La detención del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda en el Aeropuerto de Los Ángeles, California, ha escandalizado a la clase política mexicana, pero no es el único caso de alto impacto en el que se revelan supuestos nexos de funcionarios de gobierno con los cárteles del crimen organizado.
En la larga lista de personajes públicos ligados con las bandas de narcotraficantes figuran gobernadores, mandos civiles encargados de la seguridad pública e integrantes de las fuerzas armadas mexicanas.
El caso del general Jesús Gutiérrez Rebollo es uno de ellos. El 9 de diciembre de 1996, el entonces presidente Ernesto Zedillo fijó su objetivo en el jefe de la V Región Militar con sede en Jalisco, a quien designó como director del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD).
Eran los tiempos de la certificación antidrogas que, anualmente, Estados Unidos (EEUU) se daba el lujo de imponer al gobierno de México. Durante los siete años al frente de la Región Militar -que incluye los estados de Jalisco, Zacatecas, Colima, Sinaloa y Aguascalientes-, Gutiérrez Rebollo consiguió en junio de 1995 la captura de Héctor, El Güero, Palma; en mayo de 1996 la aprehensión del colombiano Iván Taborda; y en agosto de 1996 la detención de los hermanos Lupercio Serratos. Todos ellos eran narcotraficantes rivales del cártel de Juárez.
James Jones, el entonces embajador de EEUU en México estaba complacido. El presidente mexicano también, por eso lo designó al frente del INCD y se convirtió en el zar antidrogas. Apenas dos meses después, empezó la caída. Una llamada anónima reveló los presuntos nexos de Gutiérrez Rebollo con Amado Carrillo, El Señor de los Cielos que lideraba el cártel de Juárez.
Tiempo después trascendió que fue el chofer del general, Juan Galván Lara, quien realizó la llamada anónima y denunció que El Señor de los Cielos sobornó al general a cambio de no estorbar sus actividades, habló de fotografías donde ambos personajes conviven con total familiaridad y de documentos que probarían la propiedad del narcotraficante sobre el departamento en el que vivía el general Jesús Gutiérrez Rebollo.
El 18 de febrero de 1996, el general Enrique Cervantes Aguirre, entonces secretario de la Defensa Nacional (Sedena), ofreció una inusitada conferencia de prensa, en la que estuvieron presentes 300 oficiales de alto rango, incluidos los 31 comandantes de las zonas militares.
El titular de la Sedena acusó al general Gutiérrez Rebollo de “traicionar” a las fuerzas armadas, al brindar protección a uno de los principales jefes del narcotráfico.
Durante los últimos años, el general Gutiérrez Rebollo engañó a sus superiores. Defraudó la confianza en él depositada; atentó contra la seguridad nacional de México; y vulneró el esfuerzo conjunto de las instituciones en contra del narcotráfico, ya que si bien actuó eficazmente contra algunos grupos de narcotraficantes, ahora consideramos que también sirvió consciente y preponderantemente a los intereses y al fortalecimiento de otro grupo
La prensa mexicana dio cuenta del escándalo que el caso provocó. El general Gutiérrez Rebollo fue condenado a 40 años de prisión por delitos contra la salud en la modalidad de fomento a la transportación de cocaína, violación a la ley federal contra la delincuencia organizada y cohecho. Le fue impuesta una segunda sentencia de 31 años 10 meses y 15 días de prisión por acopio y transportación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
En febrero de 1997 fue encarcelado en la prisión federal de máxima seguridad de La Palma, hoy conocida como del Altiplano. Luego fue trasladado al penal federal de Tepic, Nayarit, donde enfermó gravemente de cáncer terminal y, en abril de 2011, fue remitido al Hospital Central Militar ubicado en la Ciudad de México.
La periodista Isabel Arvide entrevistó al general en ese Hospital Militar, donde consiguió ser trasladado gracias al apoyo del entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. En la entrevista publicada en un semanario de circulación nacional, el ex zar antidrogas se dijo inocente y dio dos pistas sobre el origen de las denuncias en su contra:
- Los supuestos nexos del padre de Nilda Patricia, esposa del presidente Ernesto Zedillo con Los Amezcua, el cártel de las Anfetaminas que operaba en Colima. Apenas había iniciado la investigación pero ya sabía de las reuniones de los barones de la droga y el suegro del presidente.
- La otra razón, explicó Gutiérrez Rebollo, era el secretario de la Defensa, Enrique Cervantes Aguirre. Según el ex jefe militar, él estaba enterado que Amado Carrillo y Los Arellano Félix se reunirían con el secretario de la Defensa y que en ese encuentro pactarían impunidad. Sólo por reunirse con los capos, Cervantes Aguirre habría cobrado USD 60 millones.
Soy un narcopendejo, eso tengo que ser porque no tengo dinero… o si prefiere, para no oírme tan fuerte, soy un narcofilántropo. Estoy condenado a cuarenta años de prisión por cohecho pero no dijeron, no pueden decir en qué consistió
Las autoridades abrieron en total 14 procesos en su contra, pero durante su estancia en prisión fue absuelto en 12 de ellos. El 14 de abril de 2008 logró un amparo para conservar su condición de militar y el grado de general. Su defensa argumentó, y así lo validó el Poder Judicial, que los delitos que le imputaron no se cometieron durante su trayectoria en las fuerzas armadas.
Murió el 19 de diciembre de 2013, un día después de que un Tribunal Unitario falló a su favor para que cumpliera el resto de la condena en su domicilio. El Juzgado Segundo de Distrito, en Tepic, todavía tiene pendiente dos procesos penales contra Gutiérrez Rebollo por acopio y transportación de armas de uso exclusivo del Ejército y por ejercicio indebido del servicio público. Fue su abogado, Javier Marbán Corral, quien dio a conocer la noticia del deceso del general, quien tenía 79 años al momento de su muerte.
El General murió esta tarde derivado de todas las complicaciones de salud que tenía; en la madrugada fue operado del cráneo, después de que lo habían internado en estado de coma en el área de urgencias. Desgraciadamente no resistió la intervención quirúrgica que le practicaron
Después de los funerales, Lilia Esther Priego -la viuda del general- inició una batalla legal para limpiar el nombre de su esposo y demostrar que todas las acusaciones que pesaron en su contra eran infundadas, tarea que hoy también ocupa a su hijo, el abogado César Gutiérrez Priego.
Otros militares inculpados
El general brigadier Alfredo Navarro Lara fue vinculado con la organización de los Arellano Félix y detenido el 17 de marzo de 1997, acusado de cohecho, asociación delictuosa y delitos contra la salud. El delegado de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en Baja California, José Luis Chávez García, acusó a Alfredo Navarro de ofrecerle un millón de dólares por permitir el tráfico de drogas en la entidad, a nombre de Los Arellano Félix.
Fue discípulo de Gutiérrez Rebollo e integrante de la Brigada Blanca creada para luchar contra la guerrilla en el estado de Guerrero, en las décadas de los setenta y ochenta. El general permaneció en Almoloya hasta el 12 de octubre de 2004, cuando lo trasladaron al Penal Federal de Puente Grande, Jalisco.
El general Jorge Maldonado Vega, detenido en enero de 1998, fue acusado de proteger las operaciones del Cártel de Juárez, y sentenciado a 26 años de prisión por narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada. El brigadier retirado fue encarcelado en el penal de La Palma. En septiembre de 2002 fue absuelto por falta de pruebas.
En septiembre del año 2000, la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), encabezada por el general Rafael Macedo de la Concha, dio a conocer la detención de los generales Francisco Quirós Hermosillo y Mario Acosta Chaparro. Ambos oficiales tenían una larga trayectoria en contrainsurgencia e inteligencia militar, pero fueron señalados como presuntos responsables de brindar protección al Cártel de Juárez.
El 1 de noviembre de 2002 un consejo de guerra declaró culpable a Quirós Hermosillo, quien fue degradado y condenado a 16 años de prisión. En 2005 un juez lo absolvió del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero permaneció en la prisión por el delito de fomento al tráfico de drogas. Falleció el 19 de noviembre de 2006 en el Hospital Central Militar.
El general brigadier Mario Arturo Acosta Chaparro también fue acusado de proteger al Cártel de Juárez, con base en las declaraciones del testigo protegido Gustavo Tarín. El grado de general le fue retirado y luego fue sentenciado a 16 años y medio de prisión. En 2005 un tribunal federal ordenó que se repusiera el juicio por supuestas fallas en el procedimiento y la poca credibilidad de los testigos.
En 2006 un juez desestimó los cargos contenidos en 123 denuncias interpuestas contra él y Quirós Hermosillo por la detención ilegal, tortura y desaparición de más de 20 campesinos guerrerenses durante la llamada “guerra sucia”. El 29 de junio de 2007, ya en el sexenio de Calderón, un juez anuló la sentencia del Consejo de Guerra. El 20 de abril de 2012 Acosta fue asesinado en la Ciudad de México.
El general Ricardo Martínez Perea fue sentenciado a 15 años de prisión por delitos contra la salud, acusado de proteger al Cártel del Golfo con base en un testimonio anónimo que no se comprobó durante el Consejo de Guerra. En 2001 fue recluido en la prisión del Campo Militar Número Uno; en 2009 lo trasladaron a un penal de Tepic y luego al penal federal de las Islas Marías. Con la clausura de Islas Marías se desconoce el paradero de Martínez Perea.
El 30 de enero de 2012, el general brigadier Juan Manuel Barragán fue detenido porque unos militares presos declararon que maquinó con el general Alfredo Navarro Lara cometer actos delictivos y favorecer al cártel de Sinaloa. Un Juzgado federal canceló el proceso penal en su contra, porque halló vicios que afectaron su derecho al debido proceso. Ahora enfrenta otro proceso por abuso de autoridad y traición a las Fuerzas Armadas, que por ser graves no alcanzan libertad bajo fianza.
El divisionario Tomás Ángeles Dauahare fue acusado en mayo de 2012, con los generales Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez, de proporcionar a la organización criminal de los hermanos Beltrán Leyva información sobre las acciones del gobierno mexicano en su contra. El origen de las acusaciones fueron testigos protegidos colaboradores y una llamada anónima. Fue liberado el 17 de abril de 2013.
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