Un juez federal dio un nuevo revés a la defensa de Rosario Robles, ex titular de dos secretarías de Estado durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). La ex funcionaria se encuentra en prisión preventiva acusada de ejercicio indebido del servicio público por “actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos” durante su etapa como funcionaria.
En esta ocasión, el juzgador del Décimo Primer Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México determinó que el amparo solicitado por la ex secretaria Desarrollo Social fuera descartado. “Vista la demanda de amparo… se impone desechar”, indicó, de acuerdo con los estrados consultados por Infobae México.
La mujer, que se encuentra en prisión preventiva en el penal de mujeres de Santa Martha Acatitla, en el sureste de la Ciudad de México, realizó la demanda de amparo debido a “actos fuera de juicio”. Estos fueron supuestamente realizados por el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, que consistió en “la violación al derecho humano de presunción de inocencia”.
Sin embargo, más allá de que la demanda se realizó en un juzgado federal en materia administrativa, no se dieron otros detalles. La defensa de Robles aseguró que se habían violado los derechos constitucionales de su cliente con respecto a los artículos 14 y 16.
Un fragmento del artículo 14 constitucional indica: “En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata".
En el 16, por su parte, indica en uno de sus párrafos que “sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder”.
Y es que a mediados de agosto, el Fiscal Gertz Manero aseguró que Emilio Lozoya, otro ex funcionario del gobierno de Peña Nieto acusado de corrupción y otros delitos, no se encontraba en prisión preventiva como Robles debido a que había hecho una “oferta formal y una denuncia de hechos”.
Lozoya aceptó la extradición a México para enfrentar sus cargos por los casos de Odebrecht y Agro Nitrogenados, además de demandar a varios ex presidentes mexicanos y a varios funcionarios más, por lo que la Fiscalía mexicana consideró que el trato sería diferente.
“El (Lozoya) lo está presentando, está pidiendo eso. En el otro caso no hay eso y es un daño por 15,000 millones de pesos donde están involucradas la mayor parte o una buena parte de las instituciones públicas de educación superior del país”, añadió Gertz Manero, cuestionado durante un seminario organizado por el Colmex (Colegio de México).
Unas horas después de aquellas declaraciones, la defensa de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) con Peña Nieto (2012-2018) respondió con una carta. “Una procuración de justicia selectiva me tiene aquí”, entre otras cosas, expresó en su momento.
Se ha puesto en marcha toda una maquinaria para denostarme, difamarme, hacer escarnio de mi persona, con una saña que es proporcional al miedo y al odio que me tienen. Llama la atención que soy la única en esta condición
La FGR acusó desde agosto de 2019 a Rosario Robles por el ejercicio indebido del servicio público al no informar de los supuestos desvíos de recursos por más de 5,073 millones de pesos. De acuerdo con las autoridades, la funcionaria tuvo pleno conocimiento, de manera verbal y también escrita, de 27 convenios irregulares con instituciones educativas en diversos estados del país.
Estos convenios fueron realizados, según las autoridades mexicanas, con universidades autónomas y politécnicas, ambas públicas, por servicios “no requeridos y mucho menos” realizados, por ejemplo, con la Universidad Autónoma de Morelos, la Universidad Politécnica de Quintana Roo y también con la radio y televisión pública en Hidalgo.
Hasta ahora, Robles es la única funcionaria del gobierno de Peña Nieto que ha sido vinculada con la llamada “Estafa Maestra”, que derivó de la investigación realizada por Animal Político y la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, donde se reveló una compleja trama de corrupción en la que varias dependencias desviaron al menos 7,760 millones de pesos.
El polémico juez que le decretó la prisión preventiva citó preocupaciones en su momento sostenidas por otra juzgadora de que Robles Berlanga podría huir del país y falló en favor de la parte acusadora. A pesar de que la defensa señaló que su cliente vivía en el mismo domicilio de la capital mexicana desde hacía más de dos décadas, en una ocasión había dado una dirección diferente para obtener un permiso de conducir que dejaba sin valor los dichos de la mujer de 63 años.
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