privadas.
El documento, enviado en el primer día de sesiones ordinarias de ambas Cámaras (Diputados y Senado), está marcada como “preferente”, por lo que el Congreso mexicano deberá discutirla y, en su caso, aprobarla, en los próximos 60 días naturales.
La iniciativa plantea reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica y fue turnada a la Cámara de Diputados para iniciar el trámite de dictaminación. Para ello, tendrá hasta 30 días naturales, a fin de turnarlo al Senado, que contará también con 30 días naturales para desahogar (no necesariamente aprobar) la propuesta del presidente López Obrador.
Morena, el partido de López Obrador y con mayoría en ambas Cámaras, mostró su apertura a la propuesta enviada por el mandatario. “Esta iniciativa es consecuente con el principio constitucional de exclusividad y rectoría del Estado” sobre el tema, dijo Ignacio Mier, coordinador de los diputados morenistas, quien adelantó que consultarán “a todos los sectores involucrados” para analizar la reforma.
La iniciativa
En el documento, consultado por Infobae México, López Obrador asegura que en las últimas tres décadas, “en el marco de la política neoliberal o neoporfirista”, se impuso “un proceso de privatización para debilitar y transferir empresas públicas a particulares” y “despojar a los mexicanos de la riqueza petrolera y de la industria eléctrica nacional”.
Todo se tradujo en negocios lucrativos para empresas particulares y políticos corruptos, transitando al apoderamiento privado del mercado eléctrico
Debido a esta situación, de acuerdo con el mandatario mexicano, “la CFE quedó fracturada, casi en ruinas, endeudada, obligada a otorgar toda clase de subsidios a sus supuestos competidores y por lo tanto con capacidad disminuida y sometida a una regulación que privilegia a los particulares”.
El gobierno de López Obrador, por lo tanto, consideró “urgente” profundizar los cambios que su administración comenzó desde 2018 y “a fin de fortalecer a la CFE para beneficio del interés nacional”. “Es indispensable para sostener el compromiso de largo plazo con el pueblo de México consistente en no incrementar las tarifas de electricidad y garantizar la seguridad energética”, añade el documento.
En ese sentido, López Obrador propuso ajustes a la Ley de Industria Eléctrica, en específico al sistema del despacho de generadores eléctricos, impuesto a través de la emisión de dicha ley, cuyo mecanismo, argumentó el presidente del país, “establece grandes privilegios en la generación privada con grave perjuicio a la CFE”.
La modificación principal consiste en que el mecanismo de despacho de las centrales eléctricas tengan como prioridad número uno a toda la energía producida por las hidroeléctricas. “Serán despachadas en primer término (…) con sentido social y de protección civil”, precisa la iniciativa.
En segundo lugar, se encuentra la energía generada en otras plantas de la CFE. “Se despacharán las centrales eléctricas de CFE, tales como la nuclear, geotérmicas, los ciclos combinados y termoeléctricas. Posteriormente, se despacharán las Centrales Ciclos Combinados de Productores Independientes de Energía, amparadas por contratos suscritos en los términos de la abrogada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica”, precisaron.
En tercer lugar, estarán las energías eólica o solar de particulares y en el cuarto y último sitio, los Ciclos Combinados de empresas privadas. “Se despacharan las centrales eléctricas de ciclos combinados propiedad de particulares y el resto de los generadores de otras tecnologías”, completaron.
Otros aspectos
La propuesta busca garantizar la confiabilidad y un sistema tarifario de precios, que únicamente serán actualizados en razón de la inflación. Ello, al proponer modificar el orden de la prioridad del despacho, mediante la operación de las centrales eléctricas en el actual Contrato Legado de la CFE y con el diseño de un nuevo Contrato de Entrega Física de Energía y Capacidad a la Red.
Subraya que si se aprueba, logrará terminar con la simulación de precios en un mercado que favorece la especulación, el dumping y los subsidios otorgados a participantes privados por la CFE, así como con “años de saqueo” y con el reconocimiento de los costos totales de generación, lo que permitirá una competencia en condiciones de equidad entre los participantes del mercado.
También prevé la obligación de que los permisos a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica se encuentran sujetos a los criterios de planeación del Sistema Eléctrico Nacional emitidos por la Secretaría de Energía (Sener). El otorgamiento de Certificados de Energías Limpias no dependerá de la propiedad o la fecha de inicio de las operaciones comerciales en las centrales eléctricas.
Por otra parte, propone eliminar la obligatoriedad de comprar por subastas para el Suministrador de Servicios Básicos y obligar a la CRE (Comisión Reguladora de Energía) a revocar los permisos de autoabastecimiento, así como sus modificaciones, en los casos en que hayan sido obtenidos mediante la realización de actos constitutivos de fraude a la ley.
En los transitorios se señala que la Sener, la CRE y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) dispondrán de un plazo máximo de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para realizar las modificaciones que sean necesarias a todos los acuerdos, resoluciones, lineamientos, políticas, criterios, manuales y demás instrumentos regulatorios expedidos en materia de energía eléctrica.
Los permisos de autoabastecimiento, con sus modificaciones respectivas que continúen surtiendo sus efectos jurídicos podrán ser revocados por la CRE mediante el procedimiento administrativo correspondiente establecido en la Ley de la Industria Eléctrica.
Por último, menciona que los contratos de Compromiso de Capacidad de Generación de Energía Eléctrica y Compraventa de Energía Eléctrica suscritos con productores independientes de energía al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica deberán ser revisados, a fin de garantizar el cumplimiento del requisito de rentabilidad para el gobierno federal.
Las críticas
La propuesta de López Obrador fue recibida con críticas por parte de los expertos. “Tiene visos de no ser constitucional”, escribió en redes sociales Víctor Ramírez, vocero de la Plataforma México Clima y Energía.
“El presidente insiste en recibir primero todo lo de CFE aunque sea más caro, sucio y tenga tantas fallas por salida. Sólo después de que CFE entregue todo, entrarían los privados hasta 75% mas baratos. Encarecerá todo”, aseguró el experto en cambio climático y derecho ambiental.
La iniciativa está mal escrita, llena de falsedades, de comparaciones internacionales que no tienen relación alguna con lo de México, sus consecuencias serían enormes y malas para México
Por otra parte, el gobierno de López Obrador buscará fortalecer a la CFE de nuevo, como ya lo intentó a través de distintos acuerdos de confiabilidad del Sistema Eléctrico mexicano y de su Programa Sectorial de Energía, cuyos decretos se encuentran parcialmente paralizados a la espera de que la Suprema Corte decida sobre su constitucionalidad.
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