El bloque opositor en la Cámara de Diputados rechazó contundentemente este jueves la noción de intentar “socavar” o desaparecer los organismos constitucionales autónomos para integrarlos a las dependencias del gobierno federal, como planteó más temprano el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador.
Los líderes de las diferentes bancadas opositoras se opusieron a “cualquier intento de socavar al INAI (Instituto de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) o cualquier reforma legal que busque debilitarlo, limitarlo, vulnerar su autonomía o transferir sus atribuciones a la Secretaría de la Función Pública u otra dependencia del gobierno federal”.
Los legisladores señalaron que intentar lo que propone el mandatario mexicano “significaría un retroceso inadmisible” para la democracia mexicana, destacaron, además de un golpe al ejercicio de los derechos humanos y la lucha contra la opacidad y la corrupción.
Por parte del PAN (Partido Acción Nacional), firmaron el pronunciamiento conjunto el coordinador de los diputados Juan Carlos Romero Hicks y la ex presidenta de San Lázaro, Laura Rojas. Del PRI (Partido Revolucionario Institucional, lo hizo René Juárez. Del PRD (Partido de la Revolución Democrática) firmó la coordinadora de sus diputados Verónica Juárez Piña. Y, por Movimiento Ciudadano, lo hizo el jefe de su bancada, Tonatiuh Bravo.
En el texto, recordaron que México, “congruente con su compromiso con el avance de los derechos humanos y derivado del mandato de la Declaración de Río respecto del acceso adecuado a la información, así como en respuesta a las demandas ciudadanos y los movimientos sociales”, aprobó en 2002 la ley con la que se creó el INAI, instituto que vio la luz en diciembre de 2003.
“En 2007 y con una reforma al artículo 6 constitucional, se consagró a las y los mexicanos el derecho a la información pública como fundamental. En 2014 el Constituyente Permanente reformó el artículo 6 constitucional con el apoyo de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión para dotar de autonomía al IFAI, y transformarlo en el INAI”, añadieron.
“La reforma derivó en una Ley General en la materia y reformas a la Ley Federal vigente desde 2002; con ello se constituyó uno de los principales mecanismos de empoderamiento ciudadano y rendición de cuentas, y se estableció un equilibro de poder republicano congruente con las necesidades del Siglo XXI”, presumieron.
Su autonomía constitucional, independencia e imparcialidad sobre los tres Poderes del Estado y demás organismos autónomos, representa un instrumento clave para la democracia, pero sobre todo empoderan la participación ciudadana
Para los legisladores, ninguna secretaría de Estado, como planteó López Obrador, puede o debe atender las responsabilidades que son facultad exclusiva de la INAI, pues “detrás de su creación y trabajo constantes a lo largo de casi dos décadas, existen demandas ciudadanas e incluso mandatos internacionales que exigen que sea un organismo autónomo e independiente el encargado de vigilar el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales”.
Los diputados aseveraron que el INAI ha cumplido con su mandato constitucional “de manera satifactoria” al “inhibir o exhibir y sancionar abusos de poder, así como casos de corrupción”. “Destacan por su relevancia las resoluciones sobre Ayotzinapa, el Movimiento Estudiantil del 68, la Guerra Sucia, Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán, Acteal y el Caso Colosio”, enlistaron.
A estas duras críticas de la propuesta de López Obrador se sumó el cuestionamiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones. “La autonomía del IFT es resultado de un reclamo social, un avance en nuestra democracia”, dijo Arturo Robles, comisionado de dicho organismo.
Y es que López Obrador, después de anunciar a principios de semana que su gobierno se encontraba analizando el papel de los organismos constitucionales autónomos, que en su opinión gastan mucho dinero, este jueves anunció que enviará a mediados de febrero un paquete de iniciativas para incorporarlos a las dependencias federales.
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