El 9 de diciembre del 2005, el famoso caso de Florence Cassez e Israel Vallarta, su novio, robó la óptica mediática cuando, durante la transmisión en vivo del noticiero Primero Noticias de Televisa, se vio cómo un operativo de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) desmanteló una presunta banda de secuestradores.
Tanto el operativo como la investigación subsecuente corrieron a cargo del entonces director general de Investigación Policial de la AFI, Luis Cárdenas Palomino, a quien se le giró una orden de aprensión por su presunta responsabilidad en actos de tortura relacionados con este caso.
En conformidad con las autoridades que llevan ese caso, Israel y su hermano Mario son los presuntos líderes de la organización criminal conocida como Los Zodiaco, misma que comenzó a operar desde 2001 en la Ciudad de México, Estado de México y Morelos; sin embargo, durante cuatro administraciones federales (Vicente Fox, Felipe Calderón, Peña Nieto y lo que va de López Obrador) no se ha podido comprobar la culpabilidad del imputado.
Este jueves 24 de septiembre, Guillermo Francisco Urbina Tanús, Juez Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, fue el responsable de se determinara, bajo la causa penal 10/2020, que el ex funcionario sea llevado a instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con una nota del semanario Proceso, además de Cárdenas Palomino, el juez citó a otros 13 elementos y ex mandos de la Policía Federal acusados de golpear y torturar a cuatro personas que fueron detenidas el 27 de abril del 2012.
En el documento se detalla que Cárdenas Palomino encabezó la detención y tortura de Mario Vallarta Cisneros, hermano de Israel Vallarta, y Sergio Cortéz Vallarta, sobrino de Mario e Israel, para obligarlos a firmar confesiones en las que ambos “aceptaban” ser integrantes de una banda de secuestradores. Por esa razón, el ex mando policiaco tiene orden de aprehensión por el delito de tortura, en la modalidad de instigador y autor material.
Además es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tras denunciarlo ante la FGR, por lavado de dinero.
Santiago Nieto, director de la unidad de investigación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que Cárdenas Palomino es el primer personaje cercano a Genaro García Luna en ser investigado y denunciado, al tiempo que aclaró que el ex presidente Felipe Calderón no tiene vínculo con la red financiera de lavado de dinero que se les detectó a los dos policías encargados de la seguridad en su sexenio. También refirió que el bloqueo de sus cuentas ocurrió una semana después de la detención de García Luna en EEUU.
Aunado a esto, la justicia estadounidense también lo busca, pues el pasado 30 de julio, la Corte Federal de Estados Unidos, formalmente acusó a Luis Cárdenas Palomino, Genaro García Luna y Ramón Pequeño García de liderar una “Empresa Criminal Continua” (Continuing Criminal Enterprise), el mismo delito por el que se procesó a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera “El Chapo”, fundador del Cártel de Sinaloa.
En el documento oficial se reconoce que si el Cártel de Sinaloa tenía éxito era por la colusión de funcionarios públicos corruptos de alto perfil.
“El Cártel de Sinaloa tenía una estructura que incluía a miles de miembros, entre ellos: (a) el liderazgo del Cártel de Sinaloa, quienes fueron los que tomaron las decisiones finales en la organización con respecto a sus actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero, así como sus actividades de corrupción y aplicación de la ley emprendidas para preservar y proteger sus actividades ilegales; (b) personal de seguridad, que protegió el liderazgo del Cártel de Sinaloa y participó en actos violentos para promover los objetivos de la organización; (c) jefes de plaza, que controlaban ciertos territorios para el Cártel de Sinaloa y que eran responsables del transporte de drogas a través de esos territorios; (d) transportistas, como tripulaciones de barcos y submarinos, pilotos y camioneros, que transportaban drogas desde Colombia a través de México y hacia los Estados Unidos; (e) blanqueadores de dinero, que canalizaron las ganancias de las drogas de los Estados Unidos a México; y (f) funcionarios públicos corruptores, que brindaron protección al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos”, se lee en los cargos del Gran Jurado contra los ex servidores mexicanos.
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