Juicio a ex presidentes: “No pueden convertir al país en un circo romano”, las reacciones de los juristas

La decisión de declarar constitucional la consulta popular, solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para preguntar a la ciudadanía si quiere que se enjuicie a ex presidentes del país, puso a la Suprema Corte de Justicia (SCJN) este jueves en el centro de las miradas. Las críticas fueron feroces.

“Estoy anonadado”, expresó un experto en derecho. “No lo puedo creer, increíble”, señaló uno más. “No sé qué sigue después de esto, definitivamente es un terremoto al interior del Poder Judicial”, advirtió otro. “Es un día muy triste”, concluyó el cuarto. Infobae México conversó con cuatro abogados sobre la decisión.

Primero vino la sorpresa. La mayoría de los más versados en derechos constitucional habían pronosticado que la solicitud realizada por López Obrador hace unas semanas sería declarada inconstitucional en el máximo Tribunal del país. Así se los confirmó el ministro Luis María Aguilar Morales, el ponente del proyecto que señalaba un “concierto de inconstitucionalidades”.

Sin embargo, en la discusión de este jueves en el Pleno, la opinión de Aguilar Morales quedó superada, de manera mínima, pero superada al fin, por una mayoría de seis votos de los 11 de la Suprema Corte, encabezados por el ministro presidente del Pleno, Arturo Zaldívar.

En favor de declarar constitucional la consulta propuesta por el mandatario mexicano se sumaron las ministras Margarita Ríos-Farjat, Yasmín Esquivel Mossa, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara.

En contra de la constitucionalidad se pronunciaron: Luis María Aguilar (ponente del proyecto), Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco, Jorge Mario Pardo y Norma Lucía Piña Hernández.

Las reacciones, de la incredulidad a la decepción

Las reacciones no se hicieron esperar. Y fueron contundentes. “Delirio constitucional en México. Si tienen evidencias contra ex presidentes, los deben investigar. De lo contrario, no hay nada que investigar. No pueden convertir al país en un circo romano”, señaló José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Americas de la organización Human Rights Watch.

La oposición parlamentaria también fue dura. “La justicia al servicio del presidente”, indicó Damián Zepeda, senador del opositor PAN (Partido Acción Nacional). “Se rompió la última línea de defensa”, agregó ominosamente la diputada Mariana Rodríguez del PRI (Partido Revolucionario Institucional).

Incluso los comentaristas políticos fueron muy severos. “La intimidación presidencial tuvo éxito. El ministro Zaldívar propone el suicidio de la Suprema Corte”, apuntó el politólogo Jesús Silva Herzog-Márquez. “La SCJN nos demostró que no está a la altura. Es un terrible día para la justicia constitucional”, completó el politólogo Javier Martín Reyes, del CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas).

La opinión de los expertos

“Nadie se lo esperaba. No conozco a nadie que pensara que se iban a decantar por la constitucionalidad. Era la última línea de batalla que teníamos como sociedad en contra de las decisiones autoritarias del Ejecutivo”, indicó Andrés Alcántara Silva, abogado egresado de la Universidad Iberoamericana.

El abogado José A. Priego Miranda, por su parte, advirtió que la decisión efectivamente había sido más política que jurídica. “Cuando Zaldívar comienza diciendo que lo ve desde el punto del ‘papel político de la SCJN’, él mismo lo reconoció”, explicó el experto.

Luis Miguel Rodríguez Alemán, abogado especialista en Derecho Constitucional, se sumó a este punto de vista. “Pareciera que existía una obligación por justificar la viabilidad de la consulta, lo que solo puede explicarse con una motivación política”, indicó.

Sin embargo, a pesar de todo, hubo otros que encontraron una parte positiva. “Considero que debe rescatarse la intención de la Corte por maximizar el derecho humano de a la participación política por medio del ejercicio de la consulta popular, como algunos miembros del Pleno señalaron al sustentar su voto", remarcó el experto.

Pero la decisión de la Corte, en opinión de todos, pone a la institución en un lugar difícil. “La SCJN pierde credibilidad”, aseveró César Gutiérrez Priego, especialista en derecho penal, militar y seguridad nacional. “Hoy queda completamente deslegitimada”, añadió Alcántara Silva. Priego Miranda matizó: “Le afectará en la credibilidad, pero la misma población está dividida, algunos sí creen en la consulta", dijo.

Además, Gutiérrez Priego se refirió a las acusaciones de que López Obrador influyó en la decisión de la Corte, con su insistencia vocal y pública de que los ministros oyeran “al pueblo”. “Claro que hubo un efecto, es el presidente más poderoso en los últimos 40 años”, manifestó.

“Las declaraciones del presidente sin duda afectan la percepción que se tiene sobre la independencia de la Corte, pues hoy muchas personas pondrán en duda la imparcialidad de los ministros que votaron a favor de la constitucionalidad de la consulta”, explicó.

Además, Alcántara Silva recordó que a Zaldívar, el magistrado presidente que encabezó a la mayoría que declaró la constitucionalidad de la materia de la consulta ciudadana, tiene todavía un año de mandato en la Corte. “Nos da definitivamente un señal que en temas importante para López Obrador, a pesar de ser inconstitucionales, se define en su favor, nos queda claro que hay injerencia”, destacó.

“Definitivamente marca una nueva etapa para la Corte”, aseguró el experto. “¿Cuál independencia de la SCJN? Definitivamente las declaraciones de AMLO influyeron en su decisión, se aprecia la poca o nula independencia judicial”, ahondó Priego Miranda.

La pregunta

La Suprema Corte también acordó las modificaciones a la pregunta que se deberá realizar. Es la siguiente:

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

El Pleno del máximo Tribunal del país la aprobó con ocho votos a favor y tres en contra. Sin embargo, recibió también las críticas de los expertos. “¿Quién contestaría que no a esa pregunta?”, expresó Priego Miranda. “Sería ilógico no votar a favor”, dijo por parte Gutiérrez Priego.

“Sería un mal mexicano el que votara que no. Pero le quitan toda la temática penal porque saben que la pregunta, como se planteó, era inconstitucional”, añadió Alcántara Silva, que reconoció que la pregunta es tan general, pero a la vez tan ambigua, que podría incluir las acciones de López Obrador, porque se habla de “actores políticos” en “años pasados”.

La pregunta que confirmó la Suprema Corte, como indica la ley, ya no puede ser modificada en ningún momento del proceso.

Lo que sigue

Ahora, la consulta popular volverá al Senado, donde será discutida por el Pleno, donde tiene mayoría Morena, el partido del presidente. Apenas necesita una mayoría simple para avanzar a la Cámara de Diputados, donde también ostentan mayoría los legisladores de ese partido.

En caso de que el Congreso la apruebe, como se prevé que suceda, la consulta deberá ser organizada por el INE en 2021, pero no podrá llevarse a cabo en junio, ya que en ese mes se realizarán los comicios intermedios de 2021, donde se renovará precisamente la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas, entre miles de puestos de elección popular más. Por lo tanto, la consulta se llevaría a cabo el primer domingo de agosto, es decir el 1 de agosto.

“Ahora lo que le queda a la sociedad es velar por que el presidente y sus aliados no quieran que se realice el 6 de junio. López Obrador ha hecho todo esto para ser parte del proceso electoral de 2021 y eso sería también inconstitucional”, concluyó Alcántara Silva.

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