De Pío a Felipa: la propia familia de López Obrador ha comprometido su lucha contra la corrupción

Andrés Manuel López Obrado llegó al gobierno de la República enarbolando un discurso anticorrupción, el cual hizo click con una sociedad mexicana que ya estaba harta de los abusos y saqueos protagonizados por gobiernos anteriores.

Ahora, ya instalado en el poder, y desde su atril de Palacio Nacional, cada mañana López Obrador asegura que su gobierno acabará con este mal “que tanto ha dañado a México”. “No somos iguales”, ha enfatizado una y otra vez.

Pero en los hechos las cosas son muy distintas. Su familia cercana ha sido evidenciada en casos de corrupción y nepotismo, sin que hasta el momento haya pasado algo.

La prima

El caso más reciente involucra a Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima hermana del presidente. Una investigación del portal Latinus, propiedad del periodista Carlos Loret de Mola, reveló que la empresa de Felipa, Litoral Laboratorios Industriales, ha sido beneficiada con contratos de Pemex por más de 365 millones de pesos.

La compañía ganó en 2020, junto con otras empresas, tres contratos por 133 millones de pesos para llevar a cabo análisis de aguas, evaluación de ruido y caracterización de hidrocarburos y químicos en instalaciones de Pemex Exploración y Producción.

Pero además, la misma compañía ganó en 2019, junto a Marinsa de México, un contrato por 231 millones de pesos para introducir productos químicos a pozos que están en aguas someras frente a la península de Yucatán, el cual caducará hasta el 2022.

La investigación periodística fue dada a conocer el jueves 03 de diciembre. A la mañana siguiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer “con exactitud” el asunto, pero insistió en que su gobierno no permitirán actos de corrupción, de nepotismo o influyentismo, de algún miembro de su familia.

“(...) Y yo ya he dicho que no me pertenezco, yo no le puedo fallar al pueblo. Entonces no se puede permitir, la corrupción, la impunidad, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo.. ninguna de esas lacras de la política… Entonces si un familiar hace algo indebido, se le debe de juzgar, aunque se trate de un hijo”, enfatizó.

El mandatario recordó que en junio del 2019, estableció un memorándum en el que se comprometió a no aceptar “bajo ninguna circunstancia” a que algún miembro de su familia pueda hacer negocios con el gobierno”.

El sábado 5, la propia Felipa Obrador aseguró a través de su cuenta de Twitter, que todo se trataba de calumnias y que el lunes 7 de diciembre se presentaría en la conferencia mañanera de su primo para aclarar la situación.

“Todos los señalamientos y calumnias vertidas en mi contra por el periodista Carlos Loret de Mola serán aclarados en la conferencia presidencial del día lunes 7 de diciembre por mí misma. Mientras tanto los invito a no anticipar juicios, que tengan un excelente fin de semana”, puntualizó.

Pero Felipa nunca llegó a la mañanera del lunes 7 de diciembre. Sin embargo, ese mismo día, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que rescindiría los contratos con la empresa Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa Obrador.

A través de un comunicado, Pemex aseguró que desde el viernes 4 de diciembre giró instrucciones para proceder “a la rescisión de cualquier contrato en los que la empresa Litoral Laboratorios Industriales SA de CV participe directamente o en conjunto con otras empresas”.

Además, señaló que “el presidente de México ha sido y es categórico en el sentido de que por ninguna circunstancia se permita la asignación de contratos a sus familiares”.

Sin embargo, Pemex -encabezado por Octavio Romero Oropeza, ingeniero agrónomo de profesión y amigo personal de Andrés Manuel López Obrador-, no dejó pasar la oportunidad para defender al gobierno de la 4T.

Aseguró que algunas notas periodísticas -en alusión al reportaje- “responden a una clara intención de dañar la reputación del gobierno. Desdeñan avances significativos y magnifican escándalos”. Y que por ese afán no informan de las acciones promovidas por el gobierno para fomentar la integridad y ética empresarial, así como para contrarrestar “el fenómeno complejo de la corrupción en todas sus vertientes”, enfatizó la empresa productiva del Estado.

El sábado 12 de diciembre, diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) interpusieron una denuncia contra Felipa Obrador en la Fiscalía General de la República (FGR), acusándola de presunto tráfico de influencias en la asignación directa de contratos para beneficiar a una empresa de su propiedad.

Los legisladores perredistas solicitaron a la FGR realizar la investigación y, en su caso, castigar penalmente a los presuntos responsables.

Los “videoescándalos” del hermano incómodo

El pasado 20 de agosto, el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer un video que data de 2015, en el que se veía a Pío López Obrador, hermano del presidente, recibiendo fajos de dinero en efectivo de manos de David León, quien había sido nombrado recientemente por el mandatario como el nuevo zar anticorrupción para las medicinas.

Pío recibió recursos durante al menos un año y medio del operador político del gobierno de Chiapas, para construir la campaña con la que Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia. La grabación la realizó el propio David León, quien entregó el dinero.

La transmisión del video fue una bomba que puso en entredicho la veracidad del discurso anticorrupción del presidente, ya que su propio hermano, había sido “atrapado con las manos en la masa”.

Al día siguiente, durante su tradicional conferencia mañanera, Andrés Manuel López Obrador justificó el hecho asegurando que no se trataba de corrupción, sino que fueron “aportaciones” para fortalecer el movimiento. Incluso se atrevió a decir que las imágenes eran una reacción de sus adversarios a su decisión de acabar con la corrupción.

Miembros del PAN y del PRD presentaron una denuncia contra Pío López Obrador, pero el hermano del presidente decidió interponer una demanda contra el responsable de la difusión de los videos. Pío López también pidió que se le reconozca como coadyuvante de la fiscalía y que ésta inicie una carpeta de investigación sobre la divulgación del material.

En la demanda del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, calificó la divulgación de los videos como “hechos presuntamente constitutivos de delitos cometidos en agravio de su persona y de su familia (…) a través del espacio de comunicación Latinus, dirigido por el periodista Carlos Loret de Mola”.

Además aseguró que toda comunicación reservada o secreta se encuentra protegida por el sistema jurídico, de manera que la divulgación de las conversaciones con David León Romero son totalmente ilícitas.

Es por eso que pidió castigar penalmente a quien divulgó los videos. Las sanciones podrían ir de seis a 12 años de prisión y 300 a 600 días de multa.

Luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encabezada por Santiago Nieto realizara una “investigación”, determinó que no encontró indicios de lavado de dinero o triangulación de recursos sobre las finanzas del hermano del presidente ni de David León. Sin embargo, señaló que aún faltaba determinar si se habían cometido delitos electorales.

El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó una investigación, pero a finales de noviembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) informó que el proyecto que pretendía desechar la queja de Pío López Obrador, hermano del presidente de México, en contra de las investigaciones del INE fue revertido.

El proyecto, encabezado por el magistrado Indalfer Infante González, proponía desechar la queja que el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador interpuso, para que el INE no siga con las investigaciones en su contra, al considerar que tales actos “carecen de legitimidad y firmeza”. Sin embargo, otros magistrados argumentaron lo contrario.

De tal modo que el Tribunal Electoral analizará a detalle si el INE debe continuar con las investigaciones en contra de Pío López. Aún no se llega a una determinación.

Las cuñadas

Carol Jessica Moreno Torres, esposa de Arturo López Obrador (otro hermano del presidente), también causó polémica luego que fue denunciada por el presunto desvío de 80 millones de pesos cuando se desempeñaba como oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz.

El contralor del estado, Guillermo Moreno Chazzarini, informó que en el desvío millonario se habrían utilizado 20 empresas fantasma en la Secretaría de Educación de Veracruz y aseguró que Moreno Torres estuvo al frente de la Oficialía Mayor de la dependencia, por lo que denunció a la cuñada del mandatario, así como contra quien resulte responsable.

El esquema es muy parecido al utilizado por el exgobernador veracruzano, Javier Duarte (quien se encuentra preso) y al de la Estafa Maestra, en el que a través de 11 dependencias del gobierno de Enrique Peña Nieto, desviaron 7, 670 millones de pesos, caso por el cual se encuentra presa Rosario Robles Berlanga, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el sexenio anterior.

La otra cuñada del presidente señalada de corrupción es Concepción Falcón, esposa de Ramiro López Obrador. Está acusada de un presunto faltante de 223 millones de pesos del presupuesto del municipio de Macuspana, Tabasco, en donde era síndica de Hacienda.

A inicios del pasado mes de septiembre, Roberto Villalpando Arias, alcalde de Macuspana, Tabasco –municipio de donde nació el presidente Andrés Manuel López Obrador–, solicitó licencia permanente a su cargo, igual que otros 11 regidores del gabinete local, entre los que se encontraba la síndica del Ayuntamiento, Concepción Falcón Montejo.

Además de ese puesto, Falcón Montejo también desarrolló sus actividades como Segunda Regidora y Primer Síndico de Hacienda, de acuerdo con el organigrama del sitio web de Macuspana.

De acuerdo con versiones periodísticas, una revisión de la Comisión Inspectora de Hacienda del Congreso local reveló que del ejercicio del 2019, el Ayuntamiento sumó inconsistencias por 103 millones de pesos, mientras que en 2020 tuvo otras por 120.3 millones de pesos.

Las irregularidades en ambos años corresponden al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun).

Hasta el momento, en ninguno de los casos en los que algún familia se ha visto envuelto en casos de corrupción, ha sido castigado.

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