Tomás Zerón, una de las siete cabezas del caso García Luna

Tomás Zerón huyó del país. El ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de México es señalado por delitos de tortura, alterar la escena del crimen, desaparición forzada, y la pérdida y ocultamiento de pruebas en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Su trayectoria a lo largo de instituciones policiacas y judiciales en el país ha sido marcada por controversias y polémica: desde Cananea, Paulette, y hasta Ayotzinapa. Zerón ha sido descrito como “discípulo” de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública. Trabajó como coordinador del Control Policial de la Policía Federal Preventiva (PFP), bajo sus órdenes, durante la administración de Felipe Calderón.

Fue cuando trabajó en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal que Zerón conoció a Genaro García Luna, quien está arrestado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, y por supuestamente aceptar sobornos multimillonarios y permitir que el Cártel de Sinaloa operara con hegemonía e inmunidad de facto.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), afirmó en diciembre de 2019 que dentro de la investigación realizada a García Luna, se detectó que una empresa relacionada con su familia habría recibido dinero de manera irregular: transferencias de recursos provenientes de la Secretaría de Gobernación.

El titular de la UIF señaló que la investigación se realiza en contra de más funcionarios: entre ellos, Tomás Zerón. Imagen Noticias confirmó, con fuentes federales, que también se le investiga.

Su escape de México fue confirmado por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, este martes. Además, declaró que se han solicitado 46 nuevas órdenes por el caso Ayotzinapa: “se unen a las ya obtenidas el pasado 10 de marzo en contra de funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), entre ellos Tomás “Z””, dijo.

Gertz también afirmó que Zerón ya cuenta con una orden de arresto y una ficha roja de la Interpol para encontrar su ubicación. El pasado 18 de marzo, la Fiscalía General de la República declaró que se contaba con una orden de aprehensión en su contra. Zerón respondió este mes tramitando un amparo contra esa y cualquier orden que lo acusara por la desaparición de los 43 normalistas en 2014.

Su orden fue admitida a trámite por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de México, Samuel Sánchez Sánchez, este 23 de junio. Sin embargo, informes del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) lo han señalado como responsable por haber violado el proceso de investigación y alterar la evidencia del caso al sembrar bolsas de plástico con osamentas en el Río San Juan, en Cocula, Guerrero.

Por otro lado, a lo largo de su carrera policial en México, siempre hubo fuertes sospechas de que García Luna tenía vínculos con grupos de narcotraficantes. Durante las administraciones de los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, el Ministerio de Función Pública (SFP) de México recibió al menos una docena de quejas contra García Luna, desde acusaciones de enriquecimiento ilícito y vínculos con el crimen organizado hasta negligencia total y abusos de poder.

La transición de Zerón del gobierno federal al mexiquense ocurrió después de un ataque de grupos armados en Cananea, Sonora, en 2007, donde enfrentamientos entre autoridades del estado y criminales dejaron cinco policías y dos civiles muertos. La SSPF, entonces titulada por Genaro García Luna, de acuerdo con El Universal, lo destituyó por falta de estrategia y coordinación.

Después, logró desempeñarse como como coordinador de Investigación y Análisis de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

De 2013 a 2016, Zerón ejerció su cargo en la AIC de la PGR, mientras que el 14 de septiembre de 2016 fue designado Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional para la administración de Enrique Peña Nieto.

Licenciado de Administración Industrial por el Instituto Politécnico Nacional, Tomás Zerón dirigió las diligencias realizadas en Río San Juan, en Cocula, Guerrero, entre el 28 y 29 de octubre de 2014, donde presuntamente, según investigaciones, se alteró la evidencia sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos.

Gertz Manero, además de declarar que se “acabó la verdad histórica”, anunció en 2019 que con la nueva Fiscalía se han iniciado nuevas investigaciones sobre el caso Ayotzinapa, y que no existen obstáculos procesales para que funcionarios puedan ser judicializados.

El fiscal también reveló que restos humanos están siendo analizados por especialistas de la Universidad de Innsbruck en Austria, lo cual podría llevar a una resolución del caso.

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