La Auditoría Superior de la Federación (ASF), institución encargada de llevar a cabo las tareas de fiscalización de las figuras jurídicas constituidas como fideicomisos, mandatos y contratos análogos, reveló una serie de irregularidades en el fondo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
El fideicomiso mencionado estaba a cargo de la Secretaría de Gobernación y, de acuerdo con el reporte de Fiscalización de Fideicomisos, Mandatos y Análogos de la ASF de este año, en 2018 se encontraron implementaciones de recursos injustificados.
De tal modo que en el apartado 4.2. Hallazgos, que se encuentran dentro de la fracción de Resultado de la Fiscalización, la dependencia explicó todo lo relacionado con el fideicomiso que estuvo a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, ex titular de Segob durante el periodo de Enrique Peña Nieto.
Primero señalaron falta de presupuesto derivado de la mala administración de los recursos, pues se contaba con una parte muy pequeña del dinero destinado.
De las disponibilidades por 48.8 millones de pesos que se tuvieron al cierre de 2018, 42.6 millones de pesos se encuentran comprometidos, por lo que se tendría una disponibilidad real de 6.3 millones de pesos para los servicios de 2019, lo cual se considera insuficiente para continuar atendiendo a cabalidad los casos que se tienen ya establecidos más los nuevos que se presenten para la protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
A parte de la falta de recursos, el personal que trabaja para el fideicomiso no es competente para el puesto que ostentan.
Del personal contratado que conformó dos direcciones generales adjuntas y una dirección de área, no se acreditó que contara con el tiempo de experiencia, estudios y demás elementos que se establecen en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
Después abunda en lo referente con la empresa RCU Sistemas, S.A. de C.V., quien recibió pagos millonarios del fideicomiso sin siquiera cumplir con los criterios establecidos para efectuar las adjudicaciones directas fundamentadas en el artículo 41, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público.
En el reporte de la ASF se especifica que esta empresa prestó los servicios de “instalación de cámaras de seguridad de vigilancia, refugios de seguridad, vehículos, escoltas y equipo de telefonía satelital, entre otros”, por lo cual recibió un pago de 337.4 millones de pesos. Sin embargo, la entidad fiscalizada “no acreditó que el área administradora del contrato de la Segob validara que el objeto y su alcance hayan sido debidamente cumplidos y devengados conforme a las características, especificaciones, términos y condiciones establecidas en éste”.
Esta mala administración también repercutió en el cumplimiento del servicio de este servicio de la Segob en el 2019, pues los recursos operativos quedaron muy por debajo de los disponibles en 2018.
“El fideicomiso, al cierre del ejercicio 2018, registró un monto comprometido por 19.5 millones de pesos, por lo que la disponibilidad real al inicio del ejercicio de 2019 fue de 26.5 millones de pesos, lo cual también lo limita para atender cabalmente sus fines”, explica el texto.
Esta información es la que sustenta el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien había señalado una serie de irregularidades en la administración de distintos fideicomisos.
Finalmente, el Fundar aseguró que el 93% de los recursos destinados a los fideicomisos públicos no son transparentes.
De acuerdo con su presentación Fideicomisos en México, Arte de desaparecer Dinero Público, la asociación señala los mecanismos de opacidad. Por ejemplo, en 2017 hubo un sobrejercicio del 600%, donde la mayor parte de eso se usaba para el patrimonio de otros fideicomisos públicos y fideicomisos constituidos por los gobiernos de los estados o instituciones privadas.
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