Profesores de educación básica de la Ciudad de México, representados por la Sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)-Coordinadora Nacional de trabajadores de la Educación (CNTE), emplazaron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a garantizar condiciones necesarias para un regreso seguro a las aulas. Las escuelas capitalinas, aseguraron, no cuentan con condiciones mínimas para garantizar la seguridad de alumnos y docentes ante la pandemia de COVID-19.
El Comité Ejecutivo de la Sección 9 Democrática SNTE-CNTE difundió los resultados de una encuesta aplicada a 2,203 docentes y directivos de preescolares, primarias y centros de educación especial para determinar las condiciones de salud del personal, así como el estado de los planteles en que laboran y su opinión acerca de los medidas anunciadas para el regreso a clases presenciales.
El 80% de los docentes consultados consideró que los protocolos publicados por la SEP no son adecuados a las características de sus escuelas. Y es que más de la tercera parte de los maestros en la capital trabaja en planteles con insuficiente agua potable y nulos insumos de aseo, con salones reducidos, pocos espacios abiertos y sin suficiente personal de apoyo.
Además, el 11% de los profesores encuestados señaló que en sus escuelas persisten daños y malas condiciones a casi tres años del sismo de septiembre de 2017.
De forma casi unánime, el 97.7% del personal educativo de la Ciudad de México coincidió en que el COVID-19 debe ser considerado como riesgo de trabajo y ser, por tanto, contemplado en la normatividad educativa y en la legislación laboral. La situación es particularmente preocupante en vista de que el 32% de los maestros consultados padece de diabetes, el 27% de obesidad y el 20% de hipertensión.
Los profesores encuestados consideraron que la SEP debe dotar a las escuelas de termómetros digitales, oxímetros, insumos de desinfección, caretas, cubrebocas y mesabancos individuales con marcos de acrílico para protección de los alumnos y maestros.
También valoraron necesario que la Secretaría contrate médicos y enfermeras para jardines de niños, primarias y Centros de Atención Múltiple, así como personal de limpieza y especialistas en manejo de emociones. Asimismo, urigieron a la dependencia federal a definir una estrategia para el trabajo con alumnos con discapacidad, puesto que, en su caso, el contacto físico es fundamental.
Los maestros exigieron acciones que protejan su salud: que el COVID-19 sea considerado como riesgo de trabajo, que se realicen chequeos médicos periódicos, que se reasigne a los maestros a escuelas más cercanas a sus domicilios, y que se permita la jubilación del personal docente con más de 28 años de antigüedad, independientemente de su edad, para reducir el riesgo al que están expuestos, así como para asignar plazas a nuevas generaciones.
En este sentido, algunos docentes exigieron a la SNTE que rinda cuentas sobre cómo velará por los derechos y salud de sus agremiados.
Otras medidas propuestas contemplan un ajuste de horario en escuelas de jornada completa para que los niños no coman ahí, la instalación de lavamanos y extractores, y el abastecimiento de agua en las escuelas. También el establecimiento de horarios escalonados con grupos reducidos de entre 10 y 15 niños.
Como resultado de la encuesta se determinó que los docentes consideran necesaria la autorización de recursos para la ampliación de aulas, la sanitización semanal de los planteles y la revisión semestral de la infraestructura escolar. Sin retrasar más la reparación de las escuelas que aún operan con aulas prefabricadas desde el sismo de 2017.
Otra propuesta supone que, de continuar con la educación a distancia, el dinero entregado al empresario Salinas Pliego para la contratación de un seguro debería ser reinvertido en equipos de cómputo para ayudar a los estudiantes en el trabajo a distancia y en la entrega de apoyos económicos a docentes para cubrir los gastos de uso de Internet y en celulares.
Las demandas presentadas por la Sección 9 deberán ser atendidas por la Secretaría de Educación Pública y por la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México.
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