El INE (Instituto Nacional Electoral) publicó este martes el registro que le ordenó el Tribunal Electoral donde se enlistan a todas las personas que cometieron violencia política de género, los cuales no podrán participar en elecciones a cargos públicos.
El Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, está disponible para consulta a través de la página web del Instituto. Hasta el momento, el registro cuenta ya con dos personas sancionadas: dos hombres.
Se trata de dos servidores públicos, uno de Querétaro y otro de Campeche, que cometieron violencia de pares y jerárquica, respectivamente, de acuerdo con la base de datos consultada por Infobae México. El primero permanecerá en el registro hasta noviembre de 2021 y el segundo hasta marzo del mismo año.
En el registro aparece también el puesto que ocupan que tiene las personas al momento de ser sancionadas, el ámbito territorial, los datos de identificación de la resolución que soporta su inscripción, la autoridad que lo condenó y la sanción, la fecha de la resolución, el tiempo que habrá de permanecer y si su conducta es reincidente.
Adicionalmente, el micrositio incluye diversos gráficos que permiten a la ciudadanía y a quienes realizan algún estudio académico analizar de manera estadística, geográfica o numérica cómo se está dando la violencia política en razón de género a lo largo y ancho del país, por clasificaciones y discriminando por tipo de cargo, entidades federativas, ámbito territorial y autoridad.
“Creemos que esta información va a ser de mucha utilidad para la investigación, pero sobre todo para erradicar este mal democrático”, Carlos Ferrer estimó el Director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.
Y es que a finales de julio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó INE crear un registro de personas sancionadas por violencia política de género y hacerlo público “para tomarlo en cuenta en las próximas elecciones”.
A partir de esta resolución, el Consejo General del INE aprobó, a finales de octubre y por unanimidad, los lineamientos, las normas específicas, para implementar la reforma que tipifica la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Dentro de los lineamientos aprobados, destacan el mandato de capacitación en materia de género para todos los funcionarios electorales y la iniciativa “3 de 3 contra la violencia política hacia las mujeres”.
Dicha iniciativa permitirá que se le niegue el registro de candidatura para puestos de elección popular a cualquier hombre que cuente con antecedentes de denuncia, investigación, proceso o condena por violencia familiar, doméstica, o cualquier agresión de género.
Esto incluye antecedentes de denuncia, investigación, proceso o condena por delitos sexuales o delitos contra la libertad sexual e intimidad corporal, o si está registrado como deudor alimentario o moroso y atente contra sus obligaciones alimentarias.
El INE explicó este martes que el Tribunal Electoral “concibió esta base de datos como un instrumento que permita verificar que los aspirantes a un cargo de elección popular cumplan con el modo honesto de vivir para registrar su candidatura”.
Ferrer, por su parte, recordó que la sentencia del TEPJF no contempla la inscripción de los infractores en el registro como una sanción propiamente, sino como una “forma de reparación integral” que deben ejercer las autoridades como garantía de no repetición.
El objetivo de este registro, añadió, es poner a disposición del público en general la información sobre las personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género y contribuir a la prevención de la violación de sus derechos humanos, además de ser una herramienta con fines electorales.
No tengo la menor duda de que vamos en la dirección correcta, el camino todavía es largo por recorrer, pero estamos haciendo avances muy importantes en pos de la igualdad
Ferrer Silva aseguró que, al ser el INE el encargado de administrar esta herramienta, hay una total disposición a las mejoras y cambios necesarios para perfeccionar el registro en la medida de lo posible como parte del compromiso institucional para erradicar este fenómeno.
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