En medio de la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus (COVID-19), este miércoles en México podría emitirse un fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al declarar, por primera vez, que un Congreso estatal debe despenalizar el aborto, el cual es criminalizado en casi todo el país.
Y es que este 29 de julio, la primera sala de la Corte discutirá un proyecto que respalda a un juez federal de Xalapa, Veracruz, quien el año pasado resolvió un amparo en el que ordena al Congreso local reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal porque criminalizan la interrupción del embarazo.
Así lo estableció el texto del presidente de la sala, Juan Luis González Alcántara:
La falta de reforma de dichos preceptos genera un estado de cosas inconstitucional, al no cumplir con imperativos convencionales de rango constitucional, que en última instancia se traduce en una violación a los derechos humanos de las mujeres
Para ello, es necesario que al menos tres de los cinco ministros de la sala, que discuten asuntos civiles y penales, aprueben invalidar el código penal de Veracruz sobre este tema.
Además de Juan Luis González Alcántara, la primera sala de la Corte está integrada por los ministras Ana Margarita Ríos Farat y Norma Lucía Piña Hernández, y los ministros Alfredo Guiérrez Ortíz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Esto permitiría que defensoras de derechos humanos en México presenten recursos similares en otras entidades, con la esperanza de sentar jurisprudencia, un precedente que se crea sí se logran cinco fallos consecutivos de la Corte en el mismo sentido.
En México, solo la Ciudad de México y Oaxaca permiten la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, aunque en todos los estados se autoriza por causa violación y en casi todos por riesgo a la salud y muerte de la madre.
Cabe mencionar que la SCJN ya ha fallado a favor de los derechos reproductivos de las mujeres al validar en 2007 la interrupción legal del embarazo en Ciudad de México y al validar en 2019 la Norma Oficial Mexicana (NOM) 46, que permite a cualquier víctima de violación abortar sin tener que presentar pruebas.
“Para esta Primera Sala, la prohibición total de la interrupción del embarazo (vía tipificación penal) es una barrera que genera discriminación en contra de las mujeres en relación con el acceso al derecho a la salud”, reafirma el proyecto de González Alcántara.
Choque de protestas
En la víspera de la discusión, las etiquetas #AbortoLegalYa, #CorteAbortoNo y #MéxicoEsProVida se volvieron tendencia en redes sociales.
Incluso, asociaciones que promueven la familia tradicional y el parto protestaron en el Zócalo de Ciudad de México, donde rechazaron los argumentos constitucionales que respaldan la interrupción legal del embarazo.
Los manifestantes presumieron del respaldo de políticos del Partido Acción Nacional (PAN) y de CitizenGO, una plataforma conservadora de origen español.
“De ser aprobado el proyecto abortista en la primera sala de la SCJN, se cometería una suprema injusticia a los seres humanos más débiles”, afirmó el Frente Nacional por la Familia, que se opone a los movimientos feministas y LGBT.
Mientras tanto, activistas mexicanas respondieron con un “pañuelazo virtual” en el que las mujeres están subiendo fotografías con un pañuelo verde, asociado al movimiento que nació en Argentina.
“Hoy muchos grupos, muchas autoridades, se pronuncian cuando no los hemos visto en esta lucha para mejorar las condiciones de niñas y mujeres ante embarazos forzados”, denunció en rueda de prensa María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
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