La inquietante militarización de México: AMLO le ha dado poder al Ejército en 30 tareas

En dos años de gobierno, Andrés Manuel López Obrador afianzó el proceso de militarización en México con 30 tareas asignadas al Ejército más otras misiones a la Secretaría de Marina, aunado a las funciones de Seguridad Pública que las Fuerzas Armadas comenzaron a operar desde 2006.

Fue el 24 de agosto del 2018, como presidente electo, que López Obrador matizó su promesa de campaña para regresar a las Fuerzas Armadas (FFAA) a sus cuarteles. En aquella fecha tuvo un encuentro con Francisco Vidal Soberón y dos días antes, acudió a una reunión con Salvador Cienfuegos Zepeda, titulares de la Marina y Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con Enrique Peña Nieto, respectivamente.

El tabasqueño argumentó que los mandos de la Sedena y Marina le habían ofrecido un diagnóstico de la seguridad en México. Agregó que entrevistarse con ellos era fundamental para saber qué funcionó y qué fue desechado, además, que sería irresponsable retirar a los soldados de inmediato, porque las policías locales no estaban funcionando.

Aunque entonces destacó que la presencia de los castrenses sería transitoria, en tanto se creaba y operaba una Guardia Nacional (GN), los mexicanos no sabían que ese periodo se extendería, de nueva cuenta, durante todo el sexenio.

Y aún más, tampoco era visible que el proceso de militarización del país se vería acentuado en dos años de mandato. Actualmente, las FFAA están enfocadas en la construcción de cuatro aeropuertos y tres tramos del Tren Maya; han remodelado hospitales, edifican bases de la Guardia Nacional y sucursales del Banco de Bienestar.

También han atendido el robo de combustibles; vendido cachitos para la rifa del avión presidencial; aportan árboles para el programa Sembrando Vida y, en la emergencia sanitaria, distribuyen la vacuna contra COVID-19. Lo mismo reclutaron operadores de pipas que a personal médico o agentes de la GN; han vigilado la distribución de libros de texto gratuitos como la entrega de fertilizantes y de los programas sociales.

Constructores, distribuidores y vigilantes

El uso de los militares con AMLO ha respondido al menos a dos temporalidades. La primera de ellas recae en un ámbito sexenal y que está asentada en su proyecto de gobierno, como un aeropuerto, tramos del Tren Maya, o consolidar la Guardia Nacional.

Por otro lado está el empleo emergente o especial, donde entra la distribución de libros de texto o el proyecto contra COVID-19.

Cabe notar que López Obrador ha requerido modificaciones constitucionales para ampliar las facultades de los castrenses (como en la GN o entrega de puertos a la Marina); aunque también se ha valido de acondicionar planes DN-III que habitualmente solo se implementaban en inundaciones o sismos.

Además, los militares han extendido e inaugurado diversos convenios de colaboración con otras dependencias federales; lo mismo en la Secretaría de Educación Pública, de Agricultura o Petróleos Mexicanos (Pemex). De igual manera, el presidente ha impulsado la narrativa de que debe usarse y aprovecharse el conocimiento técnico, la eficacia, así como el despliegue de los soldados.

Recientemente, el jefe del Ejecutivo ha justificado su sostén en las FFAA en la Ley Orgánica del Ejército, donde se establece que éste debe coadyuvar al progreso del país. Es decir, ha echado mano de diversos recursos formales, discursivos como administrativos para dar más terreno a su institución preferida.

Una revisión realizada por este medio ha permitido contabilizar más de 30 asignaciones a las FFAA. En primer lugar destaca la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, desarrollado en terrenos ampliados a la base militar de Santa Lucía, Estado de México.

El Ejército no solo construye, sino también administrará tal servicio y ejecutará las obras para conectar con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El costo proyectado es de 74 mil 535 millones de pesos, de los cuales, 38 mil 646 millones fueron autorizados para este 2021.

A su vez, la Sedena ha sido asignada a construir los tramos 1, 6 y 7 del Tren Maya, así como el aeropuerto de Tulum, Quintana Roo, más la administración del puerto aéreo en Chetumal y el de Palenque, Chiapas.

Aunado a la edificación del Parque Ecológico en el Lago de Texcoco; la remodelación de 32 hospitales; la construcción de 2,700 sucursales del Banco de Bienestar; las viviendas para personal de la Guardia Nacional en Santa Fe, Ciudad de México; el Canal Centenario y zonas de riego en Nayarit; y 248 cuarteles de la GN hasta 2021, de los cuales existen 120 y 52 están en obra.

Sobre su participación en programas sociales, destaca que el Ejército debe usar, ampliar y equipar 30 viveros forestales militares para dotar de 215 millones de árboles entre 2019 y 2021 en el programa Sembrando Vida. De acuerdo con el segundo informe de labores de la Sedena, se asignó un presupuesto de 906 millones 397 mil 446.84 pesos para tal proyecto.

En el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, la Sedena ha implementado 33 centros de capacitación para incluir en el campo laboral a quienes rondan los 18 y 29 años, resultando 3,857 becarios en 12 compañías regionales del Servicio Militar hasta 2020. Al 31 de julio de 2019, estaban registrados 1,255 soldados del Servicio Militar Nacional.

Los comandados por Luis Cresencio Sandoval, general secretario, también están dedicados a vigilar la entrega de los recursos de programas sociales como apoyos a adultos mayores o Becas de Bienestar. Se prevé que la dependencia militar conforme su propio grupo para el traslado de valores y dotar a las sucursales del Banco de Bienestar de los 300 mil millones de pesos destinados a los programas asistenciales de la llamada cuarta transformación. Igual fueron asignados 1,800 efectivos para custodiar las obras de la Refinería Dos Bocas, Tabasco.

Los castrenses igual distribuyeron la entrega de libros y materiales educativos para el ciclo escolar 2019-2020; además de resguardar y custodiar el traslado de fertilizantes para beneficiar a 233 mil 235 productores en Guerrero, el año pasado.

Claudia Anaya, senadora del PRI, exhibió el 29 de agosto pasado que los soldados vendían cachitos para la rifa del avión presidencial realizada el 15 de septiembre de este año. Entre los ganadores del sorteo estuvieron dos hospitales militares, uno de Oaxaca y otro de Coahuila, cada uno con premio de 20 millones de pesos para dotarse de insumos e infraestructura que le sean necesarios.

Otras tareas han sido la repatriación de las cenizas de José José de Miami a la Ciudad de México, a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana en octubre del 2019, cuyo costo fue valuado en 1.2 millones de pesos. Así como el rescate del ex presidente Evo Morales, asilado y transportado desde Bolivia en noviembre de 2019; aunque estas asignaciones, cabe precisar, no entran en la lista de 30.

Como parte del apoyo a la Guardia Nacional, el Ejército está encargado de incorporar, vestir, instruir y armar al personal. Si bien esta fuerza es presentada como de carácter civil, su estructura y mandos son militares. A la dependencia se le asignó la meta de reclutar a 43,663 elementos de 2019 a 2021. De lo proyectado el año pasado con 21,430, se cubrió el 93%. Cabe destacar que en esto también participa la Marina, que alistó a 5,600 efectivos de los 7,000 previstos en 2020.

Entre el equipo provisto, con datos del segundo informe de labores de la Sedena, destacan 2 mil 234 camionetas Pick-up 4x4 de doble cabina, 124 camiones de redilas de 3.5 toneladas, 162 camiones de 6.5 toneladas y 198 motocicletas.

Además de 45 fusiles calibre .50; 50 mil pistolas calibre 9 milímetros; así como la instalación de mobiliario, comunicaciones, el blindaje de 90 camionetas y 2 millones 17 mil 195 artículos entre uniformes, incluidos 30 mil chalecos antibala, gorras, camisas, zapatos, chamarras, playeras, insignias y botas.

El combate de robo a combustible, o llamado huachicoleo, es una de las cruzadas de López Obrador desde las primeras semanas de su gobierno. Para ello implementó un Plan DN-III, cuando el desabasto de gasolinas, pues se decidió el cierre de ductos, lo que causó carencia del hidrocarburo.

Además, la Sedena participa en la custodia de pipas, así como en la logística de distribución. Se encargó de contratar a 1,635 conductores para la operación de 637 autotanques, del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020.

En el mismo periodo referido, la fuerza armada mantuvo un promedio mensual de 5,011 efectivos desplegados,12 aeronaves y 48 minidrones empeñados en la protección de instalaciones y ductos estratégicos de Petróleos Mexicanos. Durante 2020 participaron 2,429 agentes para las operaciones contra el huachicol; así como el reforzamiento de la vigilancia.

Según datos del gobierno federal, este plan ha permitido un ahorro estimado de 124 mil 4 millones 265 mil 487 pesos, del 21 de diciembre del 2018 al 30 de diciembre del 2020. En consecuencia, 1,179 personas han sido detenidas; más de 23 mil tomas clandestinas fueron aseguradas; entre 27 millones de litros de combustible recuperados, así como 44 túneles descubiertos y unos 3,300 vehículos decomisados; todo de 2019 a 2020.

Para frenar el flujo migratorio de Centroamérica a Estados Unidos, López Obrador encargó un despliegue de las fuerzas federales en la frontera sur y norte de México. Durante 2020, los efectivos destinados a estas tareas sumaron 8,058. De ellos, 4,042 estuvieron en el sur de EEUU y 4,016 en los límites con Guatemala y Belice. El año pasado fueron instalados 30 puestos militares, 347 puntos de control migratorio y “rescatadas” 1,288 personas en las tres rutas utilizadas por quienes aspiran a cruzar al país norteamericano.

Como parte del plan contra COVID-19, los soldados están encargados del resguardo y distribución de las vacunas que ya se han aplicado en el centro del país: Ciudad de México, Estado de México y Querétaro, así como en el norte con Coahuila y Nuevo León.

En abril de 2020, la Sedena desplegó agentes para vigilar hospitales en la capital del país y Michoacán, pues eran recurrentes las agresiones al personal médico, debido a que los ciudadanos les discriminaban por atender en hospitales COVID, con lo cual suponían que eran propagadores del virus. De acuerdo con información oficial, fueron resguardadas 46 instalaciones (38 almacenes, 7 hospitales del IMSS y 1 hospital de Guerrero).

Ante la necesidad de médicos, enfermeras y demás trabajadores sanitarios, el Ejército reclutó a personal. A los militares les fue entregada la administración de 10 hospitales para atender la emergencia sanitaria, dispusieron de sus propias instalaciones para este fin y repatriaron restos de connacionales, como a mexicanos varados en otros países. Se acondicionó un Plan DN-III en que también participan la Marina y Guardia Nacional.

El personal de las tres dependencias sumó 49 mil 585. Fueron reacondicionados 32 hospitales COVID con 560 camas de hospitalización y 770 de terapia intensiva. Los centros militares y navales que atienden a enfermos de coronavirus ascienden a 62. Los castrenses implementaron 308 filtros sanitarios en aeropuertos, centrales de autobuses, carreteras y lugares públicos. Y han aplicado 26 mil 947 vacunas, además de atender a 59 mil 180 pacientes.

Las FFAA transportaron más de 8 mil toneladas de insumos médicos y realizaron 120 operaciones aéreas para el traslado de 61 infectados de COVID-19, 250 urnas de fallecidos por la enfermedad en EEUU. Así como el transporte de 2,125 trabajadores de salud; 919 mexicanos repatriados de Argentina, Bolivia, Chile, Cuba y Perú. A su vez, 742 extranjeros de 9 países fueron regresados. Y confeccionaron 3 millones 411 mil 029 piezas de vestuario médico en sus fábricas.

Además de todo ello, a la Sedena y la Marina les fue entregado el control de aduanas marítimas y terrestres. La Armada de México igual contribuyó en la limpia del sargazo, entre agosto y septiembre del año pasado en Quintana Roo. Esta dependencia también controlará y administrará los puertos del país.

Si bien, las funciones mencionadas están enfocadas en el Ejército, cabe destacar que suman a sus actividades reglamentadas de Seguridad Pública; incluidas labores de patrullaje, erradicación de plantíos y decomisos de narcóticos. Así como la vigilancia de instalaciones estratégicas.

La Guardia Nacional fue aprobada en marzo de 2019 y arrancó operaciones formales el 30 de junio de ese año; desde entonces, el presidente tenía margen para disponer de las FFAA en auxilio de la corporación recién creada, facultad que fue efectiva desde el 12 de mayo de 2020.

Con ello quedó escrito que el Ejército y la Marina podrían intervenir legalmente en competencias que antes eran exclusivas de las policías civiles, con vigencia hasta el el 27 de marzo de 2024, prácticamente, lo que resta del sexenio u ocho meses antes de que AMLO concluya su mandato.

Entre enero y diciembre de este 2020, la Sedena contó con 165 mil 454 agentes, la Marina 53 mil 810 y la Guardia Nacional aportó 100,024. En conjunto fueron 89 mil 570 efectivos para las llamadas operaciones de construcción de paz. De estos, 7,900 soldados se dedicaron a erradicar plantíos ilícitos.

AMLO y el avance de la militarización

De acuerdo con analistas consultados por Infobae México, el gobierno de la llamada cuarta transformación ha expandido tareas civiles a manos de las FFAA, lo cual podría sentar las bases del militarismo en el país. Es decir, el empoderamiento de los castrenses para incidir en decisiones políticas. Cuando es la Seguridad Nacional la función primordial de estas dependencias, lejos de su participación progresiva en funciones gubernamentales..

Esto es riesgoso porque conduce a un control social a partir de valores militares, a una aculturación donde soldados y/o marinos pueden inscribirse cada vez más en ámbitos de la Administración Pública federal.

“Los valores militares no son necesariamente los más progresistas del mundo, ese riesgo si es muy importante tenerlo en su justa dimensión, porque no solo es eso, el cambio de las relaciones cívico-militares en la naturaleza del Estado mexicano, sino que también tiene importante riesgo para la población en tanto que son instituciones poco transparentes pero también perpetradoras de violaciones graves a los derechos humanos”, apuntó Lisa María Sánchez Ortega, directora de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

Además, la suma de misiones también implica gran cantidad de manejo de recursos, con autonomía presupuestaria cada vez mayor. Esto, a su vez, causa que las FFAA se expongan a casos de corrupción. Sin embargo, López Obrador tiene tal confianza en “el pueblo uniformado” que solo resalta la eficacia de los militares.

Para 2021, la Secretaría de la Defensa Nacional ejercerá su mayor presupuesto en la historia: 112 mil 557 millones de pesos, es decir, 18 mil 528 millones más que lo otorgado en este año; algo que se ha calificado como “consentir” a los militares.

“El aumento proyectado para la Sedena para el año entrante sería de 15,7% (superando los 112 mil millones de pesos) mientras que para la Semar sería de 2,1% (rebasando los 35 mil millones de pesos). Esto sin contar que la GN crecería su presupuesto en 17,7% y que, de aprobarse la militarización de los puertos y aduanas, la Semar lograría el control de, por lo menos, otros 25 mil millones de pesos”, proyectó un análisis de Sánchez Ortega en noviembre pasado.

Contrario a la austeridad impulsada por López Obrador, el sector militar no ha visto decrecer sus recursos, pues debe llevar a cabo las tareas asignadas y para ello necesita presupuesto.

“Riesgo de corrupción hay porque no se están fortaleciendo las instancias supervisoras del gasto público”, consideró Raúl Benítez Manaut, especialista en Seguridad Nacional y FFAA de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Entre 2019 a noviembre de 2020, la Sedena recibió 50 contratos por adjudicación directa en montos superiores a los 2 mil 481 millones de pesos, según consignó Proceso. Los especialistas coincidieron que se añade la dificultad de revisar esos convenios, porque las FFAA son renuentes a la transparencia.

Por un lado, la participación de los militares en tareas de infraestructura podría responder a un pragmatismo administrativo, es decir, que el presidente encontró aliados idóneos para salir del paso ante proyectos que le urge consolidar; además, al no licitar convenios de obra evita exponerse a incumplimiento de plazos o según ha referido, corrupción de empresas privadas.

“Que nos compremos como ciudadanos ese argumento de que es más fácil y es más rápido, es una falsa salida, porque ni se debe hacer así, ni tampoco se nos están dando garantías de que son las opciones más baratas, libres de corrupción o que generan la posibilidad de profesionalización de un gobierno que tiene la responsabilidad de hacerlo y no a través de las FFAA”, explicó la directora de MUCD.

Benítez Manaut dijo que AMLO era pragmático, pero también abusivo de los militares, porque los sobrecarga de misiones. Al respecto, explicó que el mandatario se ha apoyado en el Ejército porque confía en su eficiencia y no se pueden cuestionar las órdenes del comandante supremo de las FFAA.

“El presidente lo hace porque no confía en la eficacia de la estructura normal de las secretarías de Estado, las considera muy burocratizadas, las considera que son propensas a la corrupción e incluso se puede deber a que considera a las FFAA más leales a su proyecto político, me estoy refiriendo a los sindicatos, los trabajadores pueden entorpecer dichas obras porque tienen afinidades con otras fuerzas políticas”, comentó el investigador de la UNAM.

En ello coincidió Catalina Pérez Correa, profesora e Investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas), quien agregó que López Obrador privilegia la lealtad y aquellos en su gabinete que no están de acuerdo en algunas decisiones, son sustituidos. En cambio, los castrenses se rigen mediante una estructura jerárquica por naturaleza, donde no hay tales cuestionamientos.

“Está bajo la idea errónea de que las FFAA son incorruptibles y pueden ejercer mucho presupuesto y por otro lado esta cuestión de la jerarquía y obediencia, que tiene que ver con su forma particular de gobernar”, resumió la académica del CIDE.

“AMLO es un presidente que decidió desde el principio que no iba a negociar con las entidades federativas, que no iba a negociar con los otros poderes y que al contrario, iba a manejar el poder desde el gobierno, básicamente de un solo hombre, y para lograr todo lo que se ha planteado necesita estructuras eficientes, verticales, dentro de su esfera de control y las FFAA las maneja el Ejecutivo”, añadió Sánchez Ortega.

Para Raúl Benítez Manaut es importante que sea determinada una temporalidad del uso de los militares en México. Si es un proyecto a largo plazo, se trata de un acuerdo entre altos mandos y el presidente. Aunque después del gobierno lopezobradorista queda por ver si permanecerá la recurrencia al Ejército, porque esto significará una desnaturalización de las FFAA, debido a que su tarea es resguardar la Seguridad Nacional.

López Obrador se ha amparado en la Ley Orgánica de la dependencia, misma que en su artículo primero, fracción IV, refiere como una de las funciones de la institución castrense: “realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país”. Ese es el margen que ha reiterado desde principios de diciembre pasado.

Según esa visión, las FFAA deben colaborar al desarrollo de México y explotar su conocimiento profesional. Sin embargo, el investigador de la UNAM advierte que los soldados no tienen una estructura tan amplia para cumplir con las asignaciones, de modo que deberán crearla.

Por ejemplo, el especialista comentó que a esto se debe la estrategia de flexibilizar el reclutamiento de civiles, según se establece en el plan sectorial de la institución para el sexenio de AMLO; aunque Sánchez Ortega lo atribuyó al hecho de asegurar el despliegue permanente para las nuevas misiones y poblar rápidamente a la GN.

Sobre la competencia en Seguridad Pública, Lisa Sánchez insistió en que la fórmula de usar al Ejército no ha funcionado en los dos últimos sexenios. Pérez Correa ubicó que con esta decisión impulsada por el gobierno de Felipe Calderón, comenzó el proceso de militarización en México.

“No ha dado resultados en el sentido de que no puede construir seguridad sostenible en el largo plazo y no puede construir seguridad ciudadana, comunidades más seguras en el largo plazo, donde lo importante son los ciudadanos y no necesariamente el conflicto con el Estado”, refirió la directora de México Unido Contra la Delincuencia.

Además, se puede diluir la responsabilidad administrativa entre el Ejército y las autoridades locales. Al encargar labores de vigilancia a los militares, estos tienen un margen de negociación diferente entre cada municipio y estado. De modo que es complicado evaluar el alcance y vigencia de esos convenios de colaboración.

“Eso de entrada ya le da un grado de mayor poder al Ejército porque es capaz de incrementar sus responsabilidades y sus derechos en cada uno de esos convenios por encima de lo que marca la Ley Federal con la letra constitucional”, explicó Sánchez Ortega.

Cuando los gobiernos municipales o de la entidades piden auxilio de los militares, habitualmente redirigen el recurso etiquetado para fortalecer a las policías y fiscalías locales. Entonces no hay mejor seguridad ni se invierte en fortalecer los sistemas de procuración de justicia.

“Nunca he visto un presidente municipal, un gobernador cuya carrera política se cancele porque la estrategia no haya funcionado, al final del día siempre cuentan con un recoveco para decir: ‘se necesita más y mayor presencia de las FFAA en lugar de decir ‘fallamos miserablemente en la construcción de policías, desechamos la responsabilidad a estos que no les tocaba y de todos modos la cosa no salió’”, según describió, Sánchez Ortega, maestra en Gestión Pública y Gobernanza por la London School of Economics.

Por ello apeló a que no sea abandonada la obligación constitucional de tener buenas policías y dependencias ministeriales, para cambiar la narrativa de que el Ejército es la única vía.

En última instancia, tanto el investigador de la UNAM como la directora de MUCD coincidieron en que la militarización es una tendencia regional, pero no por eso debe ser normalizado en México, mucho menos, dejar de señalarlo. En países donde hubo dictaduras militares como Argentina o Chile, las discusiones cobran mayor relevancia, porque el gobierno de castrenses está fresco en la memoria.

Apuntaron que en Brasil hay militarización con militarismo establecido, porque mandos retirados o en activo se han instalado en puestos administrativos como la Salud. El ascenso de los militares también se ha observado en Colombia y República Dominicana.

“El Instituto armado jamás ha buscado ni buscará protagonismo porque nuestra esencia es servir a la patria. Así pues, es evidente que no anhelamos ningún poder porque nuestra razón de ser está alejada de pretensiones políticas o de otro tipo. Es evidente que no anhelamos ningún poder, porque el poder supremo de la federación se divide en Legislativo Ejecutivo y Judicial, perfectamente definidos en nuestra Carta Magna.

“Es evidente que no anhelamos ningún poder, porque dependemos del Ejecutivo a cuya autoridad nos subordinamos por Ley y por la decisión democrática del pueblo de México, pero sobre todo por convicción con esa subordinación al poder civil cumplimos las misiones generales que tenemos asignadas y trabajamos en proyectos prioritarios encaminados al desarrollo de nuestro país sin que ello signifique perder nuestra naturaleza o razón de ser”, dijo Luis Cresencio Sandoval el 20 de noviembre pasado en su discurso por el 110 aniversario de la Revolución Mexicana y para resaltar su lealtad institucional.

Pese a que el titular de la Sedena ha dicho que sus elementos no aspiran al poder político, lo cierto es que en dos años de gobierno y con iniciativa del presidente, el Ejército cada vez abarca mayores espacios como nunca lo habían hecho dentro del ámbito civil. Consultada al respecto de la militarización y por canales disponibles, la institución no respondió a este medio.

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