La Fiscalía General del Estado de Puebla vinculó a proceso a Miguel “N”, el quinto sujeto aprehendido por el caso del accidente aéreo ocurrido 2018, en el que murió la entonces gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo, su esposo, el senador Rafael Moreno Valle y tres personas más.
Lo anterior luego de que en una audiencia y ante los datos probatorios que presentó el Agente del Ministerio Público, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Miguel “N” por los delitos de homicidio a título de culpa, daño en propiedad ajena a título de culpa y falsedad en declaraciones dadas a una autoridad.
De tal modo, como medida cautelar el imputado permanecerá en prisión preventiva, igual que las otras cuatro personas aprehendidas que también trabajaban en Rotor Flight Services, empresa relacionada con el funcionamiento de la aeronave.
Los otros sujetos fueron aprehendidos por los mismos delitos que Miguel “N”. El pasado 30 de diciembre, abogados de los empleados mencionaron a Televisa News que notificaron a la empresa “Servicios Aéreos del Altiplano”, dueña de la aeronave, sobre las fallas en el sistema de estabilidad, por lo que no podía volar.
Asimismo, argumentaron que estos imperfectos los reportaron 11 días antes del accidente y que la empresa era la responsable de autorizar el reemplazo de la pieza para reparar la aeronave y así esta pudiese volar sin complicaciones. Sin embargo, detallaron que la pieza nunca se cambió e incluso se realizaron un par de vuelos antes del accidente.
También destacaron la responsabilidad del piloto, pues él era “la máxima autoridad en el momento del despegue. Si él consideraba que había algún tipo de desperfecto, inmediatamente tenía todo el derecho de no volar, así fuera el presidente de la República”.
Pese a conocer y analizar los argumentos presentados por los defensores, el juez tomó la decisión de dictar la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que tres de los implicados fueron trasladados al penal de Huejotzingo. Otro de ellos permaneció en el centro de detención de San Miguel en espera de ser trasladado.
Este accidente sucedió el 24 de diciembre de 2018 en Coronango, Puebla. Según el dictamen de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se ocasionó debido a que uno de los actuadores lineales de alabeo, que son los que mueven las aspas y dan estabilidad a la aeronave, tenía dos tornillos sueltos.
“Fue la pérdida de control de la aeronave debido a un alabeo repentino hacia la izquierda, que no fue recuperado por el piloto al mando y provocó el impacto”, detalló el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú al presentar el dictamen final en la conferencia matutina de Palacio Nacional en marzo del 2020.
En esa conferencia se detalló que al analizar la bitácora de vuelo se encontró que el 13 de diciembre (días antes del accidente), estaba dañado el actuador lineal del sistema de aumento de estabilidad número dos y necesitaba reemplazo; sin embargo, la aeronave siguió operando.
Por otra parte, durante la audiencia del pasado 29 de diciembre, también se dio a conocer que la señora Agustina Flores, dueña del predio donde cayó el helicóptero, exige el pago de 237,000 pesos por la pérdida de su cosecha de maíz y por los daños causados a su terreno.
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