Fueron 396 denuncias las que atendió la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) del 25 de septiembre al 1 de octubre por irregularidades en gasolineras, quejas que fueron presentadas en la aplicación Litro por Litro. De dicho volumen de quejas, fueron 167 verificaciones las que se realizaron.
En tanto, a partir de este jueves en las gasolineras que alteren equipos de medición y despacho de combustible, entre las sanciones que pueden aplicar desde la clausura del establecimiento hasta presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República, lo que podría significar alcanzar la cárcel.
Ernesto Acevedo, subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad de la Secretaría de Economía indicó para El Universal que la Norma Oficial Mexicana 005 (NOM-005-SCFI-2017), que se refieren a instrumentos y equipos de medición, y sistemas para despachar gasolina y diésel, entra en vigor tras cinco años de proceso de elaboración y de prórrogas.
Con lo cual se busca que los usuarios reciban el volumen de combustible por el que pagó y no litros incompletos, como sucede en algunos casos.
“Cuando llegue la inspección de Profeco va a tener en cuenta la información que recabe sobre que ha acontecido en esas bombas, en los últimos 12 meses, para que las verificaciones se acompañen de una denuncia penal más fidedignas y contundentes”, explicó Ernesto Acevedo.
La Profeco comenzó con el monitoreo de las gasolineras del país a través de un software y con el cual podrá detectar si existe alguna mala práctica en las bombas de combustible. Fueron dos prórrogas las que existieron desde el 2019 para adquirir los nuevos dispensarios.
“Estamos recibiendo muchas cartas pidiendo otra nueva prórroga, incluso le escribieron al señor presidente, pero ya tuvieron un año y medio, aparte de todo el proceso, en realidad son más de 5 años que han tenido para prepararse para la entrada en vigor (...) No hay más prórroga”, indicó Ricardo Sheffield, titular de Profeco, el 7 de octubre durante su participación en la conferencia matutina.
El subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad comentó para el mismo medio que “todo debe tener concordancia, porque no pueden tener registros de que venden más gasolina y diésel de la que compraron a Pemex. Esa información permitirá identificar que si despacha más litros de los que le compró a la empresa petrolera entonces hay combustible excedente”.
Los ingresos por la venta de gasolina, hasta agosto, ascienden a 25,000 millones de pesos. En tanto, el año pasado la cifra era de 38,000 millones de pesos.
Además, podrán detectar en donde compraron el combustible, es decir, si fue de forma ilegal, ya que se tendrá una comparación de la entrada de combustible y las ventas que tenga Petróleos Mexicanos (Pemex). Es una de las acciones que, dijo, buscan combatir al crimen organizado.
La norma que entra en vigor este jueves pero se empezó a estructurar en el 2015. Fue dos años después que se publicó y se estimaba que su aplicación comenzara en marzo del 2019. Pero, se dio una prórroga a petición de los gasolineros.
Ernesto Acevedo puntualizó que dicha demora afectó a consumidores, empresas, proveedores, transporte público y de mercancías, porque se continuaron despachando litros incompletos, se manipularon bombas y se fijaron distintos a los que se tenían de dar.
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