Los excesos del gobierno de Enrique Peña Nieto le costaron caro a los mexicanos: al término de su sexenio, cada persona había contraído una deuda que no solicitó.
Un análisis realizado en mayo del año pasado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) a la cuenta pública del Gobierno federal 2013-2018, para conocer cómo se presupuestaron ingresos, egresos y deuda en comparación con el monto ejercido; arrojó que el gobierno de Peña Nieto subestimó sus ingresos y gastó más de lo presupuestado, derivando en un aumento de la deuda pública.
Las malas previsiones y los despilfarros ocasionaron que al final del gobierno peñanietista, cada mexicano tuviera una deuda de 66,020 pesos. Al inicio de ese gobierno, la deuda era de 37,837 pesos por habitante. Esto significa que cada mexicano vio su adeudo incrementado en casi 74% en sólo seis años.
Las cuentas
El IMCO destacó que entre 2013-2018, la administración de Peña Nieto tuvo un total de ingresos excedentes de 2 billones 338 mil millones de pesos, en promedio, por lo que el sexenio tuvo una variación en ingresos del 11% entre lo estimado y lo recaudado. Este excedente equivale al saldo de la deuda conjunta de Pemex y CFE.
En 2018 -en el último año de su gobierno- la administración del priista estimó ingresos por 4 billones 054 mil 918 millones 412 mil pesos. Recaudó 4 billones 423 mil 676 millones 564 mil pesos. Esto representa 368 mil 758 millones de pesos adicionales, es decir, 9% más de lo estimado. Esta cantidad equivale a casi nueve veces el gasto en seguridad pública en 2019.
Pese a tener excedentes considerables, el gobierno de Peña Nieto desembolsó muchísimo más dinero de lo que tenía presupuestado.
El gasto del poder ejecutivo se integra de la siguiente manera:
Por tipo de gasto: gasto corriente, gasto capital, pensiones y jubilaciones y participaciones. La primera y la última son las que equivalen al mayor porcentaje.
Por objeto de gasto: transferencias y subsidios, participaciones, deuda pública, servicios personales y otros.
En el periodo 2013-2018, la Cámara de Diputados aprobó a las secretarías de Estado un gasto de 6 billones 94 mil millones de pesos. Sin embargo, al final erogaron 7 billones 125 mil millones de pesos.
En el último año de ese gobierno, la Secretaría que más gastó fue la de Turismo. Tuvo una variación entre su presupuesto y lo ejercido, equivalente a 150% más. Seguido por la Secretaría de Energía (131% más), mientras que la Oficina de la Presidencia (105% más). La dependencia que menos sobre gasto tuvo fue Cultura con 10%.
En 2018, las secretarías aprobaron 86 mil 777 millones de pesos en servicios generales, pero al final gastaron 151 mil 681 millones de pesos.
Entre 2013 y 2018, al Ramo 23, conformado por fondos destinados a cubrir funciones de Gobierno, se le autorizaron 757 mil millones de pesos, pero en los hechos, este ramo ejerció un gasto de 1 billón 371 mil millones de pesos, una variación del 81%.
Uno de los rubros que más destaca por el excesivo gasto es el destinado a la comunicación social.
En 2018, fueron aprobados a las secretarías mil 160.2 millones de pesos para la comunicación. Al final gastaron más de 6 mil 373 millones de pesos, lo que significó un 449% de variación.
La dependencia que más gastó fue Salud al rebasar su presupuesto en 2,470%, seguido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (1,830%), Medio Ambiente (1,187%). En contraste, hubo dependencias que gastaron menos de lo presupuestado para comunicación. Es el caso de la Secretaría de Educación (-4%), Cultura (-10%), Función Pública (-44%) y Energía (-53%).
El Instituto destacó que a pesar de que el gasto excedente en la mayoría de los rubros fue una constante en el sexenio, el Poder Ejecutivo dejó de ejercer 149 mil millones de pesos en inversión pública, es decir, 25% menos de lo aprobado entre 2013 y 2018.
A lo largo del sexenio, el Poder Ejecutivo tuvo una variación de los egresos del 9%. De acuerdo con las buenas prácticas internacionales, una variación aceptable en el gasto es de +/- 5%, resaltó.
Respecto al tema de la deuda pública, el IMCO destacó que en diciembre de 2012, el saldo de la deuda del gobierno federal era de 4 billones 452 mil 986.5 millones de pesos y representaba 27.8% del Producto Interno Bruto (PIB). Para diciembre de 2018, esta ascendía a 8 billones 315 mil 863.8 millones de pesos, significando un 35.3% del PIB.
El Instituto detalló que el Producto Interno Bruto creció 15.3% entre 2012 y 2018. En el mismo periodo, la deuda pública creció 46% en términos reales.
Ante esta situación, el IMCO determinó que una correcta planeación no hubiera generado variaciones injustificadas.
Al final, el Instituto propuso reducir la discrecionalidad del uso de ingresos excedentes incorporando medidas de control para el destino de los recursos recaudados no estimados en la Ley de Ingresos, con el propósito de que se usen principalmente en gasto de capital o amortización de la deuda.
Limitar las variaciones de gasto, por lo que la legislación debe establecer restricciones a las ampliaciones de gasto en partidas no prioritarias, por ejemplo, en materiales, salarios, renta de oficinas, entre otros.
Por último, destacó que se le debe otorgar mayor atribución a la Cámara de Diputados al explicar que se requiere contar con facultades incrementales en el gasto público, como la de requerir su autorización cuando el presupuesto total de los ramos rebase porcentajes determinados. Los legisladores deben supervisar y, en su caso, detener las variaciones injustificadas que se presentan de forma sistemática.
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