La crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus en México afectó a nueve de cada 10 empresas de los sectores de la industria, el comercio y los servicios. A pesar de esas consecuencias, tan sólo el 7.8% recibió algún tipo de apoyo, mientras que el resto se quedó a la deriva, de acuerdo con la Encuesta sobre el Impacto Económico generado por COVID-19, del Inegi.
Tras el inicio de la llamada “nueva normalidad”, el 1 de junio, varios establecimientos comenzaron a reabrir bajo una serie de restricciones impuestas por las autoridades sanitarias con el fin de evitar la propagación masiva del virus; no obstante, aunque las medidas son importantes para los negocios, muchos de ellos han quedado sin ingreso o cerca de la quiebra.
Un ejemplo esta situación la vivió Laura Medina, una micro empresaria de Cuernavaca que se dedica a la venta de ropa. Mientras el semáforo epidemiológico estaba en rojo, optó por entregar sus productos a domicilio, pero los ingresos no eran equiparables a la venta en su local, por lo que en cuanto el color cambio a naranja, decidieron reabrir.
Fue entonces cuando citaron a las empleadas de limpieza para poner todo en orden, cumplir con las reglas sanitarias y evitar una posible clausura. No obstante, a los pocos días, una de ellas solicitó permiso para ausentarse de su labor, pues su abuela había muerto por COVID-19.
“Nunca nos dijo que tenía una enferma en casa o cerca porque necesitaba el dinero”, contó Laura al portal Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), al cual también le narró las consecuencias de esta omisión: tuvieron que volver a cerrar su negocio, debido al riesgo de que el coronavirus se hubiese expandido.
El miedo por retomar las actividades se mantiene latente, a pesar de que las personas toman las debidas precauciones para evitar los contagios. “Me protejo lo mejor posible; subo al Metro con tapabocas y careta, pero no me siento del todo seguro”, dijo al mismo medio Abraham Lemus, un vendedor de discos, quien vive con su hermana enferma en un edificio donde también habitan adultos mayores.
A pesar de sus circunstancias, Lemus ha tenido que mantener sus actividades de búsqueda y venta de discos raros para los coleccionistas en el tianguis de El Chopo, pues no fue acreedor del programa de créditos a la palabra hasta por 25,000 pesos, destinados a trabajadores informales, como taxistas, meseros y tianguistas.
Si la pandemia produjo que millones de personas se quedaran sin trabajo, la situación ha endurecido el andar de aquellas que ya se encontraban en el desempleo, como Raymundo Hernández, quien fue laboraba como mesero en eventos organizados por la Universidad Panamericana, pero fue despedido en 2018.
Aunque trabajó como empleado eventual en algunos restaurantes, sufrió las inclemencias económicas de la pandemia, pues los establecimientos cerraron y no puede comprobar el tiempo que pasó desempleado para obtener alguna ayuda del gobierno.
“No hay clases, ni actividades en las oficinas que me permitan tramitar algún documento. Creo que cuando pase todo, ni caso me van a poner.”, lamentó Hernández, quien es mayor de 50 años, pero aún no tiene derecho a la pensión de adulto mayor (65 años).
Otro de los sectores de la población que ha padecido el desempleo, aunque no de manera directa, es el de los contadores, pues deben mantener sus actividades, como realizar declaraciones de impuestos, a pesar de que no tienen certeza de que sus clientes tengan los recursos para pagarles.
Hasta el momento, la Secretaría de Salud han reportado 50,517 muertes a causa de la COVID-19; sin embargo, el pronóstico es aciago para el resto del año, pues el Instituto de Métricas y Evaluación de Salud (IHME) de la Universidad de Washington señaló que el país podría superar los 153,000 muertos en diciembre. Mientras eso ocurre, la zozobra en la población por no morir de coronavirus o de hambre se mantiene.
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