Etileno XXI, la otra denuncia que exhibe a la clase política mexicana

El abogado Paulo Díez Gargari aseguró que lo declarado por Emilio Lozoya, en referencia al caso de la planta de Etileno XXI, no es suficiente para que el ex director de Pemex tenga acceso a “criterio de oportunidad”, pues no aporta nada nuevo. Esto porque él junto con Alfredo Figueroa Fernández ya habían denunciado esto desde 2018 y de “manera más amplia”, aseguró en entrevista para Infobae México.

Con la filtración de la supuesta declaración de Lozoya Austin distintos actores políticos se han visto presuntamente involucrados en actos de corrupción. Tal es el caso de Etileno XXI, una planta que se encarga de procesar el etano para convertirlo en plástico que, de acuerdo con lo declarado, involucra a los ex presidentes Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, el ex candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade y Luis Videgaray, ex secretario federal del régimen peñanietista.

De acuerdo con Lozoya Austin, todo comenzó con un contrato celebrado sin la aprobación ni el conocimiento del Consejo de Administración de Pemex. Este acuerdo multimillonario constaba en que la petrolera mexicana le vendería el Etano a la empresa Braskem, relacionada con la brasileña Odebrecht, pero con un descuento inexplicable del 25%.

Este negocio derivó en 84 millones de pesos en sobornos entregados en el siguiente sexenio; aunado a esto, durante el gobierno calderonista “muchos panistas recibieron fuertes sumas de dinero” provenientes de ahí.

“Braskem se posicionó tanto que recuerdo que hicieron una parte de una sesión del consejo de administración en los Pinos en presencia de Felipe Calderón”, planteó en el texto de la Fiscalía General de la República (FGR) el economista del ITAM.

Lozoya Austin también especificó que durante el sexenio de EPN, fue Meade Kuribreña quien acordó un esquema de pagos de deuda que primero pasarían por la Secretaría de Hacienda, entonces a cargo de Luis Videgaray.

Ante esta declaración, Díez Gargari planteó dos observaciones. La primera y más importante fue de que él ya había denunciado eso y más el 18 de junio del 2018 ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en la Dirección de la Unidad de Documentación y Análisis. Y fue vuelta a presentar el 10 de agosto en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR está mejor argumentada.

Se denuncian “hechos probablemente constitutivos de delito relacionado con (i) el Contrato de Suministro de Etano celebrado el 19 de febrero de 2012 entre Pemex Gas y Petroquímica Básica (”PGPB”), actualmente Pemex Transformación Industrial (“PTRI”), como vendedor, y Braskem, S.A. (“Braskem”) y Grupo Idesa, S.A. de C.V. (“Idesa”), como Inversionistas, por virtud del cual Braskem Idesa S.A.P.I. de C.V. (“Braskem/Idesa”) está facultado para comprar etano ‘barato’ de PGPB durante por lo menos 20 años (el “Contrato de Suministro”); y (ii) los decretos por virtud de los cuales el Gobierno Federal desplazó ilegalmente a los posibles competidores de Braskem/Idesa, mediante el incremento del impuesto a la importación de polietileno, para permitirle vender polietileno ‘caro’ en México”, expresa la denuncia estabelecida”, inicia el texto.

Este planteamiento, además de ser más elaborado, preciso y cercano a la jerga judicial también da pie al cómo operaba y afectaba al Estado mexicano.

“No se trata de hechos aislados, sino de un esquema criminal diseñado y ejecutado por una sofisticada red de corrupción en la que participan empleados públicos y empresarios, en perjuicio de Pemex y de la economía nacional”, continúa en su denuncia.

Asimismo, cita a documentos de acceso público emitidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que sirven de indicio para saber que la operación de la planta generaba pérdidas. También amplía los presuntos involucrados, como Gerónimo Gutiérrez Fernández, ex embajador de México en Estados Unidos y ex compañero de Meade y Videgaray en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); José Antonio González Anaya, ex titular de la SHCP; Carlos Raffael Murrieta Cumingos, hermano de Raúl Murrieta, ex secretario de Finanzas del Edomex; o Carlos Ruiz Sacristán, ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

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