El negocio detrás de los eventos de López Obrador: revelan simulaciones que cuestan millones al erario

El periodista Salvador García Soto destacó que el área está manejada por Alejandro Esquer, secretario particular del presidente, también señalado de estar involucrado en la corrupción del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep)

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Foto de archivo: EFE/ Sáshenka
Foto de archivo: EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste una y otra vez que se erradicará la corrupción y la simulación del gobierno ya que “no somos iguales” a las administraciones anteriores, en los hechos, no se nota la diferencia.

En su columna que publica en el diario El Universal, el periodista Salvador García Soto recordó la historia dada a conocer por la también columnista Peniley Ramírez, de una mujer oficinista que pasó de ganar 2,800 pesos mensuales en un despacho de contadores, a convertirse en la principal contratista de los eventos de la actual Presidencia de la República que ha facturado 60 millones de pesos por la organización de distintos eventos, ceremonias y festejos en la administración de Andrés Manuel López Obrador.

García Soto resaltó que el caso de la oficinista Yazmín Bolaños López, ilustra muy bien la forma en cómo se está manejando en el gobierno de la 4T el rubro de la contratación de empresas que proveen la logística y la organización de los eventos a los que acude el presidente. Y es que Bolaños López es una más de las “prestanombres” que utilizan quienes manejan y operan este negocio en el actual gobierno.

El periodista reveló que detrás de Yazmín y de sus contratos millonarios -entre los que aparece la ceremonia del Grito de Independencia de este 2020 y también la de 2019-, está el nombre de Julio César González Hernández, dueño de una empresa denominada Lightec.

Foto: Presidencia de México.
Foto: Presidencia de México.

De acuerdo con fuentes directas de la Presidencia -señaló García Soto-, Lightec se encarga de operar y ejecutar los contratos para la organización de distintos eventos de la Presidencia, que van desde la conferencia mañanera hasta las reuniones e informes del presidente. Julio César no suele figurar en contratos porque para ello utiliza a personas que prestan su identidad y sus datos para figurar como los contratistas de manera oficial y cobrar los pagos que, hasta por 60 millones, han obtenido en lo que va de la actual administración.

Julio César se ostenta como “parte del equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador” y hace alarde de sus conexiones al más alto nivel, incluso para resolver conflictos que ha tenido con sus vecinos en la colonia San Lorenzo Huipulco, en la alcaldía de Tlalpan, en donde está acusado de construir de manera irregular una edificación que violaba los permisos de uso de suelo de la alcaldía.

A pesar de tres denuncias presentadas ante las autoridades de Tlalpan y de que el director de Obras de la Alcaldía acudió al lugar para ratificar que la obra no tenía permisos, los vecinos aseguran que ninguna autoridad se atrevió a clausurar la obra porque siempre que mandaban inspectores o patrullas al lugar, los arquitectos contratados por González Hernández los convencían de retirarse con el argumento de que “el dueño está arreglado con el Jefe”, por lo que nunca actuaron para sancionar las violaciones a los reglamentos de construcción.

El periodista apuntó que con esta anécdota se ilustra el nivel de contactos de los que se ufana Julio César González Hernández, quien según las fuentes consultadas, trabaja directamente bajo las órdenes de Alejandro Esquer Verdugo, el secretario particular y hombre de todas las confianzas del presidente López Obrador.

Esquer ha sido encargado directamente por López Obrador de manejar la logística y organización de sus eventos, no sólo ahora como presidente de la República, sino desde el año 2006 cuando fungió por primera vez como su particular en la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal.

Alejandro Esquer Verdugo (Foto: especial)
Alejandro Esquer Verdugo (Foto: especial)

El funcionario sonorense, que conoció a López Obrador a través del ingeniero Cuauthtémoc Cárdenas, ha manejado la organización de los eventos de López Obrador en sus tres campañas presidenciales y lo sigue haciendo, a través de sus operadores como González Hernández en la actual administración, destacó García Soto.

El periodista destacó que además, Esquer y su grupo de operadores también manejan la mayoría de las campañas de los candidatos de Morena en el país, a quienes proveen los servicios de templetes, sonido, sillería, mamparas, pantallas y demás insumos para la realización de mítines y reuniones.

Sin embargo, según las fuentes consultadas, el dinero que está detrás de este negocio no necesariamente termina en manos de Alejandro Esquer, sino que presumen, parte de esos fondos son utilizados para actividades proselitistas y de promoción de la 4T.

El periodista destacó que sus fuentes enfatizaron que Esquer Verdugo es un hombre que cuenta con toda la confianza y cercanía del presidente López Obrador, quien le ha conferido una calidad de operador político, que lo mismo le encarga los asuntos de Morena y la relación con el partido, que los manejos de los recursos y subastas en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, en el que recientemente su exdirector Jaime Cárdenas señaló directamente a Alejandro Esquer como el responsable de las peticiones y presiones para que se cometieran actos ilegales en la venta y subasta de los recursos decomisados a la delincuencia.

García Soto destacó que aunque los costos y los precios de los eventos del presidente en el actual gobierno de la 4T han disminuido notablemente, si se comparan con las tarifas que cobraban en el sexenio anterior la empresa Actidea, con la que la familia de la ex primera dama Angélica Rivera realizó jugosos negocios con cargo al erario público; la poca transparencia con que se manejan estos contratos -que en su mayoría se han otorgado por asignación directa-, confirman que en ese rubro no cambiaron mucho las cosas, pues al igual que sus antecesores, López Obrador entregó estos contratos a personas de su círculo cercano que han incurrido en las mismas prácticas del uso de “prestanombres” y empresas fachada para ocultar a los beneficiarios reales de los pagos millonarios por los eventos presidenciales.

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