Javier Duarte de Ochoa anunció que el abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana dejará de ser su defensor legal por problemas económicos que le impiden pagar sus honorarios. En su lugar, informó, el abogado Pablo Campuzano de la Mora asumirá las labores de defensa.
El ex gobernador de Veracruz (2010-216), sentenciado en 2018 a nueve años de prisión por delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, realizó el anuncio a través de su cuenta oficial de Twitter, en la que escribió:
Por cuestiones meramente económicas ante la imposibilidad de poder pagar sus honorarios a partir del día de hoy el abogado @RSReyesRetana deja mi defensa legal, agradeciéndole infinitamente por su amistad, profesionalismo y solidaridad durante todo este tiempo que me representó
El veracruzano, preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México desde el 17 de julio de 2017, aclaró quién proseguirá con la labor de defenderlo legalmente:
El abogado #PabloCampuzanoDelaMora quien me ha acompañado desde el inicio de todo este tortuoso proceso judicial será a partir de hoy el titular de mi defensa legal
Ricardo Sánchez es un abogado especializado en materia penal, con más de 25 años de trayectoria. Egresado de la carrera de Derecho de la Universidad Marista de México. Además de desempeñarse como defensor de Javier Duarte desde 2018, Sánchez Reyes representó al exgobernador de Chihuahua, Cesar Duarte Jáquez, acusado de desviar 1,200 millones de pesos del gobierno estatal.
Ambos gobernadores fueron electos gracias al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que finalmente se deslindó de sus acciones y los expulsó de su padrón.
Por su parte, Pablo Campuzano de la Mora es un abogado penalista de la firma Del Toro Carazo Abogados, no sólo conocido por defender a Javier Duarte, sino también a Elba Esther Gordillo y Napoleón Gómez Urrutia. Campuzano ha trabajado para diversas firmas como Del Toro Carazo Abogados; Zinser, Esponda y Gómez Mont; López Alonso Abogados, y Félix Cárdenas.
Javier Duarte renunció a la gubernatura de Veracruz en octubre de 2016, bajo cuestionamientos de su participación en el desvío de decenas de millones de pesos a través de una red de empresas fantasmas que se benefició de contratos gubernamentales, información que alcanzó el conocimiento público a partir de una investigación periodística.
El ex gobernador escapó de la justicia, acompañado de su esposa Karime Macías, pues días después de su renuncia la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) emitió una orden de aprehensión en su contra.
En abril de 2017, Duarte de Ochoa fue detenido en Guatemala. Pablo Campuzano, quien desde entonces se desempeñó como su defensor, se trasladó a dicho país para acompañar el proceso de extradición a México del ex gobernador.
En mayo de 2020, un tribunal federal confirmó la sentencia de 9 años de prisión para Javier Duarte de Ochoa. La magistrada Isabel Porras Odriozola, del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de Ciudad de México, consideró legal el proceso penal puesto que el exgobernador de Veracruz aceptó declararse culpable.
Sin embargo, la magistrada revocó todos los decomisos de las 41 propiedades ligadas a Duarte, pues señaló que se trata de bienes de otros procesados que aún no son condenados, y por lo tanto debe esperarse hasta el cierre total de caso. Las propiedades se dividen en 21 terrenos ejidales en Campeche y 20 casas y departamentos ubicados en Veracruz, Ciudad de México, Estado de México y Guerrero.
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