Un diputado de la oposición denunció a nombre de sus compañeros al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Salud, Jorge Alcocer, entre otros, por el retraso en la publicación de las reglas de operación del Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar), que sustituyó oficialmente al Seguro Popular a partir de 2020.
El legislador Éctor Jaime Ramírez Barba, del PAN (Partido Acción Nacional), presentó la denuncia este martes ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), la dependencia encargada de vigilar y sancionar las conductas inapropiadas del gabinete de López Obrador, que dio por recibida la queja.
“Exigimos a la doctora Irma Eréndira Sandoval (titular de la SFP) su urgente intervención para que se aplique la ley: el presidente López Obrador, el secretario de Salud y el titular del Insabi incumplen con un mandato legal propio de su cargo, funciones y atribuciones, son responsables de violar las normas del servicio público y vulneran el derecho a la salud”, argumentó el diputado panista.
Por ello, Ramírez Barba pidió que se inicie “un procedimiento de responsabilidad administrativa en su contra, por la omisión en la expedición de las disposiciones reglamentarias del Insabi”. “Debe obligárseles a trabajar en atender las necesidades del sistema de salud que hoy están en incertidumbre y expedirse los reglamentos”, ahondó.
Además, pidió que haya “reglas claras para el uso de los fondos” y la clarificación de todos los procedimientos para la entrega de recursos a las entidades federativas, así como la ampliación de la cobertura de enfermedades que provocan gastos catastróficos. “De lo contrario habrá más sufrimiento y muertes evitables”, advirtió.
El gobierno federal es responsable del agravamiento de la crisis sanitaria, por no planear a tiempo en cumplir con las leyes que se crearon en esta misma administración en materia de salud
Para el PAN, “es evidente que desde el principio el gobierno federal actuó sin una planeación adecuada y hoy están rebasados, hay un desprecio de la población que se atendía en el Seguro Popular, no hay voluntad de coordinación con los estados y una franca ignorancia e incompetencia, personificada en Juan Ferrer Aguilar”, el titular del Insabi que también fue denunciado.
Ferrer Aguilar, de acuerdo con los denunciantes, fue designado por López Obrador sin las credenciales suficientes para emprender su transformación al sistema de salud. El acusado no es médico y tampoco tiene alguna experiencia en el sector salud. Ferrer Aguilar es maestro en Administración de Empresas para Ejecutivo por la Universidad Olmeca y licenciado en Administración de Empresas.
La denuncia de los panistas ante la Función Pública incluye también el pedido de iniciar un procedimiento “por faltas administrativas graves” contra los funcionarios mencionados, ya que, en su argumentación, han sido omisos, violaron la ley y retrasaron la operación del Insabi.
Los panistas calificaron como un “asunto grave” el retraso en la operación del Insabi, lo que provoca la vulneración de los derechos de unos 60 millones de usuarios que no cuentan con Seguridad Social y que están ante graves riesgos frente a enfermedades, como ocurre ahora frente a la epidemia de COVID-19.
“La pandemia cobra cientos de vidas día con día, afectando sobre todo a la población de menores recursos y a quienes no tienen acceso a instituciones de salud”, dijeron. Mientras tanto, el Insabi se encuentra “paralizado, no está funcionando y carece de medios para atender a la población”. “Es increíble que seis meses entrar en funciones en el Insabi todavía no sepan cómo van a organizarse”, alertaron.
La irresponsabilidad no puede quedar impune, ni tampoco prolongarse. Si los funcionarios federales no pueden cumplir, o no los dejan trabajar, deben renunciar para que alguien más se haga cargo. No podemos mantener la misma farsa
Los panistas defendieron también al Seguro Popular, una creación durante administraciones federales del partido. “El nuevo sistema prometió salud, pero solamente está entregando sufrimiento, desabasto de medicamentos y obstáculos para que los enfermos sigan recibiendo sus tratamientos”, indicaron.
Y es que el decreto con el que se reformó la Ley General de Salud indicaba que el Ejecutivo Federal, encabezado por López Obrador, tenía que emitir las disposiciones reglamentarias del Insabi “dentro de los 180 días siguientes a su entrada en vigor”, algo que caducó a finales de junio, “sin que exista el mínimo indicio de que la situación vaya a corregirse”, dijeron.
Desde el inicio de sus labores, en enero de 2020, el Insabi no ha podido cumplir con las promesas de López Obrador. Además, a los problemas se le han sumado las entidades federativas que rechazaron en un primer momento adaptarse al nuevo esquema, algo que todavía no ha quedado definido a pesar de que ya han pasado varios meses del comienzo de las operaciones.
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