El presidente Andrés Manuel López Obrador está cada vez más cerca de lograr una de sus grandes promesas: enjuiciar a sus cinco antecesores por sus presuntos delitos.
La tarde de este jueves la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la consulta popular con la que se emprendería el próximo año un proceso judicial contra Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Como era de esperarse, dicha aprobación fue celebrada en redes sociales por los seguidores de López Obrador. Sin embargo, llevar a cabo la iniciativa del líder de la llamada “Cuarta Transformación” representaría un gasto multimillonario.
De acuerdo con Uuc-Kib Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), la consulta ciudadana podría realizarse el 1 de agosto de 2021 y podría tener un costo superior a los 8 mil millones de pesos. Así lo dijo la tarde de este jueves en entrevista con Azucena Uresti en Grupo Fórmula:
Tendría que ser poco menos de dos meses después de la elección (intermedia). Sería el 1 de agosto del próximo año (...) Es un esfuerzo significativo para el instituto, en términos técnicos, presupuestales y humanos. Se han mencionado cifras de 8 mil millones de pesos
Además, el consejero electoral añadió que el dinero para realizar la consulta no se tiene presupuestado, por lo que el Congreso de la Unión deberá etiquetar una nueva partida económica.
Al cuestionarlo sobre qué es lo que el INE necesita hacer a partir de ahora y hasta el momento en que se lleve a cabo la consulta popular, Espadas Ancona detalló que tendrán que estructurar todo el aparato electoral.
Habrá que estructurar el aparato electoral con el que se llevará a cabo, fundamentalmente las mesas directivas de casilla, establecer lo que continúa después de la elección para los consejos locales y distritales del instituto y prepararnos para una consulta que no es algo tan complejo
Asimismo, señaló que la consulta representará un gran esfuerzo para el instituto, pues es más trabajo del que ya tendrán para 2021; sin embargo, añadió que es tarea del INE garantizar que se realicen este tipo de ejercicios de la manera correcta.
La verdad es que mi primera opinión es que es más chamba que se nos viene encima, ahora aparte de encuestadores seremos consultores, pero no me toca opinar de ninguna manera. En la función en que nos encontramos es llevar a cabo, si la Corte dice que va adelante y el Ejecutivo mantiene la intención. Nos toca sacar la consulta, garantizando a los ciudadanos que lo que vayan a decir contará y se contara bien
Durante la votación en la SCJN, ocho de los 11 ministros de la Corte que mostraron su postura a favor de la realización de la consulta popular para enjuiciar a expresidentes, siendo Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carranca, Yasmín Esquivel Mossa, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán los que votaron a favor.
En este sentido, la pregunta que se deberá realizar a la ciudadanía es la siguiente:
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
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