La última crisis de desapariciones en México protagonizada por un grupo de turistas en Puerto Vallarta, Jalisco, es sólo un ejemplo más de un problema que afecta, según las cifras oficiales, a miles de familias de todo el país. Pese a la denuncia mediática del caso en el balneario, el nulo avance de las investigaciones revela también otro drama: el de la falta de competencia de las autoridades a la hora de combatir este fenómeno.
México Evalúa acaba de publicar un informe que recoge la constante de desapariciones que impera en el país en medio de los esfuerzos del gobierno de poner freno a las bandas de la delincuencia organizada.
La organización documenta 73,742 víctimas, que fueron presuntamente privadas de libertad por bandas delictivas o detenidas por funcionarios públicos desde 1964 a la fecha. De estos casos, la mayoría se encuentra en el estado de Tamaulipas (al norte de México). El análisis añade tres entidades más: Jalisco, Sinaloa y Colima.
Durante un seminario, Chrístel Rosales, investigadora Senior del programa de Justicia, indicó que las cifras escapan de toda lógica.
Tamaulipas, gobernada por el panista Javier García Cabeza de Vaca, contó 11,035 personas no localizadas; seguida por Jalisco con 10,245; Sinaloa que registra 4,834 personas desaparecidas; finalmente Chihuahua con 4,173; y Colima, con 1,238.
“La desaparición –sea cometida por fuerzas del estado o por particulares– es considerada una violación grave de derechos humanos y un delito continuo, al implicar el desconocimiento de su paradero y el sufrimiento constante de sus familiares”, refirió la organización en una mesa de análisis titulada Punto por Punto, Investigación criminal: un plan para que 70,000 personas vuelvan a casa.
Grace Fernández, consejera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos, reconoció que algunas entidades se esfuerzan por atender la problemática, pero ningún estado de la república cuenta con una coordinación efectiva entre la búsqueda de personas desaparecidas por parte de las comisiones, ni en la persecución del delito por parte de las fiscalías.
En 2006, cuando comenzó la Administración del presidente Felipe Calderón (2006-2012) y se inició una guerra abierta contra la delincuencia, se encontaron 3,978 fosas clandestinas donde han sido exhumados 6,625 cuerpos.
Los estados que registran mayor número de fosas son Veracruz , Sinaloa, Colima, Guerrero y Sonora, que en conjunto suman el 57 por ciento de las fosas de todo el país.
En el año actual, la Comisión Nacional de Búsqueda ha participado en 50 acciones indagatorias en 21 entidades del país a pesar de la emergencia sanitaria, principalmente en las regiones de Guerrero, Veracruz, Coahuila y Tamaulipas.
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