Seis legisladores federales presentaron una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por la ejecución indebida de un contrato por más de USD 200 millones en Petróleos Mexicanos (Pemex), dos semanas antes de que Emilio Lozoya Austin fuera removido de la dirección de la empresa cuando comenzaron a ventilarse los presuntos sobornos de Odebrecht.
De acuerdo con el portal de Proceso, la denuncia alude al contrato 641006800 asignado directamente al consorcio conformado por Proveedora de Fluidos Mexicanos (PFM), Petroquímicos Industriales de Norte y Centauro del Norte Autotransporte, para operar en el área de Pemex Exploración y Producción.
La denuncia advierte que, antes de ser removido de su cargo, en febrero de 2016, Lozoya Austin “dio pie a una contratación millonaria, con un plazo de cinco años, sin sujetarse a un procedimiento de licitación pública o de concurso abierto”.
Según testimonios de trabajadores, recabados por los legisladores, los servicios contratados por Pemex “carecen de sustento” y los servicios que deben prestar “son de poca o nula necesidad operativa”.
Además de los señalamientos a Emilio Lozoya, la denuncia destaca como responsables directos en Pemex a Abraham David Alipi Mena, titular de la subdirección de Servicios a la Explotación; Ricardo Ortega Galindo, coordinador de Servicios Terrestres y de Perforación de Intervenciones a Pozos, y Juan Alberto Vázquez Romero, coordinador de Servicios a Intervenciones a Pozos, Zona Norte.
De acuerdo con el escrito de los legisladores: tres senadores y dos diputados de Morena, así como uno de Movimiento Ciudadano, los presuntos implicados en esta transacción, en lugar de limitar o finiquitar dicho contrato, “están tratando de empujar un convenio modificatorio de plazo para todo el año 2021, pues al momento ya van facturados 104 millones de dólares que, sumados a órdenes ya ejecutadas, suman 199.84 millones de dólares, de acuerdo con la propia PFM”.
La denuncia, que tiene sello de recibido en la SFP el pasado 20 de julio, está firmada por los senadores morenistas Alejandro Armenta Mier, Cecilia Sánchez García y Rubén Rocha Moya, así como los diputados de ese mismo partido, Sergio Gutiérrez Luna y Azael Santiago Chepi, además del diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Mario Alberto Rodríguez Carrillo.
Emilio Lozoya está acusado de los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y cohecho. Los nexos entre Odebrecht, Lozoya Austin, Pemex y el gobierno de Enrique Peña Nieto fueron dados a conocer por los altos mandos de la constructora brasileña en agosto de 2017, cuando tuvieron que colaborar con la justicia de su país por actos de corrupción en aproximadamente 10 países de tres continentes, incluido México.
Emilio Lozoya, en aquel entonces, aseguró a través de las redes sociales que todas las imputaciones e información que revelaban supuestas solicitudes de sobornos o el depósito de dinero para otorgar contratos a Odebrecht eran completamente falsos.
De acuerdo con el ahora ex director de Pemex, la información publicada carecía de pruebas documentales, por lo que la historia relatada resultaba completamente falsa, además de atentar contra su imagen y manchar su trabajo al frente de la petrolera mexicana.
La información contenida en la nota carece de prueba documental alguna, y relata una historia absolutamente falsa, dolosa e inexistente de principio a fin, sobre supuestos hechos en los que participé, y empresas con las que supuestamente tengo relación. Asimismo, señala reuniones con diferentes personas que incluso no sé ni quiénes son, ni los he conocido
Sin embargo, en la denuncia presentada recientemente por Lozoya ante la Fiscalía General de la República (FGR), el ex director de Pemex informó que la empresa Odebrecht destinó USD 6 millones a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012.
Reveló en su denuncia que, a petición de Peña Nieto y Luis Videgaray Caso -quien ocupó los cargos de secretario de Hacienda y canciller mexicano-, contactó con Luis Alberto de Meneses Weyll, representante de Odebrecht en México, para pactar el financiamiento.
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