Como parte de la lucha contra la corrupción que emprendió la Cuarta Transformación, liderada Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de la Función Pública reveló una alerta por el supuesto desvío de más de 2 mil millones de pesos en las pasadas administraciones.
El presunto caso de corrupción se habría presentado en la partida de gastos de Seguridad Pública Nacional en las pasadas administraciones, de acuerdo con los reportes de la institución pública comandada por Irma Eréndira Sandoval, dados a conocer por el diario El Universal.
Las denuncias, aseguró el reportero Manuel Espino, ya fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de acuerdo con el informe anual con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
La institución a cargo del secretario Alfonso Durazo Montaño reveló en el reporta al Senado de la República que se identificó un supuesto esquema de corrupción sistemática complejo que “afectó áreas de seguridad e inteligencia en el país”.
Por su parte, la SSPC informó que ya se trabaja alrededor de las investigaciones de la Auditoria Superior de la Federación para la pronta identificación de los responsables tras el presunto desvío y la recuperación de dichos recursos con el objetivo de “devolver a la sociedad lo robado”.
Sobre las investigaciones y acciones contra la corrupción, la SSPC aseguró que durante los últimos 12 meses han presentado un total de 132 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo con El Universal.
Algunas de las instituciones encargadas de combatir los presuntos actos de corrupción son el Centro Nacional de Inteligencia, el Órgano de Prevención y Readaptación Social, el Servicio de Protección Federal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Guardia Nacional.
Por último, la SSCP reveló que se han evitado sobreprecios, así como pagos indebidos a proveedores en la adquisición de bienes y servicios, pues ahora los procesos se hacen con apego a la normatividad e intervención de instituciones encargadas de velar por el correcto funcionamiento de los procesos.
La Secretaría de la Función Pública reveló en fechas recientes el trabajo que han hecho en la pandemia por COVID-19 en México, durante la que han supervisado más de 2,000 procesos de contratación en el sector Salud para asegurar que la emergencia no sea utilizada como pretexto para encubrir desfalcos.
Aseguraron a través de un comunicado que a lo largo de la pandemia, el Gobierno federal ha adquirido bienes en los mercados nacional e internacionales a precios sumamente competitivos, “incluso ante las dificultades causadas por un incremento exorbitante en la demanda global por material y equipamiento médico”.
Revelaron también que se han identificado prácticas sospechosas por parte de algunos proveedores del sector privado que, redactaron, “siguen con vicios aprendidos durante el viejo régimen”.
“Nuestro trabajo, como lo ha instruido el presidente Andrés Manuel López Obrador, es identificar esas acciones y castigarlas. En esta administración ya no se tolera la corrupción ni se permite la impunidad o el influyentismo”, afirmó la secretaria Sandoval Ballesteros.
Aclararon que, además de investigar las irregularidad cometidas por las empresas, también se indaga en las posibles comisiones de faltas administrativas por parte de servidores públicos vinculados en los procesos de adquisición de productos.
“Con las acciones anunciadas por la Función Pública se demuestra con hechos que la transformación de México y su cruzada contra la corrupción avanza con buen paso y que en esta lucha no hay intocables ni perseguidos. Ya no se permite el contubernio entre intereses públicos y privados que durante el neoliberalismo causaron la profunda y vergonzosa desigualdad económica, la violencia y la degradación de lo público”, aseveró la titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.
Por último, la institución pública reveló que desde el 27 de febrero, cuando se confirmó el primer caso positivo de SARS COV-2, se han recibido alrededor de 722 denuncias ciudadanas por posibles irregularidades administrativas en instituciones sanitarias.
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