El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, declaró este jueves que el cierre de la cárcel de Puente Grande, ubicada en Jalisco, se debió a que los presos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) controlaban las instalaciones.
“(Para) los reos pertenecientes al CJNG estar en el penal de Puente Grande era tener todas las condiciones para conservar el autogobierno y parte del objetivo es precisamente dispersar a estos criminales para anular la posibilidad de que reproduzcan el autogobierno en otros penales”, indicó Durazo durante su participación en una videoconferencia organizada por el Colegio de México, un prestigioso centro de estudios de la capital.
Durante el Seminario sobre Violencia y Paz del Colmex, ¿Cómo anda la seguridad?, el funcionario puso como ejemplo a los reos pertenecientes al Cártel Jalisco Nueva Generación sobre como andar en el penal de Puente Grande es tener todas las condiciones para conservar el autogobierno.
“Ha sido una irresponsabilidad del estado mexicano tener a criminales de tan algo grado en un penal cuyas celdas -algunas de ellas- no tienen ni aldabas” con lo que había “riesgos altísimos de fugas”, afirmó Durazo.
Y es que el gobierno mexicano anunció el lunes el cierre de la prisión, famosa porque en 2001 se fugó de ella el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.
“No sé cómo no se dieron porque cuando uno ve las condiciones deplorables en las que se encuentra el penal, llegas a la conclusión de que ahí pudo haber sucedido cualquier cosa”, agregó. “Por eso se optó por dispersar a los reclusos y ‘sacarlos de su zona de confort’”, agregó.
Según el secretario, tampoco se podían garantizar los derechos humanos y la dignidad de los presos.
Durazo explicó que los reclusos fueron repartidos en los miles de lugares disponibles que existían en otros penales de mediana seguridad que estaban desocupados “en distintos lugares de la República” y aseguró que el cierre va a generar ahorros al Estado de 800 millones de pesos, más de 36 millones de dólares.
De acuerdo con las estimaciones del titular de la SSPC, el cierre del penal de Puente Grande implica un ahorro de 800 millones de pesos.
Alfonso Durazo dijo que el gobierno federal tiene hasta 12,000 lugares disponibles en penales de mediana o alta seguridad para enviar a los presos que estaban en el penal de Puente Grande. Estos centros de detención se construyeron durante la administración de Felipe Calderón.
“Todo era negocio”: López Obrador
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también se refirió al tema y en su conferencia de prensa señaló que el motivo por el cierre del Centro Federal de Readaptación Social número 2 Occidente con sede en Puente Grande, Jalisco; se debió a que gobiernos anteriores contrataron el servicio de “penales privados”.
"Todo era negocio, ayer estuvimos viendo, porque se está cerrando en penal de Puente Grande, porque se contrataron penales privados, o sea se contrataron empresas que le cobran al gobierno por el servicio de los penales, o sea se privatizó también lo de las cárceles, entonces estamos pagando por cárceles federales que no ocupamos, tenemos nueve mil espacios en cárceles federales, y tenemos que pagar como si estuviesen llenas, porque son los contratos que heredamos.
Entonces estamos apoyando a estados en donde las cárceles están saturadas, donde hay hacinamiento, y estos reclusorios como Puente Grande que estaba totalmente abandonando, y que tenía apenas 400 reclusos, le vamos a dar al terreno otra utilidad, vamos a hablar con el gobierno de Jalisco", indicó el mandatario mexicano.
La cárcel de Puente Grande es una de las más conocidas en México por ser la prisión de la que “El Chapo”, ahora condenado y preso en Estados Unidos, se fugó en enero de 2001 al sobornar a los custodios tras estar detenido ahí desde 1995, después de su primera captura en 1993.
Años después, en 2015, “El Chapo” se fugó de la cárcel de máxima seguridad del Altiplano a través de un túnel, en su segunda huida de un penal mexicano.
Puente Grande también es conocido por los motines de sus reclusos de alta peligrosidad, como reflejó una riña reciente que en mayo dejó siete muertos y nueve heridos.
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