Descontento, secrecía y una llamada clave: así fue la tensión entre México y EEUU por el caso Cienfuegos

La noticia conmocionó a México: el primer general secretario de la Defensa Nacional detenido por cargos de narcotráfico en Estados Unidos. Salvador Cienfuegos Zepeda fue arrestado el 15 de octubre de este año apenas llegó al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, en California. Luego de ello, analistas consideraron que las relaciones bilaterales habían sido golpeadas, pues el caso tomó por sorpresa al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El 16 de octubre, tras la detención del general, AMLO dijo que haría una limpieza en el Ejército y removería a quienes estuviesen involucrados con el ex titular de la Sedena en la administración de Enrique Peña Nieto. Mencionó que respaldaba a las Fuerzas Armadas y la presunta conducta criminal de Cienfuegos no mancharía a la institución. Un día después, reculó: primero deberían ser probados los cargos y esperaría información de las autoridades norteamericanas.

Desde el 14 de agosto del 2019, los fiscales de la Corte del Distrito Este de Nueva York presentaron evidencia ante el Gran Jurado en que se sustentaba la probable comisión de delitos criminales por parte del ex funcionario mexicano. Esa instancia accedió a fincar acusaciones el Indictment. Con ese antecedente, el militar fue arrestado por agentes federales en California. Las imputaciones en su contra eran tres referentes a conspiración para manufacturar, importar y distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana, además de un cargo por lavado de dinero.

Aunque Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, comunicó del arresto de Cienfuegos, media hora antes ya circulaba la versión en redes sociales. El canciller mexicano fue notificado por Christopher Landau, embajador de EEUU en México.

Pasados seis días de la detención, el 21 de octubre, Landau y Ebrard sostuvieron una reunión en la cancillería. El funcionario mexicano expresó su sorpresa y descontento porque la administración de AMLO no fue enterada con antelación de las indagatorias contra quien fuera titular de la Sedena.

La tensión diplomática crecía. Por un lado, AMLO se veía presionado por las Fuerzas Armadas, institución en que ha depositado su confianza para tareas de seguridad, como otras actividades fuera de su competencia: la construcción de obras y participación en programas sociales. Pues le reclamarían que actuara para salir en defensa de la imagen institucional. El descrédito no era menor.

Por otra parte, analistas comentaban que al interior del Ejército crecía un ala de inconformes que planteaban cortar toda cooperación con Estados Unidos, debido a que no informó de las indagatorias. Otros refirieron que se había transgredido la soberanía y cuestionaron que la Administración del Control de Drogas (DEA) siguiera operando en México con tal discrecionalidad. La confianza estaba herida.

“Los vecinos de confianza con respeto mutuo no se tratan así”, dijo Craig Deare, quien fuera Director Principal de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de EEUU.

Para el 26 de octubre, Ebrard llamó al fiscal de EEUU, William P. Barr, y le reiteró el descontento planteado a Landau, por la falta de información compartida, pues hay un acuerdo con México en contra de la delincuencia organizada. Ambos países son aliados y uno de ellos no reportó del caso que revestía trascendencia, incluso, de Seguridad Nacional.

El 28 de octubre, la cancillería mexicana envió una nota diplomática a la embajada de EEUU manifestando su “profundo extrañamiento” porque no se compartieron datos, independiente a si el general era culpable o inocente. Un día después de esto, el 29, Marcelo Ebrard reveló en la conferencia matutina del presidente que había mostrado su inconformidad por escrito y de manera verbal.

Ese mismo 28 de octubre, Christopher Landau reveló que conocía del caso contra Cienfuegos desde que arribó a México para su cargo diplomático, el 16 de agosto del 2019. Pero no podía confiárselo ni a sus más cercanos.

Tan pronto como llegó la misiva a autoridades de EEUU, fue girado un oficio el 29 de octubre por parte del ministro consejero de la embajada norteamericana. El documento estaba suscrito por el administrador interino de la DEA, Timothy Shea. Un anexo de 743 páginas refería comisiones constitutivas de delitos que involucraban al general Cienfuegos. La carta fue recibida por Roberto Velasco, director general para América del Norte, el 30 de octubre.

Luego, el 2 de noviembre, Ebrard turnó el oficio, junto con lo anexado, al fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, para que analizara lo correspondiente en el ámbito de su competencia. Cuatro días más tarde, el canciller mexicano sostuvo una segunda llamada con William P. Barr, en la cual, Ebrard reportó haber enviado a la FGR el documento.

Ese mismo 6 de noviembre, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que solicitó de manera formal, en términos de la asistencia jurídica mutua, que fuera envida evidencia del caso contra Cienfuegos Zepeda, en poder del Departamento de Justicia.

Dos días antes de este evento, el Senado de la República envió una nota diplomática a la embajada de EEUU para que proporcionara información, bajo el argumento que se trataba un tema de seguridad nacional. Los legisladores pedían conocer desde cuándo habían iniciado las investigaciones, la calidad de los testigos, es decir, si eran protegidos, colaboradores, de oídas o presencias, así como la institución judicial que llevaba el caso y los pasos que seguían en el proceso.

Fue hasta el 11 de noviembre que el gobierno de México recibió la evidencia solicitada por la FGR. Los documentos venían en valija diplomática y de forma íntegra, fueron remitidos a la instancia encabezada por Gertz Manero. Finalmente, este 17 de noviembre, las fiscalías estadounidense y mexicana informaron que el Departamento de Justicia solicitó desestimar los cargos penales contra Cienfuegos y, en consecuencia, será juzgado en México.

Según Raúl Benítez Manaut, analista de la relación bilateral y experto en Fuerzas Armadas, la presión contra AMLO por parte del Ejército fue muy fuerte. Para Alexei Chévez ambos gobiernos ganaron y se demostró que autoridades de EEUU confían en sus homólogas mexicanas para que se haga justicia.

Marcelo Ebrard dijo que regresar a Cienfuegos sin cargos de EEUU no abría camino a la impunidad, pues, desde el 15 de octubre, la FGR abrió una carpeta de investigación.

“No lo vemos como un acto de impunidad, sino como un acto de respeto a México y a nuestras fuerzas armadas”, aseguró el canciller, quien agregó que el general volverá como un ciudadano más. Y si hay imputaciones, tendrán que sustentarse.

Por ahora, queda el trámite de la extradición de Cienfuegos y que la FGR, si es el caso, juzgue y pruebe delitos que habrían sido cometidos en México. Pues según las autoridades norteamericanas, el ex titular de la Sedena habría beneficiado al Cártel H-2 entre 2015 y 2017.

Este miércoles 18 de noviembre, a las 10:00 horas (tiempo local), la jueza Carol Bagley Amon tendrá la última palabra para cumplir un mero trámite, pues no hay delitos qué perseguir.

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