Este martes se cumplen 23 años de una lamentable hecho que enlutó al estado de Chiapas y conmocionó al país entero, con eco internacional incluído.
La madrugada del 22 de diciembre de 1997 –durante el sexenio de Ernesto Zedillo– un grupo de indígenas tzotziles de la organización “La Abejas” ––grupo de origen Maya-Tzotzil, cristiano y pacifista, cuyo objetivo es promover la paz, la justicia y el anti-neoliberalismo–– rezaba en una pequeña iglesia cristiana protestante en el municipio de Chenalhó, ubicado en la región de Los Altos de Chiapas, cuando un grupo de paramilitares los atacó a muerte.
Fueron seis horas las que duró la masacre en la que el grupo armado se dedicó a asesinar a los miembros de la comunidad, dejando un saldo de al menos 18 niños, 22 mujeres y seis hombres fallecidos.
Estas muertes generaron la indignación local e internacional. Eso debido a que la versión oficial apuntó que los hechos fueron producto de las disputas entre grupos locales. Sin embargo, en las comunidades de la zona denunciaron como responsables a grupos de priístas armados y entrenados por paramilitares.
Y es que distintos opositores y grupos defensores de derechos humanos consideraron que estos como parte de una estrategia del gobierno para desarticular la base social de la localidad de Acteal. Aunque Las Abejas rechazaron siempre que su intención fuera unirse al entonces Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ELZN, opositor al gobierno), se cree que el gobierno de Zedillo armó a paramilitares de la zona –en ese momento había al menos una decena de grupos en Chiapas– para evitar precisamente que se unieran es ese grupo.
Años después, en agosto del 2006, decenas de sospechosos fueron arrestados y condenados a penas de hasta 25 años de cárcel en 2007 por un juez federal. Aunque varios han sido liberados por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha considerado como irregularidades en sus procesos, señalando que la entonces PGR les fabricó pruebas para inculparlos.
Sin embargo, los activistas que defienden esta causa señalan que los detenidos sí fueron quienes ejecutaron los ataques en contra de las decenas de víctimas, pero debido a que fueron orquestados por el Estado, se tenía la deuda con ellos de liberarlos.
Mientras que ante la falta de explicaciones, 10 presuntas víctimas de Acteal demandaron en septiembre de 2011 al expresidente Ernesto Zedillo (1994-2000) ante una Corte Internacional por su posible responsabilidad en el caso. Pero Las Abejas se deslindaron de tales denuncias, señalando a opositores políticos de Zedillo, e incluso a su antecesor Carlos Salinas, de interponer tales demandas.
En 2012, Estados Unidos concedió inmunidad diplomática al exmandatario priísta, quedando protegido frente al posible resultado negativo de la demanda presentada ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).
Por otro lado, el pasado mes de septiembre el Estado mexicano reconoció su responsabilidad y ofreció disculpas a los sobrevivientes de aquel suceso, así como las familias de las 45 personas que fueron asesinadas.
Desde la sede de la Secretaría de Gobernación, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, reconoció el papel del Estado en este hecho y se disculpó con las víctimas por “la falta de respuesta de las autoridades responsables de procurar e impartir justicia en nuestro país”.
Además de esta postura, se llevó a cabo la firma de un acuerdo de solución amistosa entre las víctimas, familiares de los fallecidos y el Estado, donde “se manifiesta la suma de voluntades para asentar el reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano de los graves acontecimientos ahí sucedidos”.
En tanto, el Concejo de la organización de la Sociedad Civil “Las Abejas” de Acteal, representantes de las víctimas, emitieron unos minutos después un pronunciamiento donde señalan que, con dicho acuerdo, finalmente el Estado Mexicano decidió hacer efectivo el reconocimiento de responsabilidad pública por la Masacre.
Desde el Concejo de la Organización de la Sociedad Civil “Las Abejas” de Acteal señalaron que en ese acuerdo se afirma que en todo momento las víctimas sobrevivientes tenían la razón, decían la verdad y falló la versión oficial formulado por el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León que mantuvieron hasta la administración de Enrique Peña Nieto en el que sostienen que la Masacre de Acteal fue un conflicto intercomunitario y que no tuvo nada que ver el estado mexicano
Además, sostuvieron que con ello se permitirá que de manera gradual el Estado mexicano repare el daño causado en contra de la vida e integridad de los sobrevivientes de Acteal “para que ya no sigan más en el olvido y en el abandono”.
Fernando Luna Pérez, víctima y representante del ataque en Acteal, declaró que con este acuerdo, la palabra de su comunidad “encontró un lugar en las páginas de la historia moderna de México, porque permaneció la verdad de los sobrevivientes que sostenemos: la masacre de Acteal es un crimen de Estado de lesa humanidad y caducó la mentira de Ernesto Zedillo”, entonces presidente de México.
Además de aceptar las disculpas, Luna Pérez solicitó que inicie una investigación en contra de Zedillo y de su cadena de mando, “porque hacer justicia desde el más alto nivel de gobierno significa garantizar la no repetición de estos hechos”.
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