Tania Elis Hernández Velázquez es el nombre de una joven estudiante de sociología en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán. Pero su historia cambió desde el mes pasado, cuando fue encarcelada en el Centro de Prevención y Readaptación Social “Santiaguito”, en Almoloya de Juárez.
Tania, de 24 años de edad, cursaba el sexto semestre de la carrera y era considerada una alumna de excelencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ella también estaba involucrada en movimientos sociales y formaba parte del colectivo Argüenderas y Revoltosas.
Con el propósito de denunciar acoso sexual por parte de algunos estudiantes, profesores y trabajadores de la FES Acatlán, el colectivo tomó cubículos de los edificios A-6 y A-9 de la institución en marzo.
Pero en la madrugada del 5 de abril, tanto Tania como el resto de sus compañeras escucharon una amenaza. Siete hombres se encontraban dentro del plantel vestidos de color negro y con pasamontañas.
De acuerdo al semanario Proceso, se dirigieron al cubículo donde estaba Tania y le informaron que iban de parte de “Erasmo”, esto en referencia a Erasmo González Castro, jefe de vigilancia de la FES Acatlán.
Fue entonces que se desató una pesadilla, ya que estos hombres comenzaron a violentar a algunos de los presentes: incendiaron el cubículo ocasionando quemaduras graves a un compañero de Elis; le fracturaron la mandíbula a otro más; golpearon con un bat y desnudaron a una de sus compañeras y a Tania la patearon.
Después de esto, algunos de los jóvenes agredidos decidieron incendiar el edificio con la esperanza de ser atendidos por alguna institución. En una carta que el padre de Tania, Moisés Hernández Pérez, envió al presidente Andrés Manuel López Obrador, argumentó que de no haber llamado la atención, se hubiera ignorado el ataque que los hombres hicieron en contra de los alumnos.
Ese mismo 5 de abril la cuenta de Twitter de la institución condenó la violencia contra las mujeres e invitó a las víctimas a denunciar. La escuela también levantó una denuncia por el daño a sus instalaciones; esto desató una investigación, la cual desencadenó en la detención de Tania el pasado 25 de agosto.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que fueron elementos de la Policía Federal Ministerial quienes hicieron trabajo de inteligencia para dar cumplimiento al mandamiento judicial emitido en contra de la joven. Esto por su probable responsabilidad penal en el delito en propiedad ajena, con agravante de haberse cometido en pandilla.
Después de esto, un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio dictó prisión preventiva justificada a Tania.
Ahora, el director de la FES Acatlán, Manuel Martínez Justo, pidió 4 millones de pesos al padre de Tania para la reparación del daño que causó el incendio, y de esta manera, retirar los cargos en contra de su hija. Pero la familia no tiene los recursos.
Por lo pronto, la defensa de la joven externó que a la familia le parece una atracción que pidan esa cantidad de dinero, además de que la “prisión preventiva como medida cautelar de lo más lesiva”.
Ahora, su caso se ha viralizado y numerosos colectivos feministas exigen la liberación de la estudiante de Sociología.
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDH) lleva la defensa legal de la joven. En entrevista para el diario Milenio, una de sus abogadas, la licenciada Gloria Méndez, explicó que la UNAM narró los hechos de una mala forma, pues los estudiantes que fueron violentados ahora son criminalizados.
“En un primer momento la universidad manejó el relato de los hechos como un enfrentamiento entre alumnos, lo cual es totalmente absurdo. Dado la gravedad de la situación, incurrieron incluso en tortura sexual en contra de las estudiantes como ya muchos han notado en las declaraciones. También hubo graves agresiones a los compañeros que estaban ese día, uno incluso recibió cirugía para reconstruirle la mandíbula, otro tuvo quemaduras de segundo grado y que además ahora están siendo criminalizados”, explicó al diario.
Aunado a esto, el equipo de defensa también pide que no se le pague la cantidad que pide la universidad, que se deje de criminalizar a los estudiantes y que no haya represalias académicas.
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