Los Zetas: la organización criminal que terminó con la vida de Maricela Escobedo y mantiene en la cárcel al Teniente Francisco Soto

Marisela Frayre Escobedo murió tres veces. La primera en agosto de 2008 cuando mataron a su hija, Rubí Marisol, de 16 años. Torturada y ultimada por su pareja, Sergio Rafael Barraza, la joven fue una de las 10 mujeres asesinadas aquel año en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La segunda ocurrió cuando en un fallo inconcebible, la justicia mexicana absolvió al feminicida de Rubí. La tercera fue su propia muerte, en diciembre de 2010, al recibir un balazo en la cabeza mientras exigía justicia frente al Palacio de Gobierno del estado fronterizo.

Marisela caminó kilómetros para protestar, recorrió México para dar a conocer su historia de impunidad y frente a la incompetencia de las autoridades, investigó y encontró al asesino de su hija. “Quisiera que el feminicidio de Rubí el último en el país”, clamaba la mujer. Sin embargo, su deseo no se cumplió. Doce años después, en México diez mujeres son asesinadas al día, según cifras oficiales.

El 16 de diciembre de 2010 —nueve días antes de Navidad— Marisela llevaba más de una semana protestando y durmiendo fuera de la sede gubernamental, con pancartas que exhibían la impunidad frente al caso de su hija.

Rubí vivía en el municipio de Ciudad Juárez. Su cadáver se encontró en agosto de 2008, en un tiradero de restos porcinos. En los próximos dos años, su imagen presidió altares, cartulinas, cruces de madera, ángeles de escayola, y fotografías que recreó su madre, Marisela Escobedo.

Se llamaba Rubí Marisol Frayre Escobedo, tenía 16 años y vivía en uno de los municipios más golpeados por la violencia contra la mujer. Aunque su historia pudo ser la de Verónica, Isabel, Fátima.

Meses después del feminicidio se emitieron órdenes de aprehensión para el esposo de Rubí, Sergio Rafael Barraza, pero cuando parecía resuelto, el peor de los errores estaba por llegar. Un veredicto de tres jueces absolvió de toda culpa al hombre. Nadie entendió cómo pudo pasar aquello, pero Sergio estaba libre y ya no podría ser juzgado por la muerte de Rubí.

Aquello fue como si la hija menor de Marisela hubiera muerto de nuevo. Después de haber sido condenado, lo soltaron.

Marisela no entendió nunca por qué algo que resultaba tan obvio —como que el feminicida confeso era la pareja de su hija— encontrara tantos problemas legales. Después de los hechos, la también activista se dedicó a hablar de la falta de sensibilidad de las autoridades.

La de Rubí y Marisela se convirtió entonces en un recorrido por los años clave en la historia de violencia y crimen del país: desde las muertas de Juárez, hasta “la guerra contra el narcotráfico” que declaró el ex presidente, Felipe Calderón (2006-2012).

Escobedo inició una serie de protestas para exigir la recaptura del asesino de su hija. Participó en marchas e hizo peticiones a las autoridades. En una ocasión se paseó por las calles de Ciudad Juárez con una foto del asesino de su hija pegado a su cuerpo. Tras haberlo intentado casi todo, el 8 de diciembre de 2010 inició un plantón frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua.

Ahí, el 16 de diciembre de 2010, un desconocido se acercó a Escobedo mientras esta colocaba unos carteles de protesta. Tras intercambiar palabras, la mujer empezó a correr. El hombre la alcanzó y la mató con un disparo en la cabeza, antes de huir en un auto que le estaba esperando.

Entonces mucho se especuló del feminicidio, pero su familia tenía la respuesta. Marisela se había convertido en una víctima silenciada del crimen organizado.

Sergio Rafael Barraza, feminicida de Rubí, se había involucrado con el grupo criminal Los Zetas, un cártel constituido principalmente por antiguos miembros de las Fuerzas Especiales. Su entrenamiento militar y su furia desenfrenada cambiaron las reglas de juego en el hampa de México e incluso llevarían a la DEA a describirlos como una organización avanzada y violenta.

Un año después del asesinato de Marisela Escobedo, en Coahuila, a aproximadamente 100 kilómetros de Ciudad Juárez, el teniente Francisco Soto vivía otro peregrinar.

Esta historia, traída a la mesa por el periodista Pablo Ferri, empieza el 13 de marzo de 2011. Sonó el teléfono. “Le llamó el coronel para que fuera al batallón”, cuenta a Ferri la esposa del teniente Soto.

Aunque éste se encontraba de descanso, el coronel, comandante del 69 Batallón de Infantería, no le dejó demasiadas opciones. Soto se uniformó, agarró su auto y se dirigió al batallón. Él, su esposa Tanya y la hija de ambos vivían en un inmueble cercano a la instalación militar, así que no tardó en llegar.

Acostumbrada a los domingos perdidos, a Tanya no le extrañó la situación. Pasaron las horas y fue un par de veces al batallón. Alrededor de las 17:00 horas, Soto la llamó por teléfono, le dijo: “ve a Soriana y compra pelotas de tenis un cepillo y champú. Yo fuí”, recuerda. —El trabajo de Soto incluía cuidar y adiestrar a los perros del Batallón—.

La urgencia del coronel aquél domingo 13 de marzo respondía, según detalla Ferri, a un perro lastimado. “Le dijo que un binomio canino estaba lastimado, así que se vistió (Soto) y se fue”, declara Tanya.

Cuando llegó, le esperaba un subordinado del coronel. Soto recuerda que lo primero que hizo fue preguntar por él. En ese momento, el teniente recibió los primeros golpes. Soto dice que lo bajaron a empujones de la comandancia y lo esposaron, le pusieron una camiseta en la cara y lo subieron a un auto.

“Éramos como tres, nos tiraron a unos colchones y nos dejaron en paz”, señala Soto.

Dice Ferri que aunque Soto se resiste a dar los detalles de su experiencia, sus declaraciones ante las autoridades permiten acercarse a su dolor.

“(…) Al tiempo de unos minutos me quitó la bolsa de la cara y me hizo la pregunta, que quién era TAURO, para quién trabajaba y que me dejara de hacer pendejo (…)”, documenta el periodista sobre el testimonio de Soto.

Las acusaciones y los supuestos vínculos de Soto con Los Zetas nacen de las declaraciones de dos presuntos miembros del grupo criminal: el “Gerry” y “Guacho”. De acuerdo con éste último, en Saltillo tenían todo controlado.

La versión del sicario apunta que Los Zetas pagaban entre 10,000 y 50,000 pesos a los militares, y el era el encargado de la nómina.

La versión del “Gerry” es aún más contundente. En su declaración, el criminal inculpa a Soto argumentando que Soto era uno de los enlaces con Los Zetas. Luego, ante un juez militar, el “Gerry” negó la acusación y dijo que los agentes de la SEIDO le obligaron a incriminar al teniente.

El 1 de mayo de 2017, seis años de la detención de Soto, éste y ocho de sus compañeros militares fueron condenados a 26 años de prisión por colaborar con el Cartel de Los Zetas.

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