Las claves de la iniciativa de AMLO para reformar el sistema de pensiones: años de cotización, comisiones y Afores

Mucho se ha hablado de la iniciativa para reformar el sistema de pensiones mexicano, propuesta por el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, desde que fue presentada a finales de julio hasta que fue enviada a la Cámara de Diputados hace unos días.

Ahora, ya en manos de la Cámara Baja, fue turnada a dos comisiones: a la de Hacienda y Crédito Público para su dictamen y a la de Seguridad Social para su opinión. El documento presentado por el titular del Poder Ejecutivo busca reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de las leyes del Seguro Social y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

El documento, consultado por Infobae México, plantea la reducción de semanas cotizadas para tener derecho a la pensión por cesantía en edad avanzada y vejez; aumenta las aportaciones patronales para el retiro; y amplía la cobertura de beneficios, entre otros detalles.

“Se proponen diversas acciones que permitan recuperar la esencia de un sistema de pensiones consistentes en disminuir el umbral de semanas de cotización, aumentar las aportaciones para el retiro, ampliar la cobertura de los beneficios y mejorarlos, a través de tres cambios fundamentales”, expresó la iniciativa de López Obrador en su exposición de motivos.

Primero, la administración propone modificar los artículos 154 y 162 de la Ley del Seguro Social, para que el número de semanas de cotización que se requieren para gozar de las prestaciones de los seguros de cesantía en edad avanzada y vejez pasen de 1,250 a 1,000 semanas.

En segundo lugar, se propuso incrementar a partir de 2023 la portación total de la cuenta individual de los trabajadores de 6.5% más cuota social a 15 % incluyendo la cuota social. Estos cambios se incorporarían en el artículo 168 de la ley antes mencionada y se derivan ajustes en los artículos 139, 159, 165 y 218.

En tercer lugar, indica la propuesta, se encuentra el objetivo de aumentar el monto de la pensión garantizada que se otorga a los trabajadores que, cumpliendo con los requisitos para gozar de las prestaciones de cesantía y vejez, no tienen los recursos suficientes en su cuenta individual para obtener una pensión mayor a dicho monto.

“Por ello, se plantea reformar el artículo 170 a fin de modificar la forma de determinar el monto de dicha pensión, que actualmente puede ser de hasta 3,289 pesos, para que en lo sucesivo se calcule considerando la semanas de cotización; el promedio del salario base de cotización que el trabajador obtuvo durante su vida laboral; y la edad del trabajador”, precisaron.

De igual forma, se proponen otras acciones “a fin de potenciar la pensión que puede obtener el trabajador con el saldo de su cuenta individual y diversificar los riesgos a los que está expuesto durante el periodo de gozo de la pensión”.

En los artículos 157 y 164 de la Ley del Seguro Social, se plantea ampliar las opciones a las que pueden acceder los trabajadores para disponer de los recursos de su cuenta individual en el momento de obtener una pensión.

Otro cambio que se propone en la reforma es al artículo 193 de la misma ley, para que, en caso de fallecimiento del trabajador o pensionado, los beneficiarios designados no tengan que acudir a una instancia jurisdiccional para ejercer sus derechos, respetando los que les corresponden a estos.

Se proponen también que los artículos 172 y 172 A de la misma regulación tengan un esquema para dar mayor agilidad al pago de las pensiones a cargo del gobierno federal a través de la tesorería de la Federación.

“Finalmente, se plantea en el artículo séptimo transitorio un mecanismo para la revisión periódica de la gestión de la reforma que se propone, de modo que la CONSAR (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro) deberá enviar a la Secretaría de Hacienda un análisis de los resultados obtenidos con la aplicación de la reforma de mérito a fin de que esta última envíe al Congreso el informe correspondiente”.

Por su parte, una de las principales reformas es la adición de un octavo párrafo al artículo 37 de la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro. En éste, indicaría que las “comisiones que cobren las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) estarán sujetas a un máximo”.

El monto máximo, precisaron, “resultará del promedio aritmético de los cobros en materia de comisiones en los sistemas de contribución definida de los Estados Unidos de América, Colombia y Chile”. “En la medida en que las comisiones en estos países tengan ajuste a la baja serán aplicables las mismas reducciones y, en caso contrario, se mantendrá el promedio que al momento se esté aplicando”, añadieron.

Esto provocó la molestia del sector patronal, que había festejado junto a López Obrador y el sector obrero a finales de julio el acuerdo para una reforma al sistema de pensiones. “Eso no era un acuerdo del sector privado. El sector privado jamás habló de comisiones. Nunca tocamos eso en la iniciativa”, indicó Carlos Salazar Lomelín, titular del CCE (Consejo Coordinador Empresarial).

Por su parte, la Coparmex (Confederación Patronal de la República Mexicana) expresó su “extrañeza y amplia preocupación" por la iniciativa enviada a Diputados. “Se aparta de lo negociado con el sector privado, ya que se pretende instituir el control de precios en los servicios financieros violando el T-MEC (Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá)”, expresaron a través de su líder, Gustavo de Hoyos.

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