Lejos de la cárcel y cada día más olvidado: a dos meses de su extradición, ¿dónde está Emilio Lozoya?

Han pasado casi dos meses desde que el ex director de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin llegó a México para enfrentar a la justicia, y casi siete meses desde que fue detenido en España.

Lozoya ha sido vinculado a dos procesos penales y se le imputan múltiples delitos graves: operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, y cohecho, por los casos de Agro Nitrogenados y de Odebrecht.

Sin embargo, no ha pisado la cárcel ni por un segundo, y firma de manera electrónica su libertad condicional cómodamente recluido en un domicilio en el área metropolitana de la capital del país, cuya ubicación ha permanecido en secreto.

Después de llegar a México el 17 de julio, su declaración se filtró el 19 de agosto. Desde entonces su presencia en la conversación pública cada día es más discreta. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado de mencionarlo gradualmente en su conferencia de prensa mañanera.

Aquí un recuento completo de todo su caso hasta el momento.

Emilio Lozoya Austin, ex director de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue detenido el pasado 12 de febrero en una residencia de lujo ubicada en Málaga, España.

Antes de aceptar ser extraditado a México, pasó cinco meses en una cárcel de Madrid. Algunas versiones periodísticas señalan que durante ese tiempo negoció con el gobierno mexicano para obtener el llamado “criterio de oportunidad” y beneficiar su situación penal a cambio de información para procesar penalmente a otras grandes figuras políticas como el ex presidete Enrique Peña Nieto o el ex secretario Luis Videgaray.

El pasado 17 de julio Lozoya Austin llegó finalmente a México a bordo de un avión enviado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una vez en suelo mexicano, se orquestó un show mediático para su traslado desde el aeropuerto en el que se usó a un distractor para simular que se lo llevaría al Reclusorio Norte, cuando en realidad fue llevado a un hospital privado.

De acuerdo con reportes oficiales, la revisión física y médica que se le hizo a Lozoya al llegar a suelo mexicano determinó que presentaba “anemia desarrollada y problemas en el esófago”, además de debilidad general en toda su salud. Con ese argumento se autorizó su internación en el Hospital Ángeles del Pedregal, donde permaneció vigilado por elementos de seguridad federal y de la Guardia Nacional.

Desde la cama del hospital en que estuvo internado, Lozoya asistió en los últimos días de julio a las audiencias privadas de los dos procesos penales que enfrenta, realizadas de manera virtual por decisión de la Fiscalía General de la República (FGR).

La primera audiencia, ante el juez José Artemio Zúñiga Mendoza, fue para el caso de la compra a sobreprecio de la planta chatarra de Agro Nitrogenados. En esta audiencia se resolvió la vinculación a proceso de Emilio Lozoya por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, la FGR no solicitó la medida de prisión preventiva contra Lozoya.

La segunda audiencia, ante el juez Juan Carlos Ramirez Benítez, fue para el caso de los presuntos sobornos entregados a Lozoya por la empresa brasileña Odebrecht. En este caso fue vinculado a proceso por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, y cohecho. Pero la FGR volvió a dejar fuera de sus pedidos cautelares la prisión preventiva.

Como medidas cautelares la Fiscalía solamente solicitó a Lozoya el uso de un brazalete electrónico de localización instalado en el tobillo, para vigilar permanentemente su ubicación vía satélite; la entrega de su pasaporte y visa americana; y una presentación periódica a la Unidad de Medidas Cautelares cada 15 días, donde tendrá que firmar para comprobar su estadía.

A pesar de todos los delitos por los que se le investiga penalmente, hasta ahora Lozoya no ha pisado la cárcel, y tiene la oportunidad de movilizarse por la Ciudad de México y su zona conurbada, aunque no podrá salir de la Zona Metropolitana, y mucho menos del país.

El 1° de agosto, luego de 15 días de estar internado, Lozoya fue finalmente dado de alta del Hospital Ángeles del Pedregal. Según algunos reportes, fue trasladado a un domicilio, cuya ubicación se ha mantenido en secreto, para que siga desde ahí los procesos penales que enfrenta.

Ese mismo día debía presentarse a firmar el libro de procesados ante los juzgados federales del Reclusorio Norte para cumplir con la medida cautelar ordenada por los jueces federales de control para su libertad condicional. Sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19, no tuvo que reportarse presencialmente y simplemente firmó el libro de procesados de manera electrónica.

El martes 11 de agosto, el Fiscal General Alejandro Gertz Manero dio detalles sobre las primeras declaraciones que hizo Lozoya ante la FGR. Poco después se filtró el documento completo de la denuncia de hechos presentada por el ex director de Pemex.

La denuncia reveló sobornos millonarios a varios legisladores, y también acusó de corrupción a tres ex presidentes, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari; en el documento aparecen implicados al menos 17 personalidades politicas impotantes.

En los últimos días de agosto se reveló que algunas de las pruebas presentadas por Lozoya se conocían desde hace varios años. En específico, las pruebas sobre el financiamiento electoral de Odebrecht en 2012, con las que buscaba calificar para el criterio de oportunidad, incluso estaban en poder de la Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR) desde septiembre de 2018.

Recientemente, Lozoya buscó ampararse contra el proceso penal por los supuestos sobornos que entregó Odebrecht al ex director de Pemex y que habrían sido utilizados para financiar las campañas del PRI (Partido Revolucionario Institucional).

La defensa de Lozoya Austin argumentaba que esos supuestos delitos ya habían prescrito, y por ello las autoridades no podían seguir adelante con ese proceso penal en su contra. Sin embargo, apenas el pasado 7 de septiembre, un Tribunal federal descartó amparar a Lozoya.

La resolución del Tribunal, permite a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) continuar con su investigación contra Lozoya, luego de que se reconoció que los supuestos delitos de 2012 prescribieron, pero no así los de 2014.

Si Lozoya es declarado culpable de los delitos que se le imputan en los dos procesos penales que enfrenta podría ser condenado hasta a 15 años de prisión, además de quedar inhabilitado para ocupar un cargo público por 20 años.

MÁS SOBRE ESTOS TEMAS: